Cuestionan la actual política en defensa de la competencia
Desde M&M Bomchil analizan un informe de la OCDE que recomienda ciertos cambios, como la creación del tribunal y el fortalecimiento del control de carteles
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19/10/2006
14:01hs
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En el marco del Seminario Internacional sobre Peer Review y Políticas de Competencia, celebrado el pasado jueves en las dependencias del Ministerio de Economía, se dio a conocer el informe final elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre derecho y política de competencia en nuestro país.
Este trabajo cierra un proceso de evaluación que demandó importantes esfuerzos tanto a autoridades nacionales como internacionales, a partir del cual la Argentina ha sometido sus leyes y políticas en la materia a cuestionamientos de fondo por parte de otros estados miembros.
Seguidamente se resumen las conclusiones y recomendaciones efectuadas por el organismo:
- Concretar la demorada creación del Tribunal de Defensa de la Competencia, ordenada por la Ley de Defensa de la Competencia, sancionada en 1999.
Ante la eventual resistencia política que pudiera generar la creación de un organismo independiente como el Tribunal en materia de competencia, podría efectuarse una modificación al texto legal otorgando al Poder Ejecutivo nacional facultades para revocar las decisiones del Tribunal en materia de concentraciones económicas, facultad que debería limitarse a cuestiones de "interés público prevaleciente" u otra expresión similar.
En la medida de lo posible y hasta tanto se conforme el referido Tribunal, debería liberarse a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de toda influencia política.
- Incrementar el presupuesto del organismo de defensa de la competencia, otorgándole una mayor autonomía respecto de la aplicación de fondos.
- Fortalecer el trabajo de lucha contra los carteles, otorgando a esta tarea máxima prioridad. En este sentido se proponen una serie de medidas:
- Incrementar las multas a los denominados "carteles duros" y comenzar a aplicar sanciones a personas físicas (directores de compañías, empresarios, etcétera).
- Aumentar el tope legal máximo de las multas aplicables a los casos de conductas anticompetitivas.
- Adoptar un programa de clemencia o de "arrepentido".
- Evaluar la posibilidad recurrir a investigaciones de oficio, especialmente en el área de compras del Gobierno.
- Aumentar la eficiencia en las investigaciones de conductas anticompetitivas, acortando los plazos y reduciendo los recursos aplicados en las investigaciones en donde finalmente no se imponen sanciones.
- Evaluar la posibilidad de instrumentar mecanismos alternativos para procesar sumariamente aquellas denuncias que describen conductas claramente ajenas a la Ley de Defensa de la Competencia.
- Mejorar la eficiencia en el control de fusiones, para lo cual se propone:
- Elevar los montos establecidos por la LDC para que una operación de concentración resulte de notificación obligatoria.
- Intentar abreviar el tiempo requerido para la aprobación de operaciones que no despiertan preocupación desde el punto de vista de la competencia.
- Mantener una oposición dinámica frente a terceros que pretendan cuestionar judicialmente las decisiones adoptadas por la autoridad de aplicación en materia de concentraciones económicas.
- Revisar el régimen actual de notificaciones en lo que respecta a la consumación de las partes de una operación de concentración económica antes que la autoridad de aplicación finalice su análisis (circunstancia que puede llegar a condicionar fácticamente la decisión final al respecto).
- Redoblar los esfuerzos para construir una cultura de libre competencia en la Argentina, mediante la difusión del tema por distintos medios (realización de cursos, seminarios abiertos, etcétera).
- Fomentar relaciones efectivas y profesionales con las distintas cámaras de apelaciones competentes, a fin de lograr un mayor conocimiento del tema por parte de los magistrados que resuelven las apelaciones en los casos de defensa de la competencia.
- En la medida que lo permita el limitado presupuesto, dar mayor impulso a la intervención ex-oficio de la autoridad de aplicación en los sectores regulados, evaluando las prácticas anticompetitivas que pudieran presentarse en cada uno de esos sectores y desarrollando relaciones de cooperación con los distintos entes reguladores en este sentido.
Estudio M&M Bomchil
