Revés para el Gobierno: la Justicia declaró inválido el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Justicia Federal le propinó un revés al Gobierno Nacional al declarar la invalidez del veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. El fallo, dictado por el Juzgado Federal de Campana, responde a una acción de amparo y, si bien sus efectos se limitan al caso particular, establece un importante precedente judicial.
La decisión judicial declaró específicamente la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó por completo la Ley 27.793. Es importante aclarar que, como señaló la periodista Vanesa Petrillo al difundir el fallo, la medida aplica únicamente al caso concreto de los demandantes y no tiene alcance general.
Primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en discapacidad
La resolución judicial responde a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad involucrados en la causa.
- Amparo a favor: la Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por dos personas, cuyas iniciales son O.G.J. y D.R.N.
- Orden a la obra social: el fallo ordena que se comunique a la obra social de dos menores (B.N. e Y.N.) para que adecúe sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la ley de emergencia, ahora restituida para ellos.
- Costas a cargo del Estado: el juez impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.
Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país.
Milei vetó las leyes de aumento a las jubilaciones y emergencia en discapacidad
La decisión se oficializó hace dos semanas con su publicación en el Boletín Oficial, y la medida profundizó el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que deberá decidir si insiste en las leyes o acepta la decisión presidencial. Milei ha sido enfático al argumentar que cualquier ley que implique un aumento del gasto público es "fiscalmente inviable" y, de ser aprobada, podría llevar al país a la "bancarrota". Esta postura cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en un informe reciente consideró que estas medidas generan "tensión política e institucional".
Las leyes, que habían sido aprobadas por el Senado a principios de julio, buscaban dar respuesta a dos sectores vulnerables de la sociedad:
- Ley de Movilidad Jubilatoria: La ley impulsada por la oposición proponía un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, un incremento en el bono jubilatorio -de $70.000 a $110.000- y la restitución por dos años de una moratoria previsional.
- Emergencia en discapacidad: Este proyecto buscaba declarar la emergencia en el sector para garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral, respondiendo a los múltiples reclamos de organizaciones por recortes y la discontinuidad de pagos y servicios.
El veto presidencial, tal como lo establece la Constitución, puede ser revertido por el Congreso si ambas cámaras logran una mayoría especial de dos tercios para insistir en la sanción original. El oficialismo, consciente de esta posibilidad, se encuentra en plena negociación con gobernadores y bloques parlamentarios para asegurarse los votos necesarios que sostengan el veto, especialmente en la Cámara de Diputados, donde los números son más ajustados.
La firma del veto se demoró de forma estratégica para dilatar su tratamiento parlamentario. En este contexto, el Gobierno ha intensificado las rondas de negociaciones con los gobernadores y bloques aliados. La Casa Rosada evalúa ofrecer una parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y busca acuerdos puntuales de cara a las próxima elecciones.
La tensión política crece, y aunque la administración de Milei ha sumado a su bloque a cinco diputados radicales, el resultado de una posible votación para revertir el veto sigue siendo incierto. El PRO, uno de sus principales aliados, aún no ha unificado una postura. Ante este escenario, el Gobierno ha asegurado que, incluso si el veto fuera rechazado en el Congreso, judicializará las iniciativas con el objetivo de evitar cualquier erogación presupuestaria.