La Comisión de Legislación General de Diputados dictaminó a favor del proyecto de ley con media sanción del Senado que suspende por seis meses la creación de Sociedades de Acciones Simplificadas (las SAS), creadas durante el gobierno de Mauricio Macri, que para el titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Niessen sirvió para llevar adelante operaciones ilícitas, como lavado de dinero.

En las últimas horas se supo que el bloque oficialista tratará de llevar la iniciativa al recinto lo más pronto posible e incluso analizan la posibilidad de que se trate en el próximo plenario.

El Frente de Todos argumenta que se crea un sistema de mayor control, pero algunos aliados dudan en apoyarlo ya que se trata de un sistema que sirvió para generar inversiones en sus provincias.

Asociaciones de distintos puntos del país, como la Cámara de Comercio de Córdoba, e inclusive legisladores de fuerzas políticas no pertenecientes al bloque Cambiemos, han manifestado su apoyo a la figura de las SAS y a su conveniencia como instrumento para conformar empresas de manera ágil en tiempos donde la creación de trabajo es una urgencia.

El oficialismo destaca que en septiembre del 2020, la Unidad de Información Financiera, advirtió que se encontraba en una etapa de "análisis y seguimiento de la operatoria de las SAS en virtud de las vulnerabilidades y riesgos que las mismas generan respecto del sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Delitos Económicos Complejos".

Yendo al impacto de la ley 27.349, según los distintos registros oficiales y a estimaciones de especialistas del sector, se cree que permitió que a partir de su sanción pudieran conformarse unas 30.000 empresas, en una modalidad que se usa en todo el mundo y que es cada vez más extendida en la región.

La ley 27.349 permitió que a partir de su sanción pudieran conformarse unas 30.000 empresas en todo el país

Puntos destacados del proyecto

En cuanto a sus puntos principales, el proyecto de ley plantea crear un registro de emprendedores en la secretaría de pymes y propone que la IGJ sea la encargada de controlar las SAS cuando vuelvan a crearse. La ley establece además que las futuras inscripciones  se efectuarán exclusivamente en soporte papel conforme las disposiciones y procedimientos previstos que al efecto dicte cada Registro Público. Hasta el 2019 el registro electrónico estaba a cargo del entonces ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra.

Así las cosas, los principales cambios son:

- Todas las SAS deberán ser tramitadas por emprendedores previamente inscriptos en un Registro Especial

- Las ya constituidas deberán acreditar la inscripción de sus socios emprendedores en el Registro

- Establece sanción de nulidad a aquellas sociedades que no cumplan con su inscripción en el Registro Especial

- Suspensión por 180 días de la constitución de SAS y todo otro trámite propio a su operatoria a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que en CABA y otras provincias funcionaba a través del TAD (Trámites a Distancia)

- Fin de la digitalización: durante ese plazo, todo trámite vinculado a la operatoria de las SAS deberá realizarse en soporte papel

-Traspaso de Registro: dispone, en el ámbito porteño y demás jurisdicciones correspondientes, el traslado inmediato del registro digital (administrado por el GDE) al sistema que disponga la autoridad de control

- La IGJ y los registros provinciales tendrán control de legalidad de las SAS al igual que lo tienen respecto de las Sociedades Anónimas

- Presentación de Estados Contables: las empresas inscriptas a la fecha de vigencia de la ley deberán presentarlos al Registro Público. Esta obligación corre respecto a los ejercicios cerrados desde la fecha de su constitución. La falta de cumplimiento de la obligación hará aplicable a los miembros de los órganos de administración y/o fiscalización, por cada estado contable omitido, una multa de hasta $100.000.

- Ley General de Sociedades: las SAS se regirán por sus disposiciones siempre que las disposiciones de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor no la contradigan de forma expresa

- Los administradores de las firmas que no cumplan con las inscripciones y reconversiones que manda el proyecto serán solidarios en materia fiscal, laboral y legal

"La verdad que el proyecto de ley genera un daño tremendo a todas las pymes y emprendedores, de todo el país, sobre todo a los del interior", señaló Alejandro Ramírez, responsable de políticas públicas de Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).

"La IGJ suprimió a las SAS de facto porque puso requisitos imposibles de cumplir y no certifica más firmas de socios, por lo que es inviable en la Ciudad de Buenos Aires", resaltó Ramírez. Es decir, que más allá de la cautelar la entidad buscó otros modos para su eliminación.

"Entre otras limitaciones, las resoluciones suspendían la tramitación online y otorgaban la facultad de perseguir discrecionalmente a las 30.000 sociedades creadas en los últimos dos años", afirma.

El año pasado, la IGJ emitió una serie de resoluciones que impedían el uso de las SAS en la Ciudad de Buenos Aires.

Su actual titular, Ricardo Nissen, considera que las SAS son, en realidad, sociedades off shore que se constituyen para cometer delitos y lavar dinero, y niega que respondan a una necesidad de los emprendedores de contar con un vehículo ágil.

Desde ASEA presentaron un amparo que, después de idas y vueltas y tiempos, finalizó con la confirmación de la medida cautelar que suspendió las siete resoluciones generales de la IGJ para impedir su uso en la Capital Federal.

Durante el 2020, las SAS fueron el tipo societario más elegido por las pymes

Números

Lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires se contrapone con lo que ocurre en Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Chubut, y la provincia de Buenos Aires donde las SAS son el tipo societario más elegido por las pymes.

En la provincia de Córdoba se crearon el año pasado 3.441 sociedades, la mayoría (89%) sociedades por acciones simplificadas (SAS), y 295 organizaciones sin fines de lucro. En total, son 3.736 personas jurídicas que nacieron en 2020, frente a las 4.258 de 2019 -12,2% menos-.

Son cifras de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ). El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, ponderó que, en el contexto de pandemia, se trató de una baja respecto a 2019, cuando se formaron 3.771. Escasa participación de mujeres en los directorios (29,6%).

En Mendoza la adopción fue igual de significativa. En 2020 se crearon 1.524 SAS, una cifra que superó con creces a las 314 sociedades anónimas (SA) conformadas en el mismo lapso y muy por encima de las 180 sociedades de responsabilidad limitada (SRL), de acuerdo a datos del Estudio Pérez Hualde. Es decir, que las tres cuartas partes de las empresas que se generaron en el año de la pandemia en la tierra del sol, el vino y el conocimiento, fueron SAS.

En el mismo sentido, Alejandro Ramírez, directivo de ASEA, afirma a iProUP que la situación es de una gran inseguridad jurídica, pero enfatiza que la cautelar que suspende las resoluciones de IGJ "está vigente".

Las críticas que ASEA contra las resoluciones de la IGJ apuntan en primer término a que las considera discriminatorias, porque afectan a las SAS que se intentan registrar en ciudad de Buenos Aires, pero no a las del resto del país. En caso de aprobarse la iniciativa, esas limitaciones se ampliarían a todo el país.