Inquilinos Agrupados, en representación de la Federación de Inquilinos Nacional, presentó un amparo y una medida cautelar para que la justicia le pida al Estado que frene los desalojos hasta tanto tenga un plan real para contener y proteger la vivienda.

Según un comunicado, "el protocolo difundido por el ministro de desarrollo territorial y hábitat Jorge Ferraresi aún es un proyecto y los inquilinas e inquilinas necesitan no quedar en la calle hoy frente a la emergencia sanitaria y la llegada de la segunda ola". "Sin vivienda, hoy, se pone en riesgo la vida", aseguró la organización.

Al mismo tiempo, añadieron: "La reactivación de desalojos de vivienda en momentos donde el Gobierno nacional oficializa la segunda ola con circulación de nuevas cepas puede provocar una crisis humanitaria sin precedentes en el país".

Desde Inquilinos Agrupados agregaron que 15 días atrás junto al CELS interpusieron pedidos de acceso a información pública sobre desalojos en pandemia. "Entre otras cosas, le preguntamos al Ministerio de Salud si se le pidió opinión y/o evaluó el impacto que los desalojos tendrían en términos sanitarios y epidemiológicos en plena escalada de casos y las medidas previstas para evitar el contagio de las personas desalojadas y la propagación del virus". Según aseguraron, no obtuvieron ninguna respuesta oficial.

Por último, el comunicado añade que en apenas 45 días de 2020 se iniciaron la mitad de desalojos que en todo el 2019.

El DNU que evitaba el desalojo de inquilinos que no pueden pagar por el inmueble en el que viven venció el 31 de marzo. El presidente Alberto Fernández había firmado el año pasado el decreto 320/2020 para congelar los alquileres e impedir los desalojos, que se fue prorrogando hasta el miércoles pasado. Ahora, el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.

Nuevo escenario

De esta forma, tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir de este primero de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

Previo a esto, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.

Además, esta semana se creó el Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo, con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

Los contratos podrán actualizarse y quienes hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas

El protocolo de riesgo temprano de desalojo

Por otra parte, esta semana se creó el "protocolo de riesgo temprano de desalojo". La meta de esta medida es asistir a todas aquellas personas que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021, publicado el pasado 26 de marzo, se estableció la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

El Protocolo que se aprobó recientemente apunta a asistir a todas aquellas personas que se vean afectadas

Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

En este sentido,  el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, aseguró a Télam que "esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias".

"Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas", mencionó el Secretario.

Finalmente, el funcionario de la cartera dirigida por Ferraresi informó que se hará "un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad". Al mismo tiempo, agregó: "También vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo".