El juez de la localidad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, prorrogó el plazo para que Vicentin les haga una nueva propuesta a sus acreedores, a los que debe más de u$s1570 millones. El magistrado estableció el 31 de marzo del 2022 como la fecha límite, cuando la empresa en realidad había pedido tiempo hasta el próximo 30 de junio.

Lorenzini argumentó que los representantes de los trabajadores también propusieron una extensión, pero con esa fecha como límite, dado que "de no haberse cumplido para entonces con los hitos planteados en el marco de la Mesa Técnica, acuerdo con los inversores y términos de las propuestas concordatarias, no tendría sentido continuar prorrogando indefinidamente este período concursal".

Asimismo, puntualizó que desde ese sector plantearon además "la necesidad de abordar problemáticas de antigua data, relacionas con sus condiciones de trabajo, convenios colectivos y pautas de higiene y salubridad incumplidas o parcialmente observadas".

Por otra parte, señaló que los representantes de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), acreedora e inversora interesada, conjuntamente con los bancos internacionales IFC y FMO, resaltaron que "el plazo y cronograma planteado fue debatido en la Mesa Técnica, siendo necesaria su adopción en la forma propuesta". Mientras que el Banco Nación, otro de los acreedores, en realidad había pedido que el 28 de febrero sea la fecha límite.

Lorenzini también aclaró que el próximo 31 de marzo "deberá examinarse el avance de la construcción de las propuestas concordatarias y su divulgación entre los acreedores a los efectos de considerar, eventualmente, una extensión del plazo, únicamente para contar con las conformidades que permitan la homologación de la propuesta".

Vicentin deberá garantizar la continuidad de sus operaciones durante 2022

Garantizar la continuidad

El juez además indicó que Vicentin tendrá que garantizar la continuidad de sus operaciones durante el 2022, anticipando cualquier hecho "que pudiera afectar el normal desarrollo de su actividad con antelación, para evitar cualquier situación que ponga en riesgo las fuentes y puestos de trabajo, y la viabilidad de la empresa". El cumplimiento de ese aspecto, señaló, continuará siendo una "obligación primordial de los interventores y de la Sindicatura".

Lorenzini también pidió que se elabore, con plazo hasta el próximo 28 de febrero, un esquema "de organización de la empresa", atendiendo distintos aspectos, como "la información acerca de las consecuencias que traería aparejada para el empleo, la propuesta concordataria, en particular con relación a eventuales despidos, acuerdos sobre jornadas reducidas o medidas similares que pretenden adoptarse".

Allí además deberían incluirse "los flujos financieros estimados del deudor, toda nueva financiación prevista como parte del plan de reestructuración y los motivos por los cuales es necesario y razonable aplicar dicho plan".

Como así también una exposición de motivos que explique "por qué el plan de reestructuración ofrece una perspectiva razonable de evitar la insolvencia y garantizar la viabilidad de la empresa, junto con las condiciones previstas, necesarias para el éxito de la propuesta"

Asimismo, solicitó una "explicación circunstanciada de la explotación y destino previsto para los activos denominados non core".

Vicentin tendrá hasta fines de marzo para presentar una nueva propuesta de pago a sus acreedores

Propuesta rechazada

En su plan inicial de pago, que el juez rechazó el pasado 23 de noviembre por considerarlo "abusivo", la empresa planteaba una quita del 70% del capital en dólares y no estipulaba una fecha precisa para el abono de la cuota inicial. A su vez, se estipulaba un plazo de hasta 15 años para aquellos acreedores a los que se le adeudaba más de los u$s20 mil del pago inicial.

Lorenzini ya había otorgado una prórroga del período de exclusividad del concurso, del 3 de septiembre al 16 de diciembre, en el marco de la llegada de 3 posibles inversores a la agroexportadora. Entre ellos, Molinos Agro, Viterra y ACA, que harían un aporte de capital superior a los US$720 millones para afrontar distintos compromisos.

Este trío de inversores tentativos todavía no llegó a un entendimiento definitivo con la compañía y por ahora solamente tiene un preacuerdo que es "no vinculante", según le manifestaron hace poco al magistrado.

En ese marco, el Fideicomiso Acreedores Granarios Vicentin (FAGV), que tiene más del 25% de una acreencia superior a los US$420 millones, anunció recientemente que también pretende participar del "salvataje" a la firma.

Este grupo de 72 firmas busca llevar a cabo un proceso de "cramdown", el cual permite que los acreedores u otros actores externos puedan hacerse cargo de la compañía como última posibilidad antes de la quiebra. El agente financiero para concretar esta operación sería el UBS Investment Bank.