Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos frenó el embargo y dejó en suspenso la entrega de las acciones
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La Corte de Apelaciones de Estados Unidos resolvió suspender la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones que posee en YPF, en el marco del juicio por la estatización de la petrolera.
La decisión permite que esos títulos permanezcan en la Caja de Valores mientras se desarrolla el proceso de apelación, y exime al país de presentar una garantía económica.
La Justicia de Estados Unidos frenó el embargo de las acciones de YPF
"Las acciones del Gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación", confirmó el analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, en su cuenta de X.
La medida le evitó al Gobierno el paso adicional que ya tenía previsto: recurrir a la Corte Suprema estadounidense para frenar la ejecución. Tras el fallo de Preska, Argentina había solicitado la suspensión de la entrega de las acciones hasta que se resolviera la apelación de fondo, cuyo tratamiento formal comenzará a fines de septiembre. La Cámara hizo lugar a ese planteo y ahora lo ratificó en una resolución definitiva.
El litigio por YPF se desarrolla en paralelo a la apelación contra el fallo original que condenó al país a pagar u$s16.100 millones, más intereses, a los exaccionistas minoritarios de la compañía. La exposición oral de los argumentos está prevista para la semana del 27 de octubre, inmediatamente después de las elecciones legislativas.
La semana pasada, el tribunal también rechazó el pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) de anular la sentencia inicial e investigar penalmente a la familia Eskenazi, que era accionista minoritaria al momento de la nacionalización.
YPF: el Gobierno advirtió que es "incumplible" el fallo y Burford abrió la puerta a negociar
El Gobierno de Javier Milei había advertido que resultaría "incumplible" un fallo desfavorable de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en la causa por la expropiación de YPF.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que una decisión contraria no podría ejecutarse, dado que la ley de expropiación establece que cualquier venta de acciones estatales de YPF requiere la aprobación del Congreso con mayoría especial. "Pueden dictarla, pero es imposible de cumplir", afirmó.
En concreto, el miércoles pasado el Tribunal dio por terminada la suspensión de la sentencia que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera al fondo Burford Capital, en cumplimiento de una indemnización de u$s16.100 millones ordenada por la jueza Loretta Preska.
La orden original de Preska -emitida el 30 de junio- dispuso la entrega de las acciones a Burford y Eton Park como forma de pago por la supuesta violación del estatuto societario durante la estatización de 2012. Burford compró los derechos de los demandantes originales y, al 30 de junio de 2025, valuó este litigio en u$s1.600 millones, un 43% de su cartera principal.
Pese a que Preska ordenó transferirle la participación estatal en YPF, el propio Burford dejó trascender que no busca quedarse con las acciones y prefiere abrir una negociación. Sin embargo, no ha habido reuniones recientes con funcionarios argentinos; el último contacto formal habría sido en 2024, también con Francos. Según fuentes cercanas al fondo, el Gobierno evitaría encuentros directos para esquivar eventuales denuncias penales, como las ocurridas entre 2015 y 2023.
La defensa argentina, a cargo de la Procuración del Tesoro y el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, argumentaba que Preska se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos estatales y que, en la práctica, esa transferencia es materialmente imposible porque las acciones están registradas en la Caja de Valores.