El nuevo paquete de leyes que promueve el Gobierno nacional: ¿giro de 180°?

El actual Gobierno ha presentado en el Congreso un paquete de reformas judiciales que prometen transformar profundamente el sistema de justicia. La necesidad de una justicia más rápida, efectiva y confiable es una deuda pendiente con la sociedad, que exige castigo para los responsables y procesos ágiles. En este contexto, el Ministerio de Justicia ha impulsado una serie de leyes alineadas con esas demandas. Analicemos en detalle cada una de ellas y sus implicancias.

El juicio en ausencia

El juicio en ausencia en uno de los tópicos más debatidos en los últimos tiempos. La aprobación de este proyecto implicaría la posibilidad de llevar adelante un proceso judicial penal sin contar con la presencia física del imputado, cumpliendo una serie de requisitos previos, en especial la debida notificación.

Como siempre, surgen posturas contrapuestas: Un sector que entiende que el proceso no puede ser llevado en ausencia del imputado atento la posible violación de las garantías de defensa en juicio y otro que sostiene que cumplidas las notificaciones de ley, no pude detenerse la prosecución de un proceso por el hecho de que el imputado no se presente.

El juicio en ausencia no es un "invento argentino", sino que encuentra acogida en otros países, en especial europeos. La Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 9 de marzo de 2016 se expidió sobre el asunto en su artículo octavo.

Según la norma, los estados deben garantizar que el acusado tenga el derecho de encontrarse presente en el proceso, pero ello no obsta a que pueda celebrarse el juicio aun en ausencia del acusado. El proceso será válido si fue cumplida la notificación del juicio, informadas las consecuencias de la incomparecencia y se encuentra designado letrado defensor. Del proceso podrá obtenerse una resolución condenatoria o absolutoria. Cumplidos estos parámetros, la sentencia se torna ejecutoria.

Es cierto que no se puede obligar físicamente a un acusado a presentarse, especialmente si se encuentra en el extranjero. Sin embargo, el derecho a la defensa no puede transformarse en una estrategia para eludir la justicia. Si una persona, tras haber sido notificada correctamente, decide no comparecer, no debería paralizar el proceso ni perjudicar a las víctimas, que también tienen derecho a obtener justicia.

Así, el punto central del debate recaerá sobre la notificación al acusado y su renuncia a comparecer, que en palabras de la Mercedes Serrano Masip, letrada especialista en derecho procesal, debe de ser inequívoca ("Incorporación del Enjuiciamiento en Ausencia de Menores al Sistema Procesal Penal Español con Apoyo en la Jurisprudencia del TEDH y la Normativa de la Unión Europea").

Inclusive el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha expedido sobre la materia en varios antecedentes: Sejdovic c. Italia -2006-, Lena Atanasova c. Bulgaria -2017- y Karemani c. Albania -2018-.

La baja de la edad de imputabilidad

Otro de los puntos que ha puesto sobre la mesa la actual administración es la reducción de la edad de imputabilidad. Esta discusión no puede reducirse solo a la cuestión punitiva. Si bien es necesario que los menores que cometan delitos enfrenten consecuencias, cualquier reforma debe ir acompañada de políticas de prevención y contención para los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Castigo y prevención no son conceptos opuestos, sino complementarios. Para abordar el problema de manera efectiva, es fundamental evitar los discursos polarizados y apostar por soluciones integrales que combinen sanciones adecuadas con programas que impidan que los menores ingresen en el circuito del delito.

La Ley de Reiterancia

Con media sanción en la Cámara de Diputados, la Ley de Reiterancia busca que quienes cometan nuevos delitos y ya tengan condenas previas firmes esperen el juicio en prisión. De aprobarse, los jueces ya no solo evaluarían el riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso al decidir una detención preventiva, sino también los antecedentes del acusado.

Esta norma responde a un reclamo social legítimo. La reincidencia de delincuentes que, pese a tener condenas previas, siguen en libertad y vuelven a delinquir, es una prueba del fracaso del sistema penal y carcelario. La tolerancia de la sociedad está agotada ante un modelo que no logra garantizar seguridad ni justicia.

El nexo entre la Justicia penal y desarrollo económico

A menudo se habla de la necesidad de "reglas claras" para atraer inversiones y garantizar estabilidad económica. Sin embargo, poco se menciona el impacto que tiene la sensación de seguridad en el crecimiento económico.

Una sociedad con un marco legal sólido, que equilibre incentivos y sanciones de manera justa, puede concentrarse en generar empleo, promover inversiones y fomentar el consumo. La incertidumbre jurídica y la falta de seguridad, en cambio, alejan la inversión y obstaculizan el desarrollo. Una sociedad acosada por la violencia y el miedo no puede prosperar.

El desafío para los legisladores será encontrar el equilibrio entre garantizar derechos y dar respuestas efectivas a las demandas sociales. La implementación de las leyes promovidas por la actual gestión requerirá responsabilidad, diálogo y la búsqueda de consensos.