Procesaron a Ornella Calvete en la causa ANDIS y no podrá recuperar los u$s700.000 que no pudo justificar
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La Justicia federal procesó este lunes a Ornella Calvete en la causa que investiga un presunto entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La exfuncionaria del Ministerio de Economía fue considerada partícipe necesaria de las maniobras que, según la investigación, se desplegaron desde diciembre de 2023. Aunque no quedará detenida, no podrá recuperar los casi 700.000 dólares, cerca de 20 millones de pesos y 1.960 euros que la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró en su domicilio.
Calvete fue procesada junto a su padre, Miguel Ángel Calvete, y otros 17 acusados. El juez federal Sebastián Casanello también ordenó un embargo preventivo por más de 94.000 millones de pesos, al considerar acreditada su participación activa en la estructura investigada.
El allanamiento en Puerto Madero y el hallazgo del efectivo
La causa tuvo uno de sus momentos clave el 9 de octubre, cuando Casanello ordenó una serie de allanamientos a pedido del fiscal Franco Picardi. Uno de ellos se realizó en un lujoso departamento del piso 34 de una torre de Puerto Madero, donde residía Ornella Calvete.
Durante el procedimiento, los efectivos de la PFA revisaron cada ambiente del inmueble. El dinero fue hallado oculto entre cajas de relojes de alta gama, habanos y prendas de vestir. Según declaró la imputada ante la Justicia, ese efectivo "nunca estuvo bajo su disposición ni administración", una explicación que fue descartada por los investigadores.
Pocos días después del operativo, Calvete renunció a su cargo como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio.
El rol que le atribuye la Fiscalía en la estructura investigada
De acuerdo con el dictamen fiscal, Ornella Calvete cumplió un rol operativo clave dentro del grupo. Para Picardi, utilizó su posición dentro del Estado para obtener y canalizar información sensible, que luego era aprovechada por los intereses económicos de su padre.
Antes incluso de ser designada formalmente, y tras la asunción del presidente Javier Milei, Calvete habría realizado averiguaciones internas sobre la ANDIS, en especial sobre la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y el programa Incluir Salud. Los mensajes recuperados de su teléfono revelan consultas directas y comentarios sobre internas políticas vinculadas a la conducción del organismo.
Información privilegiada y negocios paralelos
Ya en funciones, la exdirectora habría accedido a bases de datos oficiales para elaborar listados de empresas importadoras y potenciales clientes. Uno de los episodios más comprometidos se registró el 12 de mayo de 2025, cuando Miguel Ángel Calvete le pidió por WhatsApp el "listado de empresas compradoras en Argentina".
Ornella respondió enviando un archivo con información detallada extraída de registros oficiales. Según los investigadores, esos datos no estaban vinculados con la actividad sanitaria de la ANDIS, sino con otras líneas de negocio del empresario, como el mercado de fertilizantes y agroquímicos.
Para la Justicia, existió una "mancomunión de intereses" entre padre e hija para obtener beneficios económicos a partir de distintas actividades, más allá del sistema de salud.
Chats comprometedores y el uso de "nombres de fantasía"
El análisis de las comunicaciones también reveló conversaciones en las que Ornella discutía con su padre la necesidad de utilizar nombres de fantasía para las empresas, con el objetivo de ocultar la verdadera titularidad de los negocios.
En septiembre de 2025, cuando el escándalo ya había estallado públicamente, la exfuncionaria alertó a su padre sobre la presencia de 15 policías en su edificio. Ante el temor de un allanamiento, le consultó si era posible justificar el dinero que tenía en su casa y preguntó si la empresa Indecomm contaba con "cash blanco".
Contrataciones estatales y desvío de fondos públicos
La investigación también detectó que Ornella Calvete habría facilitado la contratación de personas vinculadas al grupo en distintos programas estatales. Entre ellas figuran Patricia Canavesio y Ruth Lozano, colaboradoras de su padre, que facturaron cerca de 45 millones de pesos al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina.
Según la acusación, estas maniobras permitieron diversificar las fuentes de ingresos del grupo a costa del erario público, utilizando la influencia política de la imputada para asegurar pagos y designaciones.
La defensa y la situación procesal
En un descargo escrito presentado en diciembre, Ornella Calvete negó haber integrado sociedades, gestionado contrataciones o mantenido vínculos comerciales con las empresas investigadas. Aseguró que los chats fueron "malinterpretados" y que no guardan relación con maniobras delictivas.
Sin embargo, para el juez Casanello, las pruebas reunidas hasta el momento son suficientes para sostener que conocía la ilegalidad de las operaciones y colaboró activamente con la estructura liderada por su padre, quien ya cumple condena por una causa previa.
La causa ANDIS continúa avanzando y se esperan nuevas resoluciones judiciales sobre el resto de los imputados en las próximas semanas.