Nueva ofensiva en el Juicio por YPF: piden que Argentina sea declarada en desacato
Los fondos Petersen y Eton Park lanzan una estrategia legal inédita dentro del juicio por la expropiación de YPF en Nueva York. Este jueves, tienen previsto presentar un escrito ante la jueza Loretta Preska solicitando que se declare a Argentina en desacato, advirtiendo posibles sanciones por supuestos retrasos en la entrega de comunicaciones oficiales requeridas por la corte.
La solicitud de los fondos se enmarca en el proceso de discovery, que exige a Argentina entregar correos electrónicos y comunicaciones de funcionarios pasados y presentes. Los demandantes aseguran que algunos responsables no habrían proporcionado toda la información requerida, lo que, según su criterio, justificaría la imposición de sanciones adicionales.
La defensa argentina y el origen de la disputa
La defensa oficial, a través de la Procuración del Tesoro, negó las acusaciones y destacó que el país cumple con la justicia y que no procede sanción antes de ejercer el derecho a defensa.
El entramado se remonta a la sentencia de primera instancia de 2023, en la que la corte condenó a Argentina a pagar u$s16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF. La ofensiva actual de los fondos busca presionar sobre esa misma base, mientras el Gobierno intenta frenar el avance mediante apelaciones estratégicas.
Posibles sanciones y medidas de presión
Los fondos han advertido que podrían recurrir a multas, presunciones adversas e incluso cronogramas judiciales específicos si consideran que la información solicitada no se entrega en tiempo y forma.
En forma simultánea, los demandantes intentan sostener que organismos como el Banco Central, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas funcionan como una extensión directa del Estado argentino, una interpretación que habilitaría eventuales embargos sobre sus bienes para asegurar el cumplimiento del fallo. Desde el Gobierno descartan esa lectura y denuncian que se trata de una maniobra de presión y hostigamiento contra un Estado
Calendario judicial
El calendario judicial quedó establecido: luego del escrito que presentarán los demandantes, Argentina deberá contestar el 19 de febrero, mientras que la réplica está prevista para el 5 de marzo.
En una etapa posterior del proceso, y durante audiencias previstas para fines de marzo, la jueza Loretta Preska deberá resolver si se configura la figura de desacato y si corresponde aplicar las sanciones solicitadas.
El Gobierno descarta desacato y acusa a Burford de presionar a la Justicia
En el tramo final del 2025, el Gobierno argentino fijó una posición tajante sobre el juicio por la expropiación de YPF, el mayor litigio que enfrenta el país en el exterior. Frente a versiones que sugerían un posible desacato ante la Justicia de Estados Unidos, la Procuración del Tesoro de la Nación negó de manera categórica esa interpretación y aseguró que la Argentina actúa "conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley".
El pronunciamiento oficial llegó luego de que la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, aprobara un cronograma procesal para debatir un eventual desacato en la causa que impulsan Burford Capital y Eton Park, el fondo que financia la demanda contra el Estado argentino. Desde la defensa señalaron que ese calendario no implica ninguna sanción ni reconocimiento de incumplimiento, sino apenas un intercambio de escritos entre las partes a partir del 15 de enero.
Según la visión del Gobierno, las lecturas que instalaron la idea de un desacato consumado carecen de sustento jurídico y responden a una estrategia comunicacional de la parte demandante.
En la Procuración del Tesoro sostienen que Burford Capital intenta correr el eje de la discusión ante un escenario que consideran adverso para sus intereses. Como parte de ese argumento, mencionan que las acciones del fondo registraron una caída cercana al 29% en lo que va del año, un dato que explica la intensificación de la presión mediática y judicial.
Para el Gobierno, el cronograma aprobado por Preska no altera el estado del expediente ni implica una presunción de incumplimiento.