La Justicia de un país obliga a regularizar a 3.500 repartidores de delivery: ¿qué pasa en Argentina?
La Justicia española asestó un duro golpe a Glovo antes de que la compañía implemente un cambio total en su modelo laboral. El Juzgado de lo Social N°11 de Barcelona condenó a la plataforma por haber mantenido, entre 2015 y 2018, a 3.572 repartidores como falsos autónomos, ordenando su regularización como trabajadores dependientes.
La sentencia establece que existía una relación laboral encubierta entre Glovo y los repartidores: estos no organizaban su trabajo, no negociaban sus condiciones ni cobraban directamente de los clientes. El fallo también remarca el control ejercido por la empresa mediante asignaciones algorítmicas, supervisión constante y mecanismos de sanción, lo que evidencia un poder empresarial efectivo.
Aunque la decisión judicial aún no está firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en caso de confirmarse, implicaría que la empresa deba afrontar el pago de las cotizaciones sociales adeudadas durante esos años.
La situación de los repartidores de apps de delivery en Argentina
El auge de plataformas como Pedidos Ya, Rappi, Uber y Cabify abrió oportunidades laborales para personas fuera del mercado formal, pero también generó un vacío normativo que aún no fue saldado a nivel nacional en la Argentina. Si bien algunas jurisdicciones dictaron normas locales, no existe una ley nacional que regule esta actividad.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Trabajo impulsó el Estatuto del Trabajador de Plataformas Digitales Bajo Demanda, que proponía beneficios similares a los de cualquier empleo registrado: salario mínimo, vacaciones pagas, licencias y hasta indemnización. Sin embargo, la pandemia frenó su tratamiento y el proyecto fue archivado.
Ahora, el Congreso se prepara para una nueva discusión legislativa centrada en la situación de los trabajadores de plataformas digitales. El eje del debate gira en torno a si deben ser considerados trabajadores dependientes o si, en cambio, prestan servicios de forma autónoma.
Actualmente, la Coalición Cívica impulsa una nueva iniciativa, orientada en sentido contrario: busca reconocer el carácter independiente de quienes trabajan en plataformas digitales, lo cual ha reavivado el debate político y jurídico.
El nuevo proyecto sobre apps de delivery: principales puntos
La propuesta legislativa en tratamiento establece que los trabajadores de apps no son empleados en relación de dependencia, sino prestadores independientes. Define como claves para esta categoría:
- Autonomía para gestionar el tiempo de conexión
- Libertad para operar en varias plataformas
- Posibilidad de rechazar encargos sin penalización
Además, obliga a las empresas a brindar información clara sobre pagos, seguridad, condiciones y cálculo de ingresos, y a garantizar canales de atención humana, capacitación periódica y mínimos de descanso, como un período de 12 horas de desconexión cada 24 horas.
Otro punto destacable es la prohibición de decisiones automatizadas sin control humano, para evitar la discriminación algorítmica en la asignación de tareas o sanciones.
Opiniones y controversias
Expertos consultados señalan que la propuesta representa un intento por modernizar el marco legal argentino, ante una realidad laboral que ya está instalada. Valoran que se garanticen derechos básicos, transparencia informativa y desconexión, aunque advierten que el reconocimiento como independientes puede limitar el acceso a derechos laborales tradicionales.
El éxito del modelo, advierten, dependerá de su correcta implementación y de los mecanismos de fiscalización, además de la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos. También se menciona que cualquier regulación debe evitar obstaculizar la agilidad del servicio, una demanda clave de los consumidores.
Regulaciones en otros países
Varios países ya avanzaron en la regulación del trabajo en plataformas digitales, aunque con enfoques diversos:
- Chile sancionó una ley que establece obligaciones tanto para trabajadores independientes como para dependientes.
- Italia, en 2019, calificó estas relaciones como trabajo autónomo jurídicamente dependiente.
- Francia, desde 2016, reconoce a los prestadores como independientes, pero impone a las plataformas responsabilidad social y la obligación de garantizar ciertos derechos.