Cómo frenar embargos, renegociar deudas y evitar la quiebra con una herramienta legal clave
El concurso preventivo de acreedores es un proceso judicial regulado por la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras que permite a una empresa que se encuentra en estado de cesación de pagos -es decir, que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles- solicitar formalmente la protección de la justicia para reorganizar su pasivo y evitar la quiebra.
Conforme a los artículos 1 y 5 de la ley, es el propio deudor quien debe presentarse ante el juez competente cuando advierte que su situación financiera le impide afrontar normalmente sus compromisos. No se trata de una declaración automática de quiebra, sino de un mecanismo preventivo orientado a la reestructuración.
Una vez que el juez declara abierto el concurso (arts. 14 y 16), se suspenden las ejecuciones individuales, embargos y medidas cautelares en trámite, y todos los acreedores -bancos, proveedores, organismos fiscales y trabajadores- deben verificar sus créditos dentro del proceso (art. 32). Esto centraliza la negociación y evita que cada acreedor avance por su cuenta, desordenando la situación patrimonial de la empresa.
Posteriormente se abre el denominado período de exclusividad (art. 43), durante el cual la empresa tiene la posibilidad de negociar un acuerdo preventivo con sus acreedores. Ese acuerdo puede contemplar quitas, esperas, refinanciaciones o reestructuraciones integrales del pasivo, siempre bajo control judicial y con la intervención de un síndico designado por el tribunal.
Si el acuerdo obtiene las mayorías legales y es homologado por el juez, resulta obligatorio para todos los acreedores comprendidos, incluso para aquellos que no hayan votado a favor. De este modo, el concurso preventivo se convierte en una herramienta legal que permite ordenar la crisis, preservar la continuidad operativa, proteger el empleo y evitar la liquidación forzada que implicaría una quiebra.
Qué implica el concurso preventivo
La empresa que no puede afrontar sus pagos en tiempo y forma, ya sea por falta de liquidez o porque el volumen de pasivos supera su capacidad real de cumplimiento, puede solicitar ante el juzgado comercial competente la apertura de su concurso preventivo. Este paso no es una quiebra, sino una decisión estratégica para ordenar la crisis dentro de un marco legal.
Una vez que el juez admite la presentación y declara abierto el concurso, se produce un efecto central: se suspenden las ejecuciones individuales, los embargos y los procesos de cobro en trámite. Esto significa que ningún acreedor puede avanzar por su cuenta fuera del expediente concursal. La empresa obtiene así una protección judicial que le da tiempo y previsibilidad.
En paralelo, se designa un síndico, que es un auxiliar del tribunal encargado de analizar la situación patrimonial de la empresa, verificar los créditos y controlar el proceso. A partir de ese momento se abre el período de exclusividad, durante el cual la empresa negocia con sus acreedores un acuerdo preventivo que puede incluir quitas de capital, reducción de intereses, refinanciaciones o plazos de pago extendidos.
Si el acuerdo alcanza las mayorías legales previstas por la ley y el juez lo homologa, el plan de pagos se vuelve obligatorio para todos los acreedores comprendidos, incluso para quienes no hayan prestado conformidad.
Por qué es útil para empresas en crisis
El concurso preventivo funciona como una pausa legal ordenada. Detiene el avance de embargos, remates y ejecuciones que, en un escenario de crisis, pueden desmembrar rápidamente el patrimonio de la empresa y hacer inviable cualquier recuperación.
Al centralizar todos los reclamos en un único proceso judicial, se evita el caos de múltiples demandas simultáneas y se genera un espacio de negociación colectiva bajo supervisión del juez. Esto aumenta las posibilidades de preservar la actividad productiva, sostener contratos vigentes y mantener fuentes de trabajo.
A diferencia de la quiebra, donde el eje es la liquidación de bienes, el concurso preventivo tiene como objetivo la continuidad empresaria. Es una herramienta de reorganización, no de cierre.
Inclusión de deudas fiscales, bancarias y con proveedores
El concurso preventivo comprende la totalidad de los pasivos de la empresa al momento de su presentación. Esto incluye deudas fiscales con la AFIP y organismos provinciales, obligaciones financieras con bancos y entidades de crédito, y compromisos comerciales con proveedores y contratistas.
Todos estos acreedores deben verificar sus créditos dentro del expediente concursal. A partir de allí, la negociación se realiza de manera integral, bajo un único plan de reestructuración. Esto permite coordinar plazos y condiciones de pago de forma global, en lugar de enfrentar reclamos aislados y simultáneos que pueden agravar la situación financiera.
En términos prácticos, el concurso preventivo permite transformar una crisis desordenada en un proceso controlado, donde la empresa puede reorganizar sus deudas en condiciones realistas y con respaldo judicial, buscando sostener su continuidad en el mercado.
Problemática laboral y el contexto de la reforma laboral de febrero de 2026
Los créditos laborales -sueldos adeudados, indemnizaciones por despido, vacaciones, SAC y aportes y contribuciones- tienen un tratamiento diferencial dentro del concurso preventivo. La Ley 24.522 reconoce privilegios especiales y generales a favor de los trabajadores, lo que significa que ciertos créditos laborales tienen prioridad de cobro respecto de los acreedores comunes o quirografarios. Esta preferencia no desaparece por el hecho de que la empresa se presente en concurso: los trabajadores deben verificar sus créditos en el expediente, pero conservan el rango legal que la ley les otorga.
En términos prácticos, esto implica que el pasivo laboral no puede ser tratado como una deuda comercial más. El juez, el síndico y la propia empresa deben contemplar ese estatus privilegiado al momento de diseñar una propuesta de acuerdo. Además, los trabajadores pueden participar activamente en el proceso a través de la verificación individual de sus créditos y, en su caso, mediante representación sindical.
En cuanto al proyecto de reforma laboral aprobado el 19 de febrero de 2026 por la Cámara de Diputados, el mismo introduce modificaciones orientadas a flexibilizar las relaciones laborales, reducir determinados costos indemnizatorios y promover esquemas alternativos de contratación. Sus impulsores sostienen que estas medidas buscan fomentar el empleo formal y aliviar la carga estructural de las empresas, especialmente en contextos de crisis. Por su parte, distintos sectores sindicales han cuestionado la reforma por entender que podría implicar una reducción de derechos y una menor protección frente al despido.
Para una empresa en concurso preventivo, el impacto es relevante. Si el nuevo régimen reduce potenciales contingencias indemnizatorias o modifica el cálculo de ciertos créditos laborales, ello puede incidir directamente en la magnitud del pasivo laboral a verificar y, por ende, en la viabilidad del acuerdo preventivo. No obstante, mientras la normativa mantenga el sistema de privilegios en materia concursal, los créditos laborales seguirán teniendo preferencia dentro del orden de pago.
En consecuencia, la reforma laboral puede modificar la estructura futura de costos y contingencias, pero no elimina la necesidad de tratar el pasivo laboral con especial cautela dentro del concurso. Para las empresas en crisis, el análisis conjunto del régimen concursal y del nuevo marco laboral resulta determinante al momento de proyectar escenarios de reestructuración realistas y sostenibles.
Conclusión
El concurso preventivo es una herramienta jurídica diseñada para que las empresas que atraviesan dificultades económicas puedan ordenar y reestructurar integralmente sus deudas -fiscales, bancarias, comerciales y laborales- dentro de un proceso judicial controlado. No es una salida improvisada ni una declaración de fracaso, sino un mecanismo legal específico para reorganizar el pasivo, ganar previsibilidad y evitar la liquidación desordenada del patrimonio.
En lugar de enfrentar múltiples juicios, embargos y ejecuciones simultáneas, la empresa concentra todos los reclamos en un único expediente, negocia bajo reglas claras y propone un acuerdo global que, si es aprobado y homologado, resulta obligatorio para todos los acreedores alcanzados. Esto permite preservar la continuidad operativa, sostener contratos estratégicos y proteger puestos de trabajo.
En contextos de alta incertidumbre económica, presión fiscal creciente y cambios regulatorios en materia laboral, el concurso preventivo se convierte en una herramienta de estabilización. Sin este mecanismo, muchas empresas quedarían expuestas a quiebras inmediatas, con liquidaciones forzadas que destruyen valor económico, interrumpen cadenas de pago y generan pérdida masiva de empleo. El concurso, en cambio, ofrece una alternativa ordenada para reestructurar, recuperar equilibrio financiero y proyectar continuidad.