Fallo clave en Mar del Plata: automotrices deberán pagar 32 millones por entregar un auto nuevo con fallas
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2020/06/497704.jpg)
La Justicia civil de Mar del Plata condenó a tres empresas automotrices a pagar más de $32 millones a una consumidora que compró un vehículo 0km con fallas de fábrica. La sentencia consideró probado que la mujer quedó privada de su auto durante 74 días, debió gastar más de $1,2 millones en taxis y vio afectada su vida personal y laboral por la deficiente gestión de la garantía.
El caso se remonta al 8 de agosto de 2018, cuando la demandante adquirió el automóvil. Ya en el momento de la entrega, el vehículo presentaba defectos estéticos visibles y una falla en el motor.
El rodado fue retirado formalmente el 31 de agosto de ese año. Durante el viaje de regreso a su ciudad de residencia, surgieron nuevas fallas que pusieron en evidencia problemas más graves.
La compradora inició una demanda por daños y perjuicios, argumentando que el auto no solo tenía desperfectos desde el inicio, sino que el proceso de reparación se prolongó de forma injustificada y sin información clara.
Según el expediente, el vehículo debió ingresar a un taller oficial a pocos días de ser entregado. Permaneció fuera de circulación por más de dos meses.
Qué pasó con el concesionario y el taller de posventa
La propietaria del auto realizó múltiples gestiones ante el concesionario vendedor y el servicio técnico de posventa. Las respuestas que recibió fueron ambiguas y carecieron de precisión.
La falta de información concreta y la demora en la reparación la obligaron a recurrir a cartas documento. También realizó denuncias administrativas y participó de una mediación que no logró resolver el conflicto.
El juzgado analizó en detalle las pruebas documentales, pericias técnicas y testimonios presentados. El informe pericial mecánico concluyó que el vehículo tenía una falla grave en el sistema de combustión, que impedía el uso seguro del automóvil.
Además, se verificó la existencia de vicios en componentes electrónicos centrales. Entre ellos, el módulo PCM y el sistema ABS presentaban problemas de funcionamiento.
Cuánto gastó la consumidora mientras esperaba la reparación
Durante los 74 días que el auto estuvo inmovilizado, la mujer debió afrontar gastos extraordinarios para poder cumplir con sus obligaciones laborales.
La sentencia consideró probado que gastó más de $1.200.000 en servicios de taxi para trasladarse a su trabajo, ya que quedó sin medio de transporte propio durante más de dos meses.
El tribunal concluyó que estos gastos eran razonables frente a la privación de uso del automotor. Las empresas no lograron desvirtuar la razonabilidad de este reclamo.
El juez determinó que la gestión de la garantía fue deficitaria, tanto en términos de plazos como de calidad de atención. La red de proveedoras actuó como un bloque funcional.
La división interna de tareas entre concesionario, taller y fabricante no puede ser opuesta al consumidor. Por eso, la responsabilidad resultó solidaria entre las tres empresas.
Qué daño moral reconoció la Justicia
El fallo reconoció un daño moral de $7 millones. El tribunal constató que la situación afectó la tranquilidad, el proyecto de vida y la dignidad de la compradora.
La sentencia destacó que la incertidumbre y la falta de respuesta adecuada superaron el mero incumplimiento contractual. Se trató de una lesión a derechos fundamentales del consumidor.
La jueza fundamentó su decisión en las normas de defensa del consumidor y en el principio de protección frente a la asimetría informativa y técnica. La garantía legal no es solo un proceso de reparación, sino un deber de resultado que exige restituir el bien en condiciones de seguridad y en un plazo razonable.
Cuánto es la multa por daño punitivo que aplicó el tribunal
Como sanción adicional, el juzgado aplicó una multa por daño punitivo de $24,4 millones. Este monto equivale a 20 canastas básicas totales para un hogar tipo tres, según el valor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para agosto de 2025.
La resolución consideró que existió una conducta desaprensiva por parte de las empresas, que trasladaron los costos de la falla a la consumidora en lugar de asumir su responsabilidad de manera inmediata.
En cuanto a los defectos de chapa y pintura, el tribunal desestimó ese reclamo específico. No hubo pruebas concluyentes sobre la persistencia de esos daños al momento de la restitución del vehículo.
El juzgado rechazó el argumento defensivo de las empresas, que atribuía la demora a supuesta falta de cooperación de la usuaria. La sentencia remarcó que no existía constancia de que el auto estuviera disponible antes de la fecha acreditada.
La falta de documentación por parte de las proveedoras permitió presumir que la demora fue consecuencia de procesos internos propios. Las empresas no cumplieron con la carga probatoria que les correspondía.
Qué beneficios obtuvo la consumidora para acceder a la Justicia
El beneficio de justicia gratuita pedido por la consumidora fue admitido. Las empresas demandadas no lograron acreditar que la mujer tuviera solvencia suficiente para afrontar los costos del proceso.
La resolución dispuso que el acceso a la justicia en estos casos no puede estar condicionado a la capacidad de pago del reclamante. Se trata de un derecho fundamental reconocido constitucionalmente.
Las costas del juicio fueron impuestas a las demandadas. La sentencia ordenó notificar a organismos de defensa del consumidor y a la Inspección General de Justicia.
También dispuso la publicación del fallo en un diario local, con el objetivo de prevenir infracciones similares en el futuro y generar un efecto disuasivo en el sector automotriz.
El fallo analizó de manera pormenorizada el funcionamiento de la cadena de comercialización y posventa de vehículos nuevos. Subrayó la importancia de que proveedores y fabricantes cumplan con sus obligaciones legales de manera efectiva y transparente.
La resolución judicial remarcó que el tiempo del consumidor es un bien jurídico protegido. La garantía no puede convertirse en un "peaje" que perjudique al usuario, ni trasladar los riesgos del negocio a la parte más débil de la relación de consumo.