La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park y en contra de Argentina en el proceso por la expropiación de la petrolera YPF.

Ambos grupos reclamaban que -al momento de la estatización del 51% de la empresa en 2012- el país tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no solo por una parte.

Buford había comenzado el juicio contra la Argentina y contra YPF en 2015, en nombre de la quiebra de Petersen Energía, ya que había comprado la quiebra de esa empresa, que era accionista de la petrolera cuando fue la expropiación.

Preska dictaminó que Argentina es responsable, pero accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra.

La jueza también denegó la solicitud de los fondos de fijar la indemnización por daños y perjuicios que deberá pagar la Argentina -y que se calcula entre u$s7.000 y 18.000 millones- y dijo que el monto deberá fijarse en un nuevo juicio por daños.

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"El Tribunal (de Nueva York) considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada (de la empresa) pero no lo hizo", dice el fallo.

Preska dictaminó que Argentina es responsable, pero accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra

Y agrega que los demandantes tienen tanto el derecho a reclamar daños y perjuicios como el derecho a elegir la indemnización por daños y perjuicios como su remedio en lugar del cumplimiento específico (es decir, que el país efectivamente lance una oferta por toda YPF).

Además, dice que la medida apropiada de esa compensación es el precio de la oferta pública de adquisición que Argentina tendría que haber hecho si hubiera cumplido con los estatutos.

Ahora, Argentina deberá apelar la decisión de Preska, pero para hacerlo deberá presentar una garantía.

El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández. Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos fue consultada sobre el tema en 2019 y rechazó analizar el caso. Esta demanda ya había tenido cuatro fallos adversos de diferentes cortes estadounidenses y ni una sola victoria importante para Argentina.