Diputados ya debate el nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados inició una sesión extraordinaria en la que el oficialismo buscará avanzar con la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, con el acompañamiento de bloques dialoguistas. Se trata de una iniciativa debatida durante años que, hasta ahora, no había llegado al recinto para su tratamiento definitivo.

El quórum de 129 legisladores se alcanzó con la presencia de 95 diputados de La Libertad Avanza; 20 del interbloque Fuerza del Cambio -integrado por 10 del PRO, 6 de la UCR, 2 del MID, además de Karina Banfi y José Luis Garrido-; 7 representantes de Innovación Federal (salteños y misioneros); 3 tucumanos del bloque Independencia; 3 catamarqueños de Elijo Catamarca; y la diputada Lourdes Arrieta, única integrante del interbloque Unidos que participó del inicio de la sesión.

Los proyectos vinculados al régimen penal juvenil fueron debatidos durante 2024 y parte de 2025, pero no habían prosperado por falta de votos. Con la nueva composición de la Cámara y tras un reciente caso de alto impacto público -el crimen de Jeremías Monzón- el Poder Ejecutivo retomó la iniciativa e incluyó el tema en el temario de extraordinarias. La madre del joven asesinado estuvo presente en el Congreso durante el debate.

Según estimaciones realizadas en la reunión de Labor Parlamentaria, se prevé que el tratamiento del régimen penal juvenil demande alrededor de 10 horas de debate, además de más de veinte cuestiones de privilegio.

Cambios en el dictamen y asignación presupuestaria

Durante esta semana se constituyeron las cuatro comisiones que intervinieron en el análisis del proyecto y el miércoles se firmó dictamen, tomando como base el despacho emitido el año pasado.

A diferencia de aquella versión, el texto actual incorpora una previsión presupuestaria específica para la implementación de la ley. El dictamen contempla partidas estimadas en $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.519 de la Defensoría General de la Nación.

A pedido de sectores dialoguistas, el articulado establece que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración para garantizar el cumplimiento del régimen. Esos acuerdos podrán incluir el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en jurisdicciones distintas a la propia, con el objetivo de que el Estado nacional asuma parte de los costos de adecuación de los sistemas provinciales.

Baja de la edad de imputabilidad

El punto central del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La propuesta original del Gobierno contemplaba los 13 años, pero el consenso alcanzado fijó el límite en 14.

La iniciativa prevé además medidas complementarias como programas educativos, laborales y recreativos. Para delitos con penas de hasta 3 años y para aquellos con penas de entre 3 y 10 años que no incluyan homicidio ni lesiones graves, se podrán aplicar sanciones alternativas antes de recurrir a la privación de la libertad.

En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos, en establecimientos especializados de detención o en secciones separadas dentro de unidades penitenciarias, siempre diferenciadas de la población adulta. El plazo máximo de prisión para adolescentes se fijó en 15 años, por debajo de los 20 años que proponía inicialmente el Poder Ejecutivo.

El proyecto también regula la figura del "supervisor", establece principios para los institutos especializados de detención y contempla disposiciones vinculadas a la salud y la reinserción social.

También en agenda: Acuerdo Mercosur–Unión Europea

En el mismo temario de la sesión se incluyó el proyecto para la aprobación del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, suscripto el 17 de enero en Asunción. La iniciativa ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur.

En los fundamentos enviados al Congreso, el Gobierno señaló que el acuerdo busca establecer un marco comercial "moderno y mutuamente ventajoso", reducir barreras arancelarias y no arancelarias, promover la integración en cadenas globales de valor y generar un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico.

Según el Poder Ejecutivo, el tratado permitirá que Argentina consolide una red de instrumentos comerciales que la vinculen con más del 30% del PBI mundial y acceda a un mercado de más de 450 millones de personas, con potencial impacto en las exportaciones de bienes y servicios.