Se acerca en España la definición por el monto del "canon digital"

Desde hace meses, en España están buscando alternativas para permitir que el consumo de música digital sobreviva sin que se afecten los derechos de autor de intérpretes, compositores y compañí­as discográficas. En ese proceso, impulsaron el establecimiento de un canon digital sobre algunos productos "tecnológicos".Este "impuesto" producirí­a una casi inmediata suba en el precio de los productos gravados. Y el recaudado se destinarí­a a las sociedades gestoras de derechos de autor para que éstas distribuyan ese dinero según corresponda. Según el diario Expansión, el canon digital equivaldrí­a al 60% del precio de dispositivos como CD y DVD ví­rgenes, y al 40% de otros como las fotocopiadoras. Así­ lo aseguró José Pérez, director de Asimelec, una entidad española que agrupa a empresas del sector de la tecnologí­a. Y es que en la discusión del monto de este canon enfrenta a las entidades gestoras de derechos y las empresas tecnológicas. Según estas últimas, el reclamo de las sociedades gestoras es por "un monto 200 veces superior al que surgen de los estudios de reconocida solvencia". Las posiciones están enfrentadas, y se espera que el Gobierno español fije una posición definitiva dentro de los próximos 15 dí­as.Caracterí­sticas del sistemaSegún Roberto Piay, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, el sistema busca establecer un régimen "de copia privada". "Se fija una tarifa cuya recaudación se destina, en distintas proporciones, a los titulares de derechos de propiedad intelectual de los contenidos utilizados", explicó Piay. Este canon se aplica sobre todo los materiales aptos para reproducir o alojar contenidos protegidos por dichos derechos. "Pero es importante recalcar que la copia privada no comprende todos los usos ‘privados o domésticos’", agregó Piay. En ese sentido, sólo abarcarí­a a las reproducciones realizadas por personas fí­sicas para su uso personal y a partir de un soporte original, como podrí­a ser el caso de que alguien compre un CD musical, y lo copie en un reproductor tipo MP3 para escucharlo desde esa plataforma. "No cubrirí­a el sistema de copia privada a quienes, por ejemplo, bajan música desde Internet a través de servicios P2P y lo graban en CD ví­rgenes porque no se cumple la condición de que la fuente original desde donde se hace la copia sea un soporte legitimo", agregó Piay. En tanto, Javier Delupí­, director ejecutivo de la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales (Apdif) destacó que "la posición de la industria fonográfica mundial es contraria al mismo". "El autorizar la copia privada anula el derecho exclusivo de autorizar o prohibir del productor de fonogramas, convirtiéndolo en un derecho de gestión colectiva. A nuestro juicio, atenta contra el desarrollo del mercado legal de música en Internet", explicó Delupí­.¿Es posible en la Argentina?En cuanto a la posibilidad de establecer un sistema similar en la Argentina, Piay no descartó que otros sectores opten por impulsarlo. "Pero de ser así­, nuestra entidad se opondrí­a a cualquier proyecto en ese sentido ya que consideramos que es un sistema que legitima la distribución y copia no autorizada de la música", explicó. "El trabajo de los artistas y de los productores queda desvalorizado y con pocas chances de lograr un genuino desarrollo y respeto de su actividad creativa", agregó. En tanto, para las entidades, el establecimiento del sistema crea una dicotomí­a entre "lo formal y la realidad". "Si bien en su letra de la ley sólo cubre ejemplares copiados desde soportes legales, en realidad la sociedad considera que cubre las copias que se realicen desde sitios en la red", explicó Piay. Para Capif y Apdif, la lucha contra la piraterí­a pasa por "lo legal y lo educativo". Desde lo legal, quieren demandar a los usuarios que "a través de Internet suben, ponen a disposición o descargan centenares o miles de archivos de música en forma no autorizada". También buscan llevar a los tribunales a las "redes de intercambio de archivos p2p".

Y en el campo de lo educativo o de la "concientización", buscan dirigir iniciativas al es escuela primaria y las empresas, a través de la distribución de la guí­a sobre Buenas Prácticas en Materia de Derechos de Propiedad Intelectual y de Seguridad Informática.

Ramiro ílvarez Ugarteralvarez@infobae.com

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