El Gobierno dio de baja otras cuatro prepagas y ya son 27 en lo que va de 2026
El Gobierno nacional dispuso la baja de cuatro empresas de medicina prepaga que se encontraban inscriptas de manera provisoria en el registro oficial. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y se enmarca en el proceso de revisión y depuración del padrón de prestadores del sistema de salud privado.
Con esta decisión, ya suman 27 las entidades dadas de baja en lo que va de 2026, mientras que el total asciende a 139 empresas excluidas desde el inicio de la actual administración, según datos oficiales del organismo de control.
Las empresas alcanzadas por la resolución
La resolución lleva la firma de la secretaria general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Silvia Noemí Viazzi, y establece la baja del registro provisorio para cuatro entidades. Se trata de la Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, la Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral S.A. y la Cámara de Tabaco de Misiones.
De acuerdo con el texto oficial, a estas empresas se les rechazó la inscripción definitiva en el registro correspondiente, por lo que ya no podrán operar como agentes del seguro de salud. La situación es similar a la de otras entidades que habían sido dadas de baja la semana anterior, también por encontrarse inscriptas sin registrar actividad efectiva.
El criterio aplicado por la Superintendencia
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud explicaron que las bajas forman parte de un proceso iniciado en 2024, que el Gobierno definió como un "reordenamiento" del sistema. El objetivo declarado es actualizar y depurar el registro de prepagas para contar con información precisa sobre los prestadores que efectivamente operan en el mercado.
Según indicaron fuentes del organismo, muchas de las entidades excluidas no presentaron padrones de afiliados, no acreditaron prestaciones vigentes ni aportaron la documentación contable exigida. En varios casos, se trataba de razones sociales que habían obtenido un número provisorio años atrás, pero que luego no completaron los requisitos necesarios para la habilitación definitiva.
Las auditorías incluyeron la verificación de afiliados, la revisión de balances y documentación administrativa, así como la constatación de la prestación efectiva de servicios médicos.
Más de 130 empresas fuera del registro desde el inicio de la gestión
Con las últimas resoluciones, el número total de entidades dadas de baja durante la actual gestión supera las 130 prepagas. En algunos casos, el Gobierno señaló que, además de la falta de actividad, se detectaron irregularidades administrativas y la ausencia total de presentaciones ante la Superintendencia.
Entre las empresas excluidas a lo largo de 2026 figuran mutuales, cooperativas, sociedades anónimas y obras sociales que, de acuerdo con los informes oficiales, no contaban con beneficiarios activos ni brindaban prestaciones al momento de las inspecciones.
Sin impacto sobre los afiliados
Uno de los puntos que el Gobierno buscó aclarar es que las bajas no afectan a los usuarios del sistema de salud privado. Desde la Superintendencia remarcaron que las entidades alcanzadas por las resoluciones no tenían afiliados registrados ni servicios en funcionamiento, por lo que la medida no implica interrupciones de cobertura ni traslados de beneficiarios.
En ese sentido, el organismo sostuvo que la eliminación de agentes inactivos permite mejorar el control y la supervisión del sistema, además de ofrecer un panorama más realista sobre la cantidad de prestadores que operan efectivamente en el mercado.
Continuidad del proceso de depuración
Funcionarios del área de salud señalaron que el proceso de revisión del registro continuará mientras se identifiquen entidades que no cumplan con los requisitos legales para operar como prepagas. El objetivo, indicaron, es avanzar hacia un registro transparente y actualizado, que sirva de base para futuras políticas vinculadas al sistema de salud.
Desde el sector también destacaron que contar con un padrón depurado es una condición necesaria para fortalecer los mecanismos de control y planificación. Según la Superintendencia, retirar del registro a empresas sin actividad contribuye a obtener datos más precisos y a reforzar la fiscalización sobre los prestadores que sí brindan servicios.