¿Cómo impacta la reforma de las tablas de incapacidades laborales?
Con la reciente modificación de las tablas de incapacidades laborales, el Gobierno busca establecer criterios más claros y uniformes para evaluar el grado de daño que sufre un trabajador tras un accidente laboral. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, la reforma vuelve a encender el debate sobre el sistema de riesgos del trabajo y sus regulaciones.
Desde que se implementó este régimen, ninguna de las reformas logró frenar la creciente judicialización, los costos elevados y las interminables polémicas que involucran a empresas, aseguradoras, trabajadores y al propio sistema judicial. A pesar de años de fallos judiciales, recursos y apelaciones, el sistema sigue siendo motivo de conflicto.
El impacto de la reforma de las tablas de incapacidades laborales
El nuevo Decreto 549/2025, publicado en el Boletín Oficial el pasado 5 de agosto, establece que a partir de febrero de 2026 comenzará a regir una nueva tabla de incapacidades. Esta actualización apunta a modernizar el sistema.
Sus objetivos concretos son los siguientes:
- Fundamentalmente, garantizar la objetividad y precisión en la valoración del daño.
- Establecer criterios uniformes y racionales para el resarcimiento de las secuelas incapacitantes.
- Utilización de criterios médicos, científicos y técnicos.
- Evitar discrecionalidades.
- Actualizar los criterios con fundamento en los avances tecnológicos, científicos y médicos.
- Lograr mayor precisión y agilidad en la determinación de las incapacidades laborales.
La medida responde, en parte, al reclamo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que vienen señalando la dificultad de prever costos debido a la variedad de criterios que aplican tanto los peritos médicos como los jueces de distintas jurisdicciones. Esta disparidad —según las ART— encarece los juicios y termina trasladándose al valor que pagan los empleadores por los seguros.
Más allá de los objetivos planteados, el éxito de esta reforma dependerá de su capacidad para equilibrar los intereses de todas las partes: aseguradoras, empleadores y, principalmente, los trabajadores. Por ahora, ese equilibrio sigue siendo una cuenta pendiente.