Hace unos meses, Sebastián Negri, quien preside la CNV,  había confirmado que el país se sumará al proyecto para reformar la ley contra el lavado de dinero y el terrorismo, incluyendo nuevas regulaciones para los intermediarios del sector de las criptomonedas.

"Nosotros participamos en la redacción del nuevo proyecto de ley de lavado de dinero, y queremos que sea arte de la agenda. Si no se aprueba la ley, si no se hace un registro de los proveedores, las consecuencias pueden ser malas para la Argentina", explicó Negri.

Según Negri, "la idea es prevenir estafas y publicidad engañosa que induzcan a errores a las personas respecto de la inversión que están asumiendo".

Regulación cripto: el proyecto de la CNV

Breinlinger confirmó la letra de un proyecto que ya fue consultado con la Cámara Fintech, Banco Central, Unidad de Información Financiera (UIF), AFIP y varias empresas del ámbito cripto local.

El proyecto sobre lavado de activos incluye regulaciones para los intermediarios del sector de las criptomonedas

El primer punto es que la entidad será la autoridad de aplicación, algo que trajo algo de "alivio" tras iniciativas cajoneadas que mostraban mayor potestad de la AFIP o el Banco Central.

Así, CNV será la encargada de mantener un registro de Proveedores de Servicios de Activo Virtuales (PSAV) –exchanges–, siguiendo la recomendación del GAFI, sobre los cuales tendrá las facultades similares a las que posee hoy en las sociedades de Bolsa:

• Supervisar, regular, inspeccionar y fiscalizar a todas las personas humanas y jurídicas que provean servicios vinculados a activos virtuales
• Llevar el registro y proteger los intereses de los inversores y usuarios
• Promover el desarrollo y fortalecimiento de la industria de servicios de activos virtuales
• Fijar requerimientos patrimoniales
• Establecer regímenes de información
• Dictar normas tendientes a promover la transparencia y estabilidad de los mercados virtuales

Una importante parte del ecosistema la ve con recelo. Temen por un "Gran Hermano" cripto.

"La inclusión de los exchanges como sujetos obligados a registrarse ante la UIF e informar las operaciones sospechosas hubiera sido aceptado como algo ineludible en este contexto de las finanzas internacionales. Es una directiva de GAFI, con todo lo que ello implica", señala el abogado Ricardo Mihura Estrada, flamante presidente de la ONG Bitcoin Argentina.

La decisión de que pase "a la jurisdicción de la CNV y la delegación de amplias competencias de regulación y control va mucho más allá del control de lavado", asegura.

Para Mihura Estrada, "esto es muy peligroso, porque sin ningún marco legal se le da plenos poderes a la CNV para que diga qué se puede hacer y cómo. Y condenar a la ilegalidad a quien haga las cosas de otra forma".

Recientemente, el grupo G7 confirmó que está buscando poner en agenda el tema de las criptomonedas. Los países miembros (Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania y la Unión Europea) buscan unificar una "estrategia de cooperación para aumentar la transparencia de las criptomonedas y mejorar la protección de los consumidores, así como hacer frente a los posibles riesgos para el sistema financiero mundial", dijeron funcionarios.