Mega empresario de Mar del Plata ocultó sus números por 26 años: la Justicia le exige multa millonaria

En Mar del Plata hay un póker de ases del empresariado. Reconocidos y premiados y, en algunos casos, no exentos de polémicas. Los cuatro empresarios marplatenses más reconocidos son: Martín Cabrales, de la industria y el café; Marcelo Diez, que se hizo millonario vendiendo pochoclo frente al mar; Víctor Tiburzi, el referente gastronómico de la Feliz; y Florencio Aldrey, cuyo imperio marplatense incluye medios de comunicación, hoteles de cinco estrellas, centros comerciales y negocios a nivel nacional.

Uno de los empresarios más grandes de Mar del Plata, bajo la lupa de la Justicia

Pues bien, por ese motivo, que una empresa del nonagenario patriarca de la familia Aldrey, con toda la experiencia empresarial a cuestas desde que llegó a la Argentina desde La Coruña den 1949, no haya presentado los estados financieros de una de sus empresas durante más de 25 años, llamó la atención de los inspectores de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Justicia cuando recibió el expediente por el que Aldrey decidió recurrir la sanción económica de la IGJ, organismo del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, encargado de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones con sede en la Ciudad de Buenos Aires, asegurando el cumplimiento de la ley y la protección de la fe pública, además de controlar ciertas operaciones financieras.

La empresa multada es Cintura Sociedad Anónima, Industrial, Comercial e Inmobiliaria. En el fallo judicial que ratifica las multas interpuestaas por las autoridades fiscalizadoras, se lee como antecedente de las actuaciones que, "se labraron a instancias de un informe del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales (de fecha 13.12.24), en el cual se dejó constancia que la sociedad Cintura Sociedad Anónima, Industrial, Comercial e Inmobiliaria adeudaba el pago de las tasas anuales desde el año 1999 a la fecha, como así también con la presentación de los Estados Contables exigibles desde 1998 a la fecha".

El fallo, al que accedió iProfesional, explica que, "como consecuencia de ello, con fecha 18.08.25, el Sr. Inspector General de Justicia impuso a la sumariada una sanción de $500.000 por cada uno de los estados contables adeudados en relación a los ejercicios finalizados el 30 de abril de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, totalizando la multa la suma de $5.000.000".

Además, intimó al pago de las tasas anuales correspondientes a los años faltantes, 2020 a 2022.

La sociedad controlada por Aldrey apeló la sanción, agraviándose de que se le haya impuesto una pena tan gravosa, sin antes haberla apercibido. En el expediente se desprende que "remarcó que su parte se encuentra realizando los trámites necesarios para regularizar la situación; que carece de antecedentes o que fue objeto de sanciones anteriores; que no ha actuado con dolo, malicia o intención fraudulenta y que no ha afectado, con su proceder, la actividad o la fiscalización a cargo del órgano de control".

La respuesta de la IGJ: advertencia para las demás empresas

La respuesta del organismo de control fue contundente al señalar que "en primer lugar, la falta de presentación de los Estados Contables y del pago de las tasas anuales constituye un incumplimiento objetivo de obligaciones legales y estatutarias impuestas a todas las sociedades sujetas a la fiscalización de la IGJ y no requiere la existencia de dolo, malicia o intención fraudulenta".

También aclaró que la LGS no establece un orden de prelación de las sanciones y que la sanción no es arbitraria ni desproporcionada y responde a la magnitud de las faltas cometidas, siendo una consecuencia legítima, razonable y necesaria ante una conducta renuente, reiterada y obstructiva, que afecta el orden y la transparencia registral y el interés público comprometido en el debido cumplimiento de las obligaciones por parte de las sociedades comerciales"

Se podría decir que la multa es modesta si, a modo comparativo, se pudieran aplicar los montos avalados por la Resolución N.º 166/2024 del Ministerio de Justicia, que elevó a $8.000.000 la cifra hasta la cual puede aplicarse la multa prevista.

Los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones, Héctor Osvaldo Chomer; Alfredo Kolliker Frers y el prosecretario, Pablo Caro, rechazaron las quejas de los representantes de la empresa multada y remarcaron que "de la presentación de estados contables surge que la sociedad en cuestión, como lo ha puntualizado la IGJ en su responde, ha reconocido su incumplimiento, es decir, que desde hace más de veintiséis (26) años no presenta aquella documentación. Y también ha reconocido no haber pagado las tasas anuales, debiendo incluso luego de ser intimada- las de los años 2020, 2021 y 2022. Tales extremos revelan no solo una reiterada que trasunta la falta de diligencia en el obrar del ente y sus administradores, sino también una total despreocupación por cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias cuya observancia le viene impuesta".

La empresa Cintura había sido nombrada en 2018 en un expediente de la UIF (Unidad de Información Financiera) que presidía entonces, Mariano Federici. 

Una operación de índole comercial entre Luis Alberto Peluffo, ex interventor de Loterías y Casino de la Pcia. de Buenos Aires, durante la gestión de Daniel Scioli y Florencio Aldrey Iglesias, que llamó la atención de los investigadores que van contra el lavado de activos, por un movimiento de fondos por la suma de $ 15.500.000, mediante el depósito de cheques en una cuenta corriente del Banco Julio S.A.

El nombre clave de esa maniobra investigada en su momento por la UIF fue el de Luis Alberto Peluffo. En círculos políticos se lo describió como uno de los "recaudadores de la campaña Scioli 2015" y como el hombre que "administraba en las sombras" durante la gestión posterior.

Peluso fue interventor del Instituto de Lotería y Casinos de la Pcia. de Buenos Aires, designado por Scioli, hasta su renuncia en junio de 2009, atento a diversas denuncias judiciales en su contra. Entre ellas, se lo denunció como integrante de una mesa de dinero para prestar efectivo a jugadores que apuestan grandes cantidades de dinero en el Casino Flotante "La Estrella de la Fortuna" y por presuntas irregularidades en torno a la entrega de 176 licencias de loterías a agencieros de la Provincia de Buenos Aires.

Historias financieras y judiciales de otros tiempos, con empresas que se repiten en algunos expedientes y descuidos administrativos, como la de no presentar estados financieros durante muchos años, que traen ecos de investigaciones de la UIF de la administración de Mauricio Macri.