Juicio por YPF: los demandantes reclaman información detallada sobre el oro del Banco Central

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la Justicia de Estados Unidos que la Argentina informe la ubicación, las cuentas y los movimientos de las reservas de oro del Banco Central. El pedido fue presentado ante la jueza Loretta A. Preska mediante una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio Levine Lee LLP, que representa a los demandantes, con Burford Capital como principal financiador del litigio.

La solicitud se vincula con presuntos incumplimientos de órdenes judiciales dictadas en agosto de 2025, en el marco de la ejecución de la sentencia de fondo por u$s16.100 millones.

Denuncia de incumplimientos y ocultamiento de activos

En la presentación, los abogados sostuvieron que la Argentina no produjo un testigo calificado para declarar sobre su patrimonio, lo que interpretan como parte de una estrategia para evadir el pago del fallo. Afirmaron que esta conducta incluiría la ocultación de más de u$s1.000 millones en reservas de oro, y señalaron que la falta de información es "grave y continua", con un perjuicio económico mayor debido al reciente máximo histórico del precio del metal.

El escrito indica que funcionarios de alto rango tendrían acceso directo a los datos requeridos. En particular, menciona al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, al señalar que ambos mantienen contacto frecuente y contarían con información sobre el traslado de los activos.

Pedidos al tribunal

Ante esta situación, los demandantes solicitaron que la jueza ordene a la República presentar de inmediato una declaración jurada con el detalle del oro. En caso de que el Gobierno alegue no tener acceso a la información del Banco Central, pidieron la realización de una audiencia probatoria con testimonio de funcionarios con conocimiento directo, además del pago de honorarios legales por la presunta conducta obstructiva.

Hace unos días, además, presentaron un pedido formal para que la Argentina sea declarada en desacato ante los tribunales de Nueva York y solicitaron que se le apliquen sanciones al Estado argentino. La solicitud realizada por los abogados de Petersen y Eton Park, con el financiamiento de Burford Capital fue dirigida a la jueza Preska y se enmarca en el proceso judicial iniciado por la expropiación de la petrolera en 2012. El Estado argentino enfrenta una sentencia adversa por u$s16.100 millones, más intereses acumulados desde septiembre de 2023.

Según los acreedores, la Argentina incumplió de manera deliberada las órdenes de discovery dictadas por el tribunal, que exigían la entrega de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de funcionarios vinculados a los equipos económicos de Luis Caputo y Sergio Massa.

Entre las sanciones solicitadas, el principal pedido es la declaración de desacato por incumplimiento de una orden judicial. Además, reclamaron la imposición de una multa coercitiva de al menos u$s1 millón diario, el pago de honorarios y costos legales, y la posibilidad de convocar a audiencias con testigos en vivo, incluidos funcionarios, si el país insiste en que no puede acceder a determinadas comunicaciones.

Otro punto central del planteo es que el tribunal considere que entidades como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas forman parte del Estado argentino. En ese marco, los demandantes sostienen que las comunicaciones "off-channel" respaldan la condición de alter ego de esas empresas y organismos.