Industria del juicio: el 2025 finalizará con un récord de 130.000 demandas por riesgos de trabajo

En medio del debate por la reforma laboral, la industria proyecta que 2025 cerrará con cerca de 130.000 nuevas demandas por accidentes de trabajo. Si se suman los litigios derivados de despidos y empleo no registrado iniciados a lo largo del año, la cifra total de la industria del juicio trepa a 260.000 casos.

El sistema de Riesgos del Trabajo en Argentina continúa bajo una presión inédita debido al volumen de juicios laborales iniciados en los últimos meses, una dinámica que amenaza la sostenibilidad del sector privado y complica la creación de empleo formal. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), las demandas por accidentes laborales alcanzaron un nivel récord y concluirán el año con aproximadamente 130.000 demandas. Este fenómeno, persistente pese a los esfuerzos de reforma, encarece los costos empresariales y profundiza la incertidumbre para quienes evalúan invertir en actividades intensivas en mano de obra.

La presidenta de la UART, Mara Bettiol, alertó que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización y advirtió que "ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial". Desde la óptica de la UART, el foco del debate actual se desplaza hacia los litigios por despidos, trabajo en negro e incidencias asociadas, mientras que consideran que el esquema de procesos por riesgo laboral vigente resulta obsoleto.

El contraste de Argentina con otros países

La comparación internacional expone un escenario desbalanceado: Argentina registra un nivel de judicialidad 21 veces superior al de Chile y 15 veces mayor al de España. Con la tasa española, el país tendría 8.200 juicios anuales; con la chilena, apenas 5.600, de acuerdo con datos de la UART.

A pesar de esto, el balance tras 29 años de funcionamiento del sistema exhibe mejoras relevantes: la mortalidad laboral cayó 81%, la siniestralidad se redujo 55% y la gravedad de los accidentes descendió 39%. El tema fue abordado en Infobae en Vivo, donde la periodista Lucrecia Eterovich subrayó que "Argentina tiene una tasa de juicios laborales desproporcionadamente alta a pesar de registrar una tendencia decreciente en accidentes laborales, lo que evidencia que hay un funcionamiento judicial que incentiva la demanda".

Eterovich analizó también las expectativas en torno a la discusión legislativa sobre la reforma y el pedido del sector empresarial de reducir costos y acotar la incertidumbre jurídica. Además, planteó interrogantes sobre el alcance final del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso.

"El oficialismo intentará mantener hermetismo en lo que resta de semanas para evitar filtraciones y no anticipar el contenido de la reforma", señaló, y agregó que el eje estará en determinar si el texto incluirá regulaciones sobre la ‘industria del juicio’. 

Accidentes laborales: dónde se concentran los juicios

Los datos de mediados de año muestran que la distribución de estos litigios no es uniforme. La Provincia de Buenos Aires reúne el 40% del total de causas, superando los niveles de 2024. La Ciudad de Buenos Aires también evidencia un incremento, mientras que Santa Fe registró un aumento interanual del 28% en junio, por encima del promedio general. En contraste, provincias como Salta y Río Negro, que cuentan con Cuerpos Médicos Forenses dependientes del Poder Judicial, exhiben tasas de litigiosidad más bajas, lo que —según el sector— demuestra que la plena aplicación de la normativa vigente podría reducir la judicialidad y aportar previsibilidad.

La Ley 27.348 de 2017 establece justamente la conformación de estos cuerpos médicos para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. No obstante, pocas jurisdicciones avanzaron: Mendoza formó un cuerpo con cinco peritos bajo órbita judicial y en Santa Fe se abrió recientemente la convocatoria para integrar uno nuevo. En el resto del país, los peritos actúan por listados y cobran honorarios calculados en función del porcentaje de incapacidad dictaminado, lo que —según la UART— crea un "circuito perverso de incentivos".

Ese esquema deriva en pericias con porcentajes de incapacidad superiores a los previstos en el baremo oficial, con un promedio que excede en 12,5 puntos los valores establecidos. A esto se suman tasas judiciales elevadas que convierten los juicios en una apuesta financiera de retorno garantizado, advierte el sector. En 2024, el stock de causas alcanzó 290.000 juicios, y se proyectan 260.000 nuevos para 2025, una carga que tensiona al sistema, las aseguradoras y los empleadores.

El costo promedio del seguro de riesgos del trabajo se ubica en 2,77% de la nómina salarial. Aunque este valor subió en el último año, lo hizo a un ritmo menor que la judicialidad. El impacto en el sector privado es directo: la creciente litigiosidad eleva el valor de las primas, deteriora la competitividad y frena la creación de empleo formal. Según la UART, esta dinámica genera incertidumbre y dificulta planificar inversiones, sobre todo en actividades que dependen de gran cantidad de trabajadores.

Un dato que dimensiona la magnitud del problema: 88% de los juicios corresponde a casos sin incapacidad reconocida, lo que muestra un nivel de litigación que no guarda relación con un daño real en la salud del trabajador. Además, el 60% de las demandas se presenta fuera del plazo legal, acentuando la acumulación de expedientes y la congestión judicial.

El costo económico es contundente. Tomando el Salario Mínimo de junio de 2025 ($313.400), la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos. Este factor se suma al llamado ‘costo argentino’, encareciendo la contratación y desalentando el empleo registrado.