Juicio por YPF: el Gobierno descarta desacato y acusa a Burford de presionar a la Justicia
En el tramo final del año, el Gobierno argentino fijó una posición tajante sobre el juicio por la expropiación de YPF, el mayor litigio que enfrenta el país en el exterior. Frente a versiones que sugerían un posible desacato ante la Justicia de Estados Unidos, la Procuración del Tesoro de la Nación negó de manera categórica esa interpretación y aseguró que la Argentina actúa "conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley".
El pronunciamiento oficial llegó luego de que la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, aprobara un cronograma procesal para debatir un eventual desacato en la causa que impulsan Burford Capital y Eton Park, el fondo que financia la demanda contra el Estado argentino. Desde la defensa señalaron que ese calendario no implica ninguna sanción ni reconocimiento de incumplimiento, sino apenas un intercambio de escritos entre las partes a partir del 15 de enero.
La postura oficial frente al cronograma judicial
Según la visión del Gobierno, las lecturas que instalaron la idea de un desacato consumado carecen de sustento jurídico y responden a una estrategia comunicacional de la parte demandante.
En la Procuración del Tesoro sostienen que Burford Capital intenta correr el eje de la discusión ante un escenario que consideran adverso para sus intereses. Como parte de ese argumento, mencionan que las acciones del fondo registraron una caída cercana al 29% en lo que va del año, un dato que explica la intensificación de la presión mediática y judicial.
Para el Gobierno, el cronograma aprobado por Preska no altera el estado del expediente ni implica una presunción de incumplimiento.
Juicio por YPF: el discovery, un punto clave del conflicto
Uno de los capítulos más sensibles del juicio es el proceso de discovery ordenado por la jueza, que incluye el requerimiento de comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos. Desde la defensa del Estado remarcan que esa medida fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal, tanto a la luz del derecho argentino como del estadounidense.
Aun así, la Procuración subrayó que la Argentina actúa de buena fe y detalló que se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, además de gestiones destinadas a obtener el consentimiento de las personas involucradas. De acuerdo con el organismo, la gran mayoría de los funcionarios y exfuncionarios alcanzados por el pedido colaboró de manera voluntaria.
Ese punto es central para la estrategia oficial: demostrar que no existe incumplimiento alguno de las órdenes judiciales.
Un fallo millonario que aún no está firme
El trasfondo del conflicto sigue siendo la sentencia de fondo que condenó a la Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares por la forma en que se llevó adelante la expropiación de YPF en 2012. Sin embargo, desde la Procuración del Tesoro insisten en que esa decisión aún no está firme y que el caso se encuentra bajo revisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Para el Gobierno, este dato resulta clave para comprender la etapa actual del litigio. Un eventual fallo favorable en la instancia de apelación podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena, así como las discusiones colaterales vinculadas a sanciones o desacato.
El juicio por YPF no solo tiene una dimensión económica inédita por el monto en disputa, sino también un fuerte componente institucional.
Mientras el expediente continúa su curso en los tribunales estadounidenses y se acumulan instancias complejas, la estrategia oficial busca transmitir un mensaje de control y previsibilidad. La Argentina, sostienen, no está en desacato, cumple con las decisiones judiciales y confía en que las instancias de apelación permitan revertir el fallo más costoso de su historia.