Fallo ejemplar: le pagaron 4 millones por error, los gastó y ahora debe devolverlos

El sistema administrativo de los organismos públicos suele estar bajo la lupa por su burocracia, pero en esta ocasión el foco se posó sobre un error humano con consecuencias judiciales. Una trabajadora del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo de Neuquén (IPVU) se encuentra en el centro de una disputa legal tras recibir en su cuenta sueldo una transferencia de cuatro millones de pesos que no le correspondía. El caso, que comenzó como un traspié de tesorería, escaló hasta los tribunales civiles donde se determinó la responsabilidad de la agente.

La situación se originó cuando la Dirección de Tesorería del ente provincial realizó el depósito millonario por una semejanza de apellidos entre la empleada y el destinatario real del pago. Lo que inicialmente pudo ser un trámite de devolución voluntaria se transformó en un conflicto cuando, al ser contactada por sus superiores, la mujer manifestó desconocer el origen del dinero y postergó cualquier explicación alegando estar ocupada. En instancias posteriores, llegó a argumentar que supuso que el monto formaba parte de un juicio ganado y que ya lo había utilizado para la compra de un terreno.

Fallo judicial y la obligación de restituir los fondos

El juez Martín Peliquero, a cargo de la causa, fue determinante en su resolución al considerar que existió un empobrecimiento involuntario del IPVU y un incremento patrimonial injustificado por parte de la demandada. Según el magistrado, no existía ninguna causa jurídica que habilitara la percepción de esos fondos, enmarcando el hecho bajo la figura de enriquecimiento sin causa, tal como lo establecen los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial de la Nación.

A pesar de que en el fuero penal la empleada fue sobreseída por la extinción de la acción tras pagar una multa mínima por expropiación de cosa ajena, la justicia civil avanzó sobre la reparación del daño patrimonial. El juez explicó que el análisis del caso se basó en hechos que no fueron controvertidos: la transferencia por error, el conocimiento inmediato de la trabajadora sobre la equivocación y su negativa inicial a restituir la suma, sumado a los movimientos bancarios que realizó con ese dinero.

Por su parte, la defensa de la mujer intentó sostener que no hubo dolo ni intención de apropiación indebida. Atribuyó la imposibilidad de devolver el dinero de forma inmediata a su delicada situación económica y a su posterior exoneración del cargo. No obstante, el fallo judicial reafirmó que la obligación de devolver el capital es ineludible, aunque la demandada solicitó una reducción en los intereses y que se descuenten las retenciones que ya se le practicaron sobre sus haberes anteriormente.

Los alcances del enriquecimiento sin causa en la administración

Este tipo de resoluciones judiciales sienta un precedente sobre la responsabilidad de los particulares y empleados públicos ante errores administrativos del Estado. La figura del enriquecimiento sin causa requiere, para su procedencia, que se verifique un beneficio patrimonial de una parte a costa del perjuicio de otra sin que medie una ley o contrato que lo avale. En este caso, la coincidencia de nombres no fue motivo suficiente para que la empleada pudiera disponer de los cuatro millones de pesos como propios.

La sentencia no solo obliga a la devolución del monto original, sino que pone el foco en la conducta de la agente tras detectar el saldo a favor en su cuenta. La Justicia valoró que la trabajadora realizó extracciones y movimientos posteriores al depósito, lo que demostró una disposición activa de un dinero que sabía que no era producto de sus haberes mensuales ni de ninguna compensación oficial documentada. Ahora, el proceso entra en la etapa de ejecución, donde se deberá determinar el esquema de pagos para que el organismo recupere los fondos públicos.