El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluye este miércoles 31 de marzo, por lo cual el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.

De esta forma, tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir de este primero de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

Previo a esto, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.

Además, esta semana se creó el Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo, con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

Los contratos podrán actualizarse y quienes hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas

El protocolo de riesgo temprano de desalojo

Por otra parte, esta semana se creó el "protocolo de riesgo temprano de desalojo". La meta de esta medida es asistir a todas aquellas personas que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021, publicado el pasado 26 de marzo, se estableció la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

El Protocolo que se aprobó recientemente apunta a asistir a todas aquellas personas que se vean afectadas

Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

En este sentido,  el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, aseguró a Télam que "esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias".

"Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas", mencionó el Secretario.

Finalmente, el funcionario de la cartera dirigida por Ferraresi informó que se hará "un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad". Al mismo tiempo, agregó: "También vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo".