Los dueños de una cadena de restaurantes pagarán una importante suma en concepto de salarios atrasados y daños después de que los investigadores descubrieran que usaron un cura falso para obtener "confesiones" de de sus empleados, informa Derecho en Zapatillas.

Los funcionarios laborales comenzaron a investigar las denuncias de que a los empleados no se les pagaban horas extra en la cadena de locales.

Cuando los investigadores contactaron a los empleados, se enteraron de que el propietario había presentado a un hombre que pretendía ser cura o párroco para sacar los pecados" de los trabajadores del restaurante, dijo un exempleado en una declaración jurada presentada en el caso.

Al parecer, el falso religioso comenzaba las reuniones con una oración, testificó el año pasado la investigadora del Departamento de Trabajo de EE.UU. Luego preguntó a los empleados si eran leales al dueño y si alguna vez le habían robado.

Desde ya la empresa puede tomar medidas por robos, sancionar o despedir o incluso promover una acción penal. Pero no está facultada para realizar estas prácticas.

Una empresa usó curas falsos para que empleados confiesen

"Tan pronto como comenzó la confesión, encontré que la conversación era extraña y diferente a las confesiones normales, donde le decía a un sacerdote sobre los pecados que quería confesar", dijo la exempleada María Parra en su declaración jurada. "El sacerdote tenía principalmente preguntas relacionadas con el trabajo, lo que me pareció extraño", publicó el diario.

El Departamento de Trabajo anunció que pagarían una suma de u$s140 mil por incumplir leyes de California y nacionales, reporta Shera Avi-Yonah para el Washington Post.

Las autoridades de la iglesia local están "completamente seguras de que no era un sacerdote de la Diócesis de Sacramento", dijo el portavoz Bryan J. Visitacion en un comunicado.

Los abogados de los acusados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los tres hombres también deben pagar al Departamento de Trabajo $5.000 y proporcionar al gobierno registros de empleo y nómina a pedido, según el fallo de consentimiento.