La Corte Suprema define el litigio que involucra a una familia bodeguera de Mendoza
La Corte Suprema de Justicia resolverá en el corto plazo si corresponde que José Alberto Zuccardi, dueño de las famosas bodegas mendocinas, le pague a su hermana María Cristina unos 25 millones de dólares por diferencias en el reparto de la herencia familiar, una disputa judicial que lleva más de siete años.
"El fallo de la Corte es inminente porque por lo que pude ver el expediente está circulando por las tres vocalías", aseguró a iProfesional Bernardo Saravia Frías, abogado del empresario mendocino, en referencia a que la causa está siendo revisada por los tres jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Mientras el letrado del bodeguero aguarda esta resolución, los representantes de su hermana María Cristina Zuccardi denuncian que ella no pudo cobrar después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que ordenó pagarle 12 millones de dólares por haberse visto perjudicada con el reparto de bienes.
Cómo fue la división de bienes
La historia se remonta a la década del 60, cuando Alberto Zuccardi y su esposa Emma Cartellone eran los principales accionistas de tres empresas familiares: la bodega La Agrícola y las constructoras Cimalco Mendoza y Cimalco Neuquén.
La Agrícola es la empresa que comercializa los vinos y productos más conocidos de la Familia Zuccardi con vastos premios y reconocimientos internacionales.
En 1991, el padre decidió repartir los activos entre sus tres hijos, pero La Agrícola quedó íntegramente en manos de José Alberto, mientras que las dos constructoras fueron divididas entre los tres hermanos (una de ellas no hizo ningún reclamo).
Con el correr de los años, el valor de los activos se desbalanceó: la bodega creció hasta convertirse en una de las más premiadas del mundo, mientras que las constructoras perdieron relevancia. El padre murió en 2014 y su esposa, en 2020, sin bienes a su nombre.
Más de 25 millones de dólares en juego
En 2018, María Cristina presentó una demanda civil en la Justicia mendocina para reclamar porque su parte de la herencia fue sustancialmente menor y el valor de las acciones no reflejaba lo pactado en los contratos previamente firmados.
Tras dos fallos que favorecieron a José Alberto, el año pasado la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó que el empresario le pague a su hermana 12 millones de dólares más los intereses devengados desde que se inició la causa, unos 25 millones de dólares actuales.
Los jueces María Teresa Day, Pedro Llorente y Omar Palermo analizaron la cuestión desde una perspectiva de género y entendieron que "por el solo hecho de ser mujer, recibió un trato desigual en la distribución de los bienes familiares" porque sus padres no habrían considerado que tuviera la capacidad para llevar adelante la empresa familiar. Esta interpretación es considerada un "disparate jurídico" por el famoso bodeguero.
Por eso, Zuccardi apeló la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un recurso de queja presentado por el ex Procurador del Tesoro Saravia Frías y se espera que el fallo salga en breve.
Mientras tanto, el representante de Cristina Zuccardi ataca por otro lado. "Después de la sentencia de la Suprema Corte, se empiezan a embargar cosas pero no se encuentra nada, no había bienes, esta persona aparecía como insolvente. Entonces en enero hicimos una denuncia penal por insolvencia fraudulenta", explicó el abogado Carlos Varela Alvarez.
En junio, la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi imputó y citó a declarar a Zuccardi y a su apoderado y hombre de máxima confianza, Pedro Giovanello, pero no hizo lugar al pedido para que la causa también alcance a sus hijos.
"Esta figura penal dice que hay un periodo de sospecha por el cual estas personas pueden cometer el delito, que es durante el proceso o después de la sentencia. Este proceso empezó en 2018 y durante ese periodo y hasta después de la sentencia el señor Zuccardi cometió varios actos sospechosos", afirmó Varela Alvarez.
Según el abogado, primero "se desprendió de las acciones de La Agrícola, del cual era dueño del 99,97% y son decenas de millones de dólares. Esas acciones se las fue pasando a sus hijos y se fue insolventando. Luego transfirió gratuitamente a una empresa de su hija 102 marcas como Santa Julia (vinos y aceites de oliva); cada una también vale millones de dólares".
Según la acusación de la fiscalía y de la denunciante, el empresario hipotecó seis propiedades, entre departamentos y cocheras, de manera que se hace imposible trabar embargos sobre ellos.
"Cristina no pudo cobrar nada. Se han embargado algunas de las acciones de las empresas que tenían familiarmente pero este hombre ha licuado o se ha desprendido de más de 100 millones de dólares. Ha contado con un equipo jurídico-contable que lo ha ido asesorando y ahora no posee bienes", detalló Varela Alvarez.
Respecto de la posible participación de los hijos de José en la maniobra delictiva, el abogado afirmó que son "cómplices" y está trabajando en tratar de demostrar que eso es así y que los tienen que imputar.
Allegados a José Zuccardi negaron totalmente estas acusaciones y manifestaron que "difícilmente" se pueda haber cometido el delito de insolvencia fraudulenta si la sentencia aún no está firme y acusaron a la hermana de tener otras intenciones que podrían llevar a la empresa a la quiebra.
También remarcaron que los hijos de Zuccardi realizaron un enorme esfuerzo comercial para que las empresas familiares sean hoy las más importantes del país y que los bienes de las firmas se usaron como garantía para tomar créditos y que eso no implica un delito. La Corte tendrá la última palabra.