En un veredicto unánime, un jurado popular determinó que la multinacional Bayer deberá abonar la cifra de 2.250 millones de dólares como indemnización a John McKivison, un hombre de 49 años que demandó a la subsidiaria Monsanto, fabricante del herbicida Roundup. El demandante atribuyó el diagnóstico de linfoma no Hodgkin a dos décadas de uso del mencionado agrotóxico en su campo, según informó The Washington Post.

El juicio, que se llevó a cabo en los tribunales de Filadelfia, concluyó el pasado viernes, destacando la culpabilidad de Monsanto por negligencia y falta de advertencia sobre los peligros asociados al herbicida. Los abogados de McKivison, Tom Kline y Jason Itkin, emitieron un comunicado conjunto subrayando que la indemnización por daños punitivos envía un mensaje claro sobre la necesidad de un cambio en la corporación multinacional. Calificaron el veredicto como "una condena de 50 años de mala conducta por parte de Monsanto".

La reacción de Bayer no se hizo esperar, emitiendo un comunicado donde expresó su intención de apelar la condena, calificándola de "inconstitucionalmente excesiva". La empresa farmacéutica argumentó que el fallo del jurado está en conflicto con la abrumadora evidencia científica y las evaluaciones regulatorias globales sobre el Roundup, cuyo ingrediente activo es el glifosato.

Las afirmaciones sobre el glifosato se centran en su introducción como herbicida por Monsanto en 1974, inhibiendo ciertas enzimas en la mayoría de las plantas y evitando su crecimiento. Además, la compañía introdujo cultivos genéticamente modificados resistentes al glifosato. Sin embargo, las controversias sobre la seguridad del glifosato persisten.

La controversia por el glifosato

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos afirmó en 2020 que "no hay riesgos preocupantes para la salud humana cuando el glifosato se usa de acuerdo con su etiqueta actual" y que "es poco probable que el glifosato sea un carcinógeno humano". Por su parte, la Comisión Europea declaró el año pasado que, según la información disponible, no hay evidencia para clasificar el glifosato como cancerígeno. No obstante, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud encontró en 2015 que el glifosato es "probablemente cancerígeno para los humanos".

Bayer ya había acordado en 2020 pagar alrededor de 10.000 millones de dólares en un acuerdo con decenas de miles de demandantes que alegaban que el Roundup causaba linfoma no Hodgkin. Es importante señalar que la empresa no admitió haber actuado mal en este acuerdo. A pesar de este acuerdo millonario, nuevas demandas han continuado surgiendo, con resultados diversos para Bayer.

EEUU: Bayer deberá pagar u$s2.250 millones a un hombre con cáncer atribuido al glifosato

La adquisición de Monsanto por parte de Bayer en 2018 ha situado a la compañía alemana en el centro de una serie de demandas que podrían costarle más de 10.000 millones de dólares. Aunque Bayer ganó un caso en California el 22 de diciembre, ha sufrido derrotas, como la ocurrida el 5 de diciembre en Pensilvania y otra el 17 de noviembre en Missouri, según informó la propia empresa.

El caso de John McKivison refleja el continuo escrutinio y las crecientes preocupaciones en torno a los posibles riesgos para la salud asociados con el herbicida Roundup y su ingrediente activo, el glifosato. La decisión del jurado de imponer una indemnización significativa resalta la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las empresas que producen y comercializan productos químicos agrícolas, así como la importancia de abordar las preocupaciones de salud pública de manera exhaustiva y basada en la evidencia científica.

Bayer, por su parte, continuará enfrentando el escrutinio público y legal en medio de la creciente conciencia sobre la relación entre ciertos productos químicos agrícolas y posibles riesgos para la salud humana. La apelación anunciada por la compañía sugiere que este caso podría extenderse en el tiempo, manteniendo la atención sobre la seguridad y responsabilidad de los productos químicos agrícolas en la agenda pública y legal.