Helipuerto fantasma, un yate hundido y gastos inflados: la demanda contra el hijo de Alfredo Coto, dueño de supermercados Coto

Un grupo de propietarios de la torre Aston Martin Residences de Miami inició una demanda civil ante el Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade contra Germán Coto -CEO de G&G Business Development e hijo del empresario argentino Alfredo Coto- y otras personas vinculadas al desarrollo del edificio.

Según surge de la presentación judicial, a la que accedió este medio, la Asociación de Propietarios cuestiona la contratación de diversos servicios durante el período en que el desarrollador mantenía el control de la administración del consorcio. La demanda, de más de 400 páginas, plantea presuntas irregularidades en la contratación de servicios de conserjería, seguridad, limpieza y administración, que —de acuerdo con los demandantes— habrían sido adjudicados a sociedades vinculadas al desarrollador, sin procesos competitivos de selección ni adecuada divulgación de eventuales conflictos de interés.

Siempre conforme a lo expresado en la demanda -que aún no cuenta con sentencia firme ni resolución definitiva- los propietarios sostienen que las tarifas cobradas habrían sido superiores a valores de mercado y que la documentación respaldatoria resultaría insuficiente o incompleta. Los demandados, hasta el momento, no cuentan con condena alguna y mantienen intacto su derecho de defensa en el marco del proceso judicial en curso.

Entre los puntos controvertidos también se mencionan ciertos amenities que habrían sido anunciados durante la etapa de comercialización del proyecto —como servicio de embarcaciones, acceso a club de playa y helipuerto— cuya concreción, según la Asociación, no se habría materializado en los términos originalmente difundidos. Estos aspectos forman parte de la discusión judicial y deberán ser evaluados por el tribunal competente conforme la prueba que se produzca.

La torre, inaugurada en abril de 2024 tras varios años de construcción y en alianza con la marca Aston Martin, cuenta con 391 unidades residenciales. De acuerdo con información pública difundida en su momento, los valores de venta oscilaron entre aproximadamente u$s1,5 millones y u$s20 millones, con unidades especiales de valor superior.

El proceso se tramita ante la justicia estatal de Florida y, al tratarse de un litigio civil, será el tribunal quien determine si existieron o no incumplimientos contractuales o violaciones a deberes fiduciarios conforme a la normativa aplicable en ese estado.

Los detalles de la demanda contra la empresa del hijo de Alfredo Coto

El siguiente es un resumen de los reclamos presentados por la Asociación de Propietarios ante el Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, un tribunal estatal y civil para pleitos comerciales, que en caso de tener acogida favorable podría derivar en una condena civil.

• Servicios de conserjería: los propietarios denuncian que el 1 de marzo de 2025, días antes de la cesión de la administración del edificio, Scarinci, que por entonces integraba la Junta, firmó un contrato con International Booking, una de las empresas creadas por G&G para prestar esos servicios. "No existen actas de reunión que evidencien que haya tenido lugar una votación de la Junta Directiva para aprobar la ejecución de este contrato", señala la presentación judicial y agrega que "no existe evidencia de que Coto haya revelado un conflicto de interés". Considera además que "el contrato constituye una transacción de autocontratación indebida para cobrarle a la asociación servicios de "concierge" inflados, sobrevaluados e innecesarios".

Agrega que "cada factura presentada por International Booking incluye exactamente las mismas descripciones y rubros" y los servicios carecen de detalle. En abril del año pasado se logró la rescisión de ese contrato y en octubre, la firma demandó al consorcio por incumplimiento, lo que es calificado de "escandaloso" por los abogados del condominio.

• Servicios de seguridad: el 19 de abril de 2024, la Junta, también a través de Scarinci, contrató a Polter, sociedad controlada por Polo, otro allegado a Coto. "El contrato fue celebrado sin licitación competitiva, sin adecuada divulgación de conflictos y bajo circunstancias que favorecieron a sociedades vinculadas al desarrollador", asegura la demanda iniciada en la Justicia de Florida. Agrega que era una firma "sin experiencia previa, presencia en internet ni trayectoria, lo que la hacía no calificada para brindar seguridad a un condominio de este calibre ubicado en el centro de Miami".

Las facturas carecían de desgloses detallados de las horas trabajadas y se trasladaban a los residentes los cargos por uniformes y handies usados por los guardias. El actual presidente de la Junta de Propietarios y abogado Michael Diaz Jr. contó a iProfesional que también se habrían falsificado diferentes credenciales.

• Servicios de limpieza: la Asociación celebró el 10 de abril de 2024 un contrato con Cleaning Miami Florida LLC, que figura a cargo de María Elena Polo. Otra vez "no hubo licitación pública, votación ni reunión de la Junta Directiva", destaca la demanda. Al facturar, por ejemplo, la firma cobró por arreglos florales y letreros de piso mojado que no formaban parte del acuerdo, en tanto que facturó horas extras y excedentes de empleados que no están respaldados por ninguna documentación.
• Servicios de administración de propiedades: el 25 de abril de 2024, la Asociación contrató a la sociedad Riverside Alliance, que figura a nombre de Andrada. La demanda señala costos excesivos para el pago a empleados e intereses que no corresponderían, así como cargos por software y servicios de contabilidad a pesar de que ya se contaba con personal administrativo para realizar esas tareas.

En todos los casos, los abogados de la firma Haber Law indicaron, siempre según se consigna en la demanda, que "los contratos celebrados con entidades relacionadas al desarrollador fueron ejecutados en condiciones que beneficiaban indebidamente a Coto" y se firmaron "sin transparencia, sin competencia de precios y sin la debida divulgación de conflictos de interés".

"Las tarifas cobradas eran infladas y no reflejaban valores de mercado. Los registros financieros proporcionados a la Asociación eran incompletos y carecían de documentación de respaldo suficiente", señala la presentación efectuada por el estudio, que considera que estas maniobras constituirían "violaciones de la Ley de Condominios de Florida y de deberes fiduciarios".

Los otros reclamos de los propietarios están relacionados a la no entrega de amenities de lujo que habían sido prometidos durante la construcción y que podrían constituir "publicidad engañosa": 

• Servicio de embarcaciones
• Puerto propio
• Acceso al club de playa
• Helipuerto

Diaz Jr. contó que, cuando se adquirieron los apartamentos, G&G prometió un yate para llevar a los residentes hasta un club de playa, pero todos vieron cómo en una ocasión se hundió en el mar y no fue reemplazado. "Hoy se nos sigue cobrando por el mantenimiento del muelle", afirmó.

Sobre el helipuerto aseguró que "no dijeron nada a la comunidad ni a los nuevos compradores que habían suspendido su construcción y seguían vendiendo al público así. Para nosotros, eso fue intencional", sostuvo.

Tras la alianza con Aston Martin y unos siete años de construcción, la inauguración de la torre fue el 30 de abril de 2024. Asistieron los directivos de la compañía británica, la familia Coto y personalidades como el entonces alcalde de la ciudad, Francis Suárez.

La estructura del rascacielos se refleja en el entorno del puerto deportivo y los 391 propietarios o inquilinos tienen vistas impresionantes de la Bahía Biscayne, del río Miami y de la ciudad.

Según informó en su momento la marca de autos, las unidades fueron adquiridas por seguidores del estilo y filosofía de la firma. Incluso, 50 de los propietarios del edificio también son dueños de un vehículo y pagaron entre 1,5 y 20 millones de dólares por los condominios, salvo un tríplex del último piso cuyo valor era muy superior.