En autos "Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de Amparo (Expte. Nº 56862/2023)" la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional la totalidad de las reformas que el decreto 70/2024 pretendía aplicar en la normativa laboral vigente a la fecha.

Aquellos que apoyaban la reforma, fundaron sus argumentos en que las leyes que regulan la materia laboral, desmotivarían la creación y generación de empleo privado, encarecerían el costo de contratar dependientes: en resumen convierten a la Argentina en un mercado "poco competitivo" a la hora de atraer inversiones.

Por su parte, los detractores del DNU sostenían que no se encontraban acaecidos los requisitos para justificar una reforma de tal magnitud mediante el dictado de un decreto. En ese orden entendió la CNAT.

Resulta necesario analizar qué impacto real podría tener el fallo referido en el mercado laboral. En primer término, la normativa laboral intenta, con defectos y virtudes, equilibrar la relación de fuerzas asimétricas que resultan de la relación empleador y trabajador. De allí su carácter protectorio.

Ahora bien, las relaciones laborales se han modificado inexorablemente a causa del avance tecnológico. Mientras que en el siglo pasado era el postulante al empleo quien debía de mostrarse como el más apto para el puesto publicado, hoy en día las sociedades contratantes ofrecen paquetes de beneficios extras para atraer talento: se ha invertido la situación.

En este contexto, parecería ser razonable dar la discusión sobre las nuevas relaciones laborales y la eventual necesidad de consensuar y generar un nuevo plexo normativo, el cual sin desconocer los derechos de raigambre constitucional que protegen el empleo, venga a dotar de mayores certezas y competitividad al mercado local: el mundo del trabajo resulta cada día más desafiante, se ha transnacionalizado e integrado con cadenas productivas de alto valor tecnológico, digital, requiriendo mayores conocimientos técnicos, jornadas dinámicas, tendientes al cumplimiento de objetivos y no de  horarios.  

Hasta que no sea debatido el tema con la seriedad que implica, los vaivenes de la política y el constante cambio de reglas de juego afectará al sector privado, único motor de empleo y crecimiento genuino. Las sociedades comerciales entonces continuaran tomando empleados, no de acuerdo a su crecimiento y necesidades, sino solamente analizando el ingreso y egreso de cifras resultantes del cumplimiento de su objeto social: la visión cortoplacista apalea toda posibilidad de proyecto futuro.  Se reduce la lógica el empleo al mero cálculo aritmético.

Las empresas aguardan una reforma que disminuya los costos del empleo para así competir con mejores precios en el mercado, pero son consientes de que la retención del talento humano se ha tornado vital para el desarrollo de la actividad. En ese contexto siendo imposible una reforma laboral que flexibilice atento la clara falta de consensos, resulta imperioso ensayar otras soluciones, las cuales están al alcance de los legisladores y que además cuentan con el apoyo social.

Pensar una reforma impositiva estructural, como camino que allane el terreno, la cual simplifique, sincere y adecue los costos a la realidad del mercado global, y de cada actividad en particular, otorgando beneficios para aquellas que necesitan promoción y no cargando el peso sobre las ya asentadas, podría constituir una suerte de solución de largo plazo, sostenible que reduciendo los costos generales empresarios, permita no solo incentivar la actividad económica y la generación de empleo, sino además brindar el tiempo necesario a fin de que la discusión sobre la creación de un nuevo sistema normativo laboral alcance su madurez.