Reforma laboral: se reabre el debate por tickets restaurante con un nuevo esquema de beneficio

El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno reinstaló un viejo debate: ¿pueden volver los tickets restaurante bajo un nuevo formato? Aunque la iniciativa no plantea explícitamente el regreso de aquellos vales, sí incorpora un esquema de beneficios sociales.

El texto presentado por el Gobierno al Senado propone, en su artículo 31, que los empleadores puedan ofrecer servicios de comedor y alimentación durante la jornada laboral, tanto dentro del establecimiento como mediante acuerdos con locales gastronómicos cercanos. Estas prestaciones, aclara la norma, serán "no dinerarias, no acumulables ni canjeables por dinero", para evitar que se transformen en una porción encubierta del salario.

Reforma laboral: se reabre el debate por el beneficio de tickets restaurante 

En primer lugar, en la reforma laboral se refiere a los beneficios sociales, como "las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que el empleador voluntariamente otorga al trabajador, directamente o por intermedio de terceros, con el objeto de mejorar la calidad de vida del trabajador y/o de su grupo familiar a cargo; por ende, estos beneficios no son salarios en especie".

Y posteriormente aclara: "Se consideran beneficios sociales las siguientes prestaciones: a) los servicios de comedor y alimentación del trabajador, dentro del establecimiento del empleador o en establecimientos gastronómicos cercanos durante la jornada laboral contratados por el empleador, conforme a los límites que determine la autoridad de aplicación". Acá es donde entra el debate de los tickets restaurante.

Este nuevo encuadre forma parte de la redefinición de los llamados beneficios sociales, un concepto desarrollado en el proyecto a través del artículo 103 bis. Allí se establece que servicios como comedor, reintegros médicos, guardería, provisión de ropa de trabajo o útiles escolares quedan excluidos de la base salarial y, por lo tanto, no pagan aportes ni contribuciones patronales. Su función declarada es mejorar la calidad de vida del trabajador y su grupo familiar, sin modificar la estructura remunerativa.

La historia de los tickets canasta y la nueva versión que plantea la reforma laboral

La experiencia argentina con los tickets restaurante —y con los tickets canasta— funcionó como referencia para los especialistas que participaron en la redacción. El objetivo fue evitar reproducir el esquema que permitió durante años que una parte del salario se pagara con vales no remunerativos, generando un ahorro para las empresas y un perjuicio para el sistema previsional.

A fines de los años 80 y durante los 90, esos vales se difundieron rápidamente: en un contexto de hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo, muchas compañías encontraron en ellos un mecanismo para reducir cargas fiscales y previsionales. Pero la expansión generó controversias. Los sindicatos denunciaban precarización y desfinanciamiento, mientras los organismos de control advertían maniobras masivas de evasión y elusión.

La situación cambió cuando la Corte Suprema intervino y definió que los tickets constituían una retribución directa vinculada al trabajo, y por lo tanto debían integrar el salario. El golpe definitivo llegó en 2007, cuando la Ley 26.341 derogó el régimen tras el escándalo por un intento de soborno para mantenerlo. A partir de entonces, los vales quedaron prohibidos como forma de pago no remunerativo.

El proyecto actual retoma parte de esa historia para diferenciarse: el espíritu no es volver al modelo de los vales, sino establecer un sistema regulado, con topes y supervisión estatal. La autoridad de aplicación será la encargada de definir los límites del beneficio y las condiciones para su implementación, con mecanismos de control que impidan la acumulación, el uso indebido o la conversión en dinero.

En definitiva, la reforma laboral abre la puerta a una nueva versión de los beneficios alimentarios, más acotada y con un marco regulatorio que busca, según sus autores, dejar atrás los abusos del pasado. Resta ahora ver cómo se debatirá en el Congreso un tema que, históricamente, combinó necesidades de los trabajadores, estrategias empresarias y fuertes tensiones políticas.