Casi 100 empresarios y funcionarios de Aduana van a juicio por fraude fiscal de u$s300 millones durante el Gobierno de Cristina Kirchner
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Marcelo Aguinsky, juez en lo penal económico, remitió a juicio oral un caso de contrabando con un fraude fiscal estimado en más de u$s300 millones, llevado a cabo presuntamente mediante el uso de empresas ficticias.
La investigación determinó delitos asociados a 1.500 contenedores
Este caso representa una investigación masiva sobre la corrupción en la Aduana durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, con un proceso de instrucción que ha durado ocho años hasta llegar a esta fase de audiencia en el tribunal oral. Se busca determinar los delitos asociados a aproximadamente 1.500 contenedores involucrados en estas actividades ilícitas.
En el marco de esta investigación, 97 personas entre funcionarios aduaneros y empresarios fueron procesados y deberán defenderse en la nueva etapa del juicio. En el escrito se detalla que el objeto de investigación fue "la actividad desplegada por un grupo de personas que formarían parte de asociación ilícita dedicada a facilitar el despacho a plaza de mercaderías, evadiendo los correspondientes controles aduaneros".
"Se trata de una serie de casos en los que se presume que para lograr la finalidad del ingreso ilegal de mercaderías al país se habría recurrido a la confección y posterior presentación de conocimientos de embarque apócrifos", aclaró el magistrado.
Así como "al ingreso de informaciones falsas en el sistema de registro informático del organismo de control y, asimismo, a la presentación y oficialización de despachos de importación que contendrían información y documentación complementaria falaz", destacó Aguinsky.
La investigación plantea que con el fin de llevar adelante las maniobras ilícitas "se verifica que se habrían creado y/o utilizado sociedades pantalla, sin capacidad económica y operativa, es decir, inconsistentes con sus volúmenes de actividad, las cuales habrían actuado como personas interpuestas, con el objetivo de ocultar al verdadero importador en cada caso".
Además, el expediente detalla: "Se presume, por lo demás, en función de la reiteración de la operatoria irregular detectada, que aquella organización habría contado con la connivencia de funcionarios aduaneros de toda jerarquía escalafonaria y responsables de depósitos fiscales".
La investigación se cursó con expedientes separados
Para asegurar el avance de la investigación, el juzgado de Aguinsky optó por no tratar el tema como una sola megacausa, sino como expedientes separados.
De esta manera, "ningún contenedor y ningún fraude contra el fisco ha quedado sin ser investigado en el período de tiempo que abarca la causa (2014 -2016)", precisaron las fuentes.
Durante el lapso de tiempo que duró la investigación "hubo impugnaciones de todo tipo, pedidos de nulidad, recusaciones, intervención de distintas instancias revisoras, incluso hasta la Casación, con apelaciones de todas las decisiones que se fueron tomando en el transcurso de la causa", detalla La Nueva.
Además, se sumaron "las dificultades operativas debido a las restricciones sanitarias de los años 2020 y 2021″ en medio de la pandemia.
Además, el juzgado le sugirió al Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, que en el futuro la Aduana implemente la tecnología de body cam "para que todas las verificaciones de cargas que ingresen al país queden grabadas en video".
En su resolución sobre los procesamientos en la causa de la mafia de la aduana, el juez Marcelo Aguinsky recordó que desde 1983 estallaron los casos de contrabando conocidos como "Los Galpones de Tierra del Fuego" (año 1988), "Contrabando de autos para discapacitados" (año 1991), "La Mafia del Oro" (año 1995), "Aduana Paralela" (año 1995), "Autos con franquicias para diplomáticos" (año 2008), "DJAI" (año 2016), "Mudanzas" (año 2016) y la "Mafia de los contenedores" (año 2016), entre otros.