El futuro del Luna Park: por qué la Justicia puede frenar la mega inversión en el mítico estadio

La empresa de Diego Finkelstein, DF Entertainmnent, tuvo una buena y una mala noticia en un mismo día.

Porque mientras el Gobierno de la Ciudad cumplió con la realización de la audiencia pública, donde se escucharon voces de los vecinos de la ciudad a favor de la "remodelación" para los que están de acuerdo o de la "demolición" para los que no quieren que avance el proyecto, del Luna Park, tres organizaciones civiles presentaron un amparo para detener las futuras obras.

La audiencia púbica fue un paso necesario para que el gobierno de Jorge Macri extienda un certificado de aptitud ambiental de la remodelación del Estadio Luna Park proyectada por las empresas DF Entertainment y la multinacional Live Nation Entertainment que pertenece al holding de medios de comunicación estadounidense, Liberty Media, que adquirió buena parte de DF Entertainment en 2018.

Luna Park: ¿por qué se pueden frenar las obras?

Las empresas encargadas del futuro del Luna Park explicaron a través de sus representantes que el mítico estadio conducido durante décadas por el recordado promotor de boxeo, "Tito" Lectoure, aumentará su capacidad y superficie en un proyecto de obras que involucraría más de dos años de trabajos con cuatro meses incluidas las demoliciones, de las que no se dieron mayores precisiones.

El objetivo empresarial para el estadio de Corrientes y Bouchard es ampliar la capacidad actual de 8.400 espectadores para llevarlo a 13.000 butacas, lo que posibilitará que el modelo de negocios que gestiona Live Nation sea redituable. El necesario incremento del aforo, para los planes de negocios, representa un aumento superior al 50% de la capacidad actual.

Al finalizar las obras, el estadio Luna Park quedaría de esta forma.

Ahora bien, los expertos en arquitectura afirman que es físicamente imposible de lograr los cambios propuestos dentro de la envolvente historia del edificio sin alterar su morfología. Las limitaciones espaciales de la estructura original de 1932, diseñada para el boxeo y eventos masivos de otras décadas, imponen un techo físico a la expansión.

En ese sentido, los representantes de las organizaciones que vigilan el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad, coincidieron en señalar que el proyecto implica "demoler todo el interior y la cubierta" dejando solo la fachada del edificio porque fue declarado Monumento Histórico Nacional.

La importancia de la audiencia fue crucial porque para alcanzar el objetivo comercial, los desarrolladores han propuesto, y el Gobierno de la Ciudad autorizó, la demolición de las estructuras internas para liberar espacio y construir un nuevo edificio dentro de los límites del terreno.

Con el certificado de aptitud ambiental en mano, las empresas podrán comenzar con la remodelación luego de la intervención realizada por los funcionarios de la Comisión Nacional de Monumentos que aprobaron la intervención y del visto bueno de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) porteña que resolvió que las obras son "factibles desde el punto de vista de la preservación del patrimonio urbano".

Para Ana Bas, de la organización Basta de Demoler, "el análisis de los planos y la Disposición impugnada revela que la intervención implica la desaparición física de la mayor parte del monumento histórico. Además, señalamos que este proyecto de transformación rompe con las normas y fue autorizado por una disposición del GCBA, que debería haber consultado a la Legislatura por tratarse de un estadio".

En la audiencia pública se escuchó al funcionario Ariel Gustavo Papa, profesional de la APRA responsable del expediente de evaluación del certificado para el proyecto de ampliación y precisó que la remodelación para recibir eventos de calidad internacional, es necesario realizar una "reorganización integral de planta baja, que moderniza accesos y propone un nuevo museo poniendo en valor el patrimonio", mientras que se construirán "dos nuevos subsuelos". Sobre los plazos de la obra, sostuvo que requerirá de "cuatro meses de demoliciones y adecuaciones iniciales y 24 meses de construcción".

Sin dar demasiados detalles de las demoliciones previstas, en la audiencia trascendió que el proyecto contempla el derrumbe de 11.613 metros cuadrados de interiores. Esto incluye la remoción completa de las gradas de hormigón originales, las circulaciones históricas y, fundamentalmente, la estructura de la cubierta. En su lugar, se proyecta la construcción de un "edificio estructuralmente independiente", una nueva arena moderna insertada en el predio, que apenas conservaría fragmentos de la fachada perimetral como un gesto testimonial.

El futuro del Luna Park llega a la Justicia

Las organizaciones civiles que no están de acuerdo con los cambios recordaron que ya se generó una medida judicial que debería frenar el proyecto de reformas. El pasado 27 de noviembre, la jueza Natalia Tanno, subrogante del Juzgado N.º 5 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño emitió una primera resolución indicando que "deberá suspenderse de manera inmediata cualquier obra o trámite administrativo relacionado con el proyecto vinculado al inmueble" hasta que "el tribunal resuelva acerca de la procedencia de la medida cautelar".

El Gobierno de Jorge Macri apeló a esa resolución y por ello pudo desenvolverse la audiencia pública del martes 2 de diciembre.

Sin embargo, en las últimas horas se realizó un amparo ambiental colectivo por parte de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Asociación Civil Basta de Demoler y la Fundación Ciudad. En la demanda se apela a valores inmateriales relacionados con la memoria de una ciudad y sus pobladores.

La demanda pone el foco en el daño irreparable al patrimonio cultural inmaterial y material de la Ciudad y la Nación. "El Luna Park no es solo una estructura de hormigón y acero; es el contenedor físico de la memoria colectiva de los argentinos durante casi un siglo", afirman en el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

El Código Urbanístico establece los criterios generales de intervención en edificios catalogados, destacando los principios de Autenticidad e Integridad. "La norma dicta que toda intervención debe potenciar y mantener el valor integral del edificio y que el significado cultural de un bien como testimonio histórico se basa principalmente en su sustancia material original", explicaron los conservacionistas del patrimonio urbanístico. Para ellos, demoler el interior del Luna Park es destruir su integridad y su autenticidad.