Moratoria previsional vigente: requisitos y cómo acceder a la jubilación, según Ley 24.476

El sistema previsional argentino se encuentra en una etapa de redefinición tras la finalización de uno de los principales mecanismos que, durante años, permitió ampliar el acceso a la jubilación. El 23 de marzo de 2025, el Poder Ejecutivo nacional puso fin a la última moratoria previsional de alcance general administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sin embargo, continúa vigente un régimen permanente de regularización de aportes contemplado en la Ley 24.476, que hoy se presenta como la principal herramienta disponible para quienes no alcanzan los 30 años de aportes exigidos.

La Ley 24.476 establece un sistema de "compra de años faltantes de servicios" para períodos no registrados comprendidos entre el 1° de enero de 1955 y el 30 de septiembre de 1993. A diferencia de la moratoria finalizada en marzo de 2025, este régimen no es automático ni universal, ya que exige el cumplimiento de estrictos requisitos socioeconómicos y patrimoniales. Aun así, sigue siendo una vía habilitada por ANSES para acceder a una jubilación ordinaria mediante planes de pago en cuotas o cancelación al contado.

Durante las últimas décadas, las moratorias previsionales funcionaron como una herramienta clave para facilitar el acceso al sistema jubilatorio a personas con trayectorias laborales atravesadas por la informalidad, el desempleo o la discontinuidad en los aportes. Miles de argentinos lograron jubilarse gracias a estos mecanismos, que permitían regularizar años de aportes faltantes y cumplir con los requisitos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Con la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar la última moratoria amplia, el escenario cambió de manera significativa. Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que no habrá un reemplazo directo del régimen de pago de deuda previsional ni se abrirán nuevos planes masivos de regularización. En este contexto, la moratoria prevista por la Ley 24.476 adquiere un rol central, aunque con un alcance mucho más limitado.

Qué ocurre tras el fin de la moratoria general

A partir de la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025, las personas que alcanzan la edad jubilatoria sin haber completado los 30 años de aportes ya no pueden acceder de manera automática a una jubilación ordinaria. Esto obliga a evaluar alternativas que, en la práctica, resultan más restrictivas.

Una de las opciones disponibles es continuar trabajando en la economía formal hasta completar los años de aportes faltantes. No obstante, esta posibilidad suele ser poco realista para muchos adultos mayores, ya sea por dificultades para conseguir empleo, por razones de salud o por la propia edad.

Otra alternativa es el pago de los aportes faltantes al contado mediante la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP). Este mecanismo permite regularizar períodos no aportados sin necesidad de cuotas, pero implica un desembolso elevado. Con valores actualizados a fines de 2025, el costo mensual por cada mes de aporte ronda entre $32.500 y $33.300, lo que convierte a esta opción en una solución inaccesible para gran parte de la población.

Por ejemplo, regularizar cinco años completos de aportes puede demandar cerca de dos millones de pesos, mientras que adquirir diez años puede superar ampliamente los $3.900.000, dependiendo de las actualizaciones vigentes al momento del trámite.

La PUAM como alternativa no contributiva

Para quienes no logran completar los aportes requeridos ni acceder a la moratoria vigente, la principal alternativa es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata de un beneficio no contributivo destinado a personas de 65 años o más que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

La PUAM equivale aproximadamente al 80% de la jubilación mínima. No genera derecho a pensión por fallecimiento ni a incrementos por aportes adicionales y está sujeta a controles de ingresos y patrimonio. A diferencia de la jubilación ordinaria, no requiere años de aportes previos, pero sí el cumplimiento de requisitos socioeconómicos estrictos.

La moratoria previsional vigente bajo la Ley 24.476

Pese al cierre de la moratoria más amplia, ANSES mantiene habilitada la posibilidad de iniciar trámites bajo la Ley 24.476, que continúa vigente como régimen permanente. Este esquema permite regularizar aportes no registrados correspondientes a períodos anteriores a octubre de 1993, mediante un plan de hasta 60 cuotas o mediante pago al contado.

ANSES conserva activa la asignación de turnos para iniciar el trámite, lo que habilita a personas en edad jubilatoria a evaluar si cumplen con los requisitos exigidos. Por ejemplo, una mujer que haya cumplido 60 años en 2024 puede adquirir aportes no registrados bajo este régimen, siempre que supere la evaluación socioeconómica y patrimonial.

Requisitos para acceder a la moratoria de la Ley 24.476

El requisito central para acceder a esta moratoria es aprobar la evaluación socioeconómica. Los parámetros se basan en los criterios del Régimen de Asignaciones Familiares establecidos por la Ley 24.714 y la Resolución 32/18. Actualmente, el ingreso mensual del solicitante no debe superar el tope que habilita el cobro de asignaciones familiares.

En cuanto al patrimonio, se analiza el valor de los inmuebles declarados y los bienes declarados ante la AFIP, los registros automotores, la Administración Nacional de Aviación Civil y la Prefectura Naval Argentina.

También se evalúan los consumos con tarjetas de crédito y débito durante los últimos 12 meses. El promedio mensual de gastos no puede superar el 80% del ingreso máximo permitido para asignaciones familiares. Asimismo, no se admite la tenencia de aeronaves, embarcaciones de más de nueve metros de eslora ni vehículos de alto valor, con excepción de maquinaria agrícola.

En este nuevo escenario, la moratoria previsional prevista por la Ley 24.476 se consolida como la última vía activa para regularizar aportes y acceder a una jubilación ordinaria, aunque bajo criterios más restrictivos y focalizados que los regímenes que rigieron hasta marzo de 2025.