Inédito fallo a favor de los registros del automotor: avalan no pagar al Estado por baja recaudación

La Justicia Federal sobreseyó a la encargada de un registro de motovehículos acusada de no girar los fondos correspondientes al Estado. El argumento principal fue que la baja de la recaudación originada por medidas dispuestas por la Nación y la severa crisis financiera la obligaron a priorizar el pago de salarios a sus empleados y el funcionamiento del servicio público, con lo que se desestimó la intención de apropiación.

El fallo favoreció a P.N.D, titular de un registro ubicado en Morón, provincia de Buenos Aires, y fue dictado por el juez criminal y correccional federal 2 de ese partido, Martín Ramos. Debido a que la fiscalía no apeló ante la Cámara, la resolución ya quedó firme, indicaron fuentes judiciales.

La causa se originó el 20 de febrero pasado, tras una denuncia realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, dependiente del Ministerio de Justicia.

Allí se acusaba a la encargada del registro de no haber pagado los emolumentos correspondientes a los meses de agosto y diciembre de 2024 y de enero de 2025, lo cual totalizaba $7,5 millones, motivo por el cual se dispuso la intervención de la dependencia a partir de febrero último.

Esa medida se produjo en momentos en que el Gobierno nacional dispuso un serio recorte sobre los registros de todo el país y redujo el porcentaje de fondos que cobraban los encargados argumentando que se trataba de la "caja negra" de la política.

La defensa: el contexto económico adverso

En el marco del expediente, los empleados fueron a declarar y relataron distintas circunstancias relacionadas a la recaudación del registro y los problemas financieros que enfrentaba la encargada del mismo.

La acusada, en tanto, resaltó que nunca había incumplido las obligaciones que tenía a su cargo y recordó que los Registros de la Propiedad Automotor "tienen una alta misión institucional, de gran trascendencia, dado que se prestan un servicio público esencial".

En ese marco, declaró que se desempeñaba en la función hacía 21 años, pero que en los últimos tiempos estaba trabajando en un especial contexto adverso: por ejemplo, relató que si bien los encargados de registro tienen derecho a percibir una retribución, también tienen numerosas obligaciones que tal vez sean desconocidas.

Al respecto, relató que cada encargado debe:

• contar con el local donde funciona el registro
• afrontar todos los gastos que genera su funcionamiento: alquiler, personal, muebles, papelería, ya que el Estado nacional no se hace cargo.

Entonces, la funcionaria explicó que destinó sus esfuerzos personales y económicos al funcionamiento del lugar (invirtió ingresos y tomó deudas para honrar todas sus obligaciones) pero que el "delicado contexto actual y las recientes resoluciones del Ministerio de Justicia de la Nación han generado un impacto tal en su funcionamiento" -algo que claramente excede a la dependencia a su cargo- que han sido la génesis de la causa judicial que enfrentaba.

En ese marco, relató que en esos meses "fue posible depositar el dinero que emergió de la magra recaudación conforme la normativa vigente", sin siquiera tener en consideración sus emolumentos, porque era su función principal "velar y asegurar el correcto funcionamiento del registro".

Detalló que la unidad a su cargo y otras se encuentran atravesando "una profunda crisis de funcionamiento dadas las diferentes modificaciones sobre aranceles y liquidación de emolumentos" aplicados por el Ministerio de Justicia, que además modificó trámites como inscripción de vehículos, transferencias, bajas, etc.

La acusada también explicó que mientras los aranceles mantenían el mismo monto, los empleados del registro, nucleados como empleados de comercio, firmaban convenios de aumento de sueldo que debían ser afrontados por ella, ya que la ley indica que son dependientes directos de los encargados y no guardan relación de dependencia con el Estado.

A esto se sumaba el incremento de las facturas de los servicios públicos, indispensables para el funcionamiento del registro. Entonces, la encargada dijo que en los meses cuestionados, giró el dinero disponible de acuerdo a los ingresos, asegurando en primer término el correcto y normal funcionamiento de la dependencia y, luego, el salario de los empleados.

La resolución judicial

Para resolver el caso, el juez Martín tuvo en cuenta que si bien la mujer fue citada a declaración indagatoria tras la denuncia, las pruebas recabadas a lo largo del expediente no resultaron suficientes para enrostrarle algún delito.

"Se entiende que al momento en que se omitió realizar los depósitos reclamados, el registro automotor habría sobrellevado una severa crisis financiera que obligó a la encargada imputada a optar por una alternativa en perjuicio de otra. La decisión que habría asumido, de asignar los escasos fondos disponibles para solventar los gastos indispensables, demuestra que habría actuado con la intención de preservar no solo las fuentes de trabajo, sino con la intención de cumplir con la obligación de prestar el servicio", destacó el magistrado en el fallo.

Sostuvo también que "el contexto económico de alta inflación que acumuló el país en el año 2.024 (variación anual de 117,8%) y en el que habría estado inmerso particularmente el registro a cargo de la imputada, que fue clara y detalladamente recreado de manera juramentada por los empleados, conlleva que resulte más que dudoso considerar a la encargada merecedora de reproche penal".

"Las opciones que habría elegido la imputada al encontrarse ante la disyuntiva del funcionamiento del registro y afrontar económicamente los gastos del mismo, reprimen sostener, de manera seria y razonada, que tuvo por intención apropiarse de una parte del dinero que se recaudaba", entendió el juez.

Finalmente, afirmó que si bien no ha regularizado en su totalidad la deuda del período agosto 2024, lo ha hecho en parte, lo que resulta demostrativo de que no existió tal apropiación, sino voluntad de pago, pese a los aprietos económicos que se reseñaron en el sumario.

En ese mismo sentido, se destacó, a partir del testimonio de los empleados, que la encargada no habría efectuado gastos personales superfluos o innecesarios, sino que, por el contrario, habría destinado bienes propios para regularizar deudas originadas ante el funcionamiento.