Vítolo: "La IGJ requiere de un fuerte respaldo institucional"
No son los discursos los que realmente demuestran cuál es el pensamiento o cuáles son las prioridades de los gobernantes, sino las acciones concretas que llevan a cabo los que ejercen el poder.
Los recientes acontecimientos vinculados a la renuncia del inspector general de justicia interino, Hugo Rossi, son una muestra de que la política en materia de inversiones extranjeras, la fiscalización de dichas inversiones y la consolidación del sistema estructurado a partir de la resolución general 7/05, que vino a poner orden en el régimen general del organismo de control y a fijar los nuevos parámetros de su actuación, adaptando a los nuevos tiempos la interpretación de las normas de las leyes 19.550, 22,315 y 22.316, no constituyen una prioridad para el Gobierno nacional.
Luego de muchísimos años de silencio y de permisividad en materia de fiscalización societaria, a partir de la gestión del inspector Ricardo Nissen la IGJ tomó un nuevo protagonismo en lo que hace al control de las sociedades comerciales, y la organización funcional del Registro Público de Comercio.
Dicha tarea fue consolidada y seguida por su sucesor -Hugo Rossi-, quien durante la gestión de Nissen se había desempeñado como subinspector interino.
Desde el 2003 al 2006, ambas administraciones se identificaron con una misma idea rectora, y enviaron mensajes claros y contundentes a la comunidad empresarial y jurídica respecto de su pensamiento y la forma y alcances del control que ejercían; y el Gobierno nacional amparó este pensamiento, tanto convalidando lo actuado, como ratificando la línea de pensamiento de quienes conducían los destinos de la IGJ.
Discutible o no el criterio, al menos existían ahora reglas claras respecto de qué pretendía el Estado y cómo debían cumplimentarse las exigencias.
Sin embargo, a partir de la renuncia de Nissen el organismo quedó bajo la dirección de Rossi bajo un sistema precario de doble interinato: el subinspector interino era también inspector general interino de justicia, esperando la designación definitiva que diera tranquilidad al organismo respecto de la persona encargada de dirigir sus destinos.
Pero el objetivo no fue logrado a pesar del largo tiempo transcurrido: la IGJ y sus funciones no eran una prioridad para el Gobierno.
Un organismo de las características y trascendencia de la IGJ requiere de un respaldo institucional dado por la estabilidad de quienes dirijan sus destinos y dejar ello a la deriva bajo largos interinatos no sólo es desaconsejable sino también peligroso porque desestructura la fuerza y coherencia del cuerpo administrativo y vulnera la eficiencia y la capacidad de respuesta del ente.
Pareciera que la displicencia y la falta de atención por parte del Gobierno de los requerimientos institucionales de la IGJ fueron elementos desgastantes que llevaron al inspector general interino a presentar su renuncia ante la falta de respuesta de las autoridades, quienes parecería que han preferido dejar que se erosione la gestión de la IGJ para privilegiar una conducción más "política" que "técnica" de dicho organismo.
Una decisión de esta naturaleza es altamente desaconsejable porque trae incertidumbre sobre el futuro y despierta sospechas en relación con las verdaderas intenciones del Gobierno en esta materia, al mismo tiempo que reabre la posibilidad de cambios en las regulaciones existentes, trayendo un ingrediente no menor en materia de inseguridad jurídica o de inestabilidad en las normas que regulan el marco de las inversiones.
Los recientes acontecimientos vividos en otros ámbitos del poder que generaron una suerte de minicrisis dentro del Gobierno deberían ser un llamado de alerta para las autoridades.
Daniel Roque Vítolo, titular del estudio Vítolo Abogados