Industria del juicio: advierten que el 90% de los reclamos por accidentes laborales no presenta secuelas

La litigiosidad vinculada al sistema de Riesgos del Trabajo continúa en aumento y se consolida como uno de los principales problemas para empleadores y aseguradoras. Para enero de 2026, se habrán acumulado 131.796 juicios laborales en los tribunales provinciales, y de acuerdo con estimaciones del sector, el 90% de estos casos corresponde a enfermedades o accidentes que no dejan secuelas incapacitantes.

La información surge de datos aportados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Su presidenta, Mara Betiol, explicó en declaraciones a Ámbito.com que la mayoría de los reclamos judiciales se originan en cuadros que, tras el tratamiento correspondiente, no derivan en incapacidades permanentes. Entre ellos se mencionan esguinces, lumbalgias y dolores de espalda, dolencias frecuentes en el ámbito laboral pero que habitualmente no generan secuelas definitivas.

Cómo opera el sistema de ART y dónde surge la conflictividad

El funcionamiento del sistema prevé que, ante una enfermedad o accidente laboral, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) evalúe el diagnóstico y, si corresponde, determine una indemnización siguiendo el listado de incapacidades vigente. Las Comisiones Médicas intervienen como instancia administrativa para fijar el grado de discapacidad. Una vez determinado ese porcentaje, la ART procede a realizar el pago. Este proceso suele contar con asistencia legal tanto por parte del trabajador como de la aseguradora.

Sin embargo, cuando el trabajador no está conforme con el dictamen o con la compensación ofrecida, puede recurrir a la Justicia. Para estos casos, la normativa nacional prevé la intervención de Cuerpos Médicos Forenses que actúen como instancia revisora, con criterios técnicos homologados. Pero ninguna provincia ha implementado aún estos cuerpos, pese a que 18 jurisdicciones ya adhirieron a la Ley de Riesgos del Trabajo, reformada en 2017.

Diferencias entre lo que dictaminan las Comisiones Médicas y lo que fija la Justicia

Según Betiol, la conflictividad se profundiza cuando los casos de "cero incapacidad" otorgados por las Comisiones Médicas llegan a los tribunales. Allí, afirma, suelen derivar en porcentajes significativamente mayores. "Cuando los expedientes pasan a la Justicia, aparecen fallos que establecen incluso 14% de incapacidad en situaciones donde el organismo administrativo había determinado que no existían secuelas", señaló la directiva a Ámbito.com.

Este fenómeno se vincula, en parte, con el esquema de peritajes judiciales. Ante la ausencia de Cuerpos Forenses, cada juez designa peritos propios, cuyos honorarios se calculan como un porcentaje del monto final del juicio. Para la UART, este mecanismo genera incentivos económicos que pueden influir en la determinación de incapacidades más altas. Betiol incluso mencionó que ciertas patologías "se vuelven tendencia" según la jurisdicción, citando, por ejemplo, un período en el que en Córdoba predominaban los diagnósticos vinculados a afecciones psicológicas, agregó ante Ámbito.com.

Casos y consecuencias del aumento de litigios

Entre los casos recientes mencionados por la UART figuran un camionero al que se le reconoció 107% de incapacidad y recibió una indemnización de $300 millones, o un trabajador que, pese a practicar motocross y mostrar actividad plena en redes sociales, obtuvo 39% de discapacidad tras presentarse con un cuello ortopédico en las audiencias. También se mencionó un episodio donde un perito firmó más de veinte dictámenes mientras estaba internado en terapia intensiva.

El aumento de litigiosidad tiene impacto directo en los costos del sistema. La UART sostiene que:

• Para cubrir costos normales, las ART deberían percibir una alícuota del 2,19% del salario.

• Hoy cobran en promedio 2,85%.

• Para absorber la litigiosidad actual, deberían elevarla a 3,35%.

• Y si se incluyera la posible conflictividad futura, la alícuota debería situarse en 5,15%.

Los 131.796 juicios se distribuyen entre 23 ART, lo que implica un promedio de 5.730 expedientes por empresa. Para la UART, este nivel de litigios obliga a destinar recursos crecientes a la defensa judicial, desplazando inversiones en medicina laboral y prevención.

Como medida correctiva, las aseguradoras plantean que los peritos forenses tengan honorarios fijos, desvinculados del resultado de las demandas, y que cada provincia implemente los Cuerpos Médicos Forenses previstos por la ley nacional. Argumentan que esta estructura permitiría homogeneizar criterios y reducir la litigiosidad.

En términos comparativos, el sector señala que en España una incapacidad inferior al 33% no es indemnizable y, aun así, la conflictividad judicial es diez veces menor que en Argentina.