Otro gremio fue a la justicia para reclamar la inconstitucionalidad la Ley de Modernización Laboral
Con la aprobación de la Ley de Modernización Laboral en el Congreso, la disputa entre el gobierno y los sindicatos pasó a los Tribunales, con la Confederación General del Trabajo (CGT) como punta de lanza. Hasta el momento se le podrían computar una derrota y una victoria en esta guerra que parece de largo aliento, "salvo que intervenga la Corte Suprema para decidir quién es el ganador", coinciden tanto abogados laboralistas como constitucionalistas.
A los reclamos judiciales planteados por la central obrera, se sumó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la seccional Neuquén de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE), se sumó la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM) que presentó una acción de amparo solicitando la inconstitucionalidad de la Ley.
Exigen resguardar las condiciones laborales
La demanda del sindicato consideró "lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales que protegen a los trabajadores frente al poder del empleador" y remarcó que la medida busca resguardar las condiciones laborales y los derechos colectivos de los visitadores médicos, "en medio de un escenario de fuerte debate sobre las reformas laborales en el país", indicaron.
En un comunicado, ratificó su compromiso con la defensa de los trabajadores del sector y adelantaron que "continuaremos impulsando acciones gremiales, legales y de organización para enfrentar lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales", al tiempo que advirtió que "con este proyecto volvemos a 1800 y se pretende extender al conjunto de los trabajadores un modelo que en nuestro sector ya demostró ser profundamente perjudicial"
Para los visitadores médicos, la nueva ley "restringe el derecho de huelga para los trabajadores de los denominados servicios esenciales, categoría que incluye a los profesionales de la salud", agregando que "estas limitaciones, junto con la facultad otorgada a los empleadores para despedir con causa a quienes participen en medidas de fuerza, afectan de manera directa la capacidad de organización y reclamo colectivo, vulnerando convenios internacionales de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que Argentina adhiere".
Sostienen que se desnaturaliza la Ley de Contrato de Trabajo
En el documento, la organización gremial apuntó que "no solo desnaturaliza la Ley de Contrato de Trabajo, sino que además legaliza mecanismos de fraude laboral largamente utilizados en el sector, como la facturación periódica, la figura del "colaborador" sin derechos laborales y la tercerización encubierta" y manifestó que "estas prácticas ya existen y dañan al sistema de salud. Legalizarlas implica institucionalizar la precarización".
Manifestó que "no se trata de una discusión partidaria, sino de una posición basada en la experiencia concreta de quienes sostienen el sistema de salud" y destacó que "los profesionales médicos tienen autoridad para decir que flexibilizar las relaciones laborales no mejora la vida de un país; por el contrario, profundiza las desigualdades y debilita el derecho al trabajo digno".
En este sentido, planteó que los derechos laborales existen y están consagrados por ley. "Que hoy no se cumplan en muchos casos no justifica su eliminación, sino que demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y profundizar los reclamos colectivos".
Cuáles son los sindicatos que fueron a la justicia, además de CGT
La CGT presentó una demanda través del fuero Contencioso Administrativo Federal, con un planteo de nulidad e invalidez constitucional, objetando los artículos 90 y 91 de la ley nacional, los cuales establecen el convenio de transferencia de la justicia laboral desde el ámbito nacional hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 rechazó la cautelar, explicando que se trata de un recurso "excepcional" que no puede coincidir con el objeto final del reclamo.
También consideró que no se verificó un "peligro en la demora" ni la existencia de un "perjuicio irreparable" inmediato que justificara suspender la ley antes de la sentencia definitiva. No obstante, el trámite continúa y el Estado tiene un plazo de cinco días para presentar su informe de descargo.
En tanto, los pilotos liderados por Pablo Biró hicieron foco en la afectación de los derechos colectivos, frente a una "manifiesta inconstitucionalidad" al limitar el derecho a huelga y la realización de asambleas, pilares de la actividad aerocomercial y sindical. Por su parte, los estatales neuquinos fundamentaron el pedido de inconstitucionalidad señalando que la ley actual es una reedición de puntos ya invalidados judicialmente en el DNU 70/2023.
En realidad, quien primero fue a la justicia fue la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) quien cuestionó la constitucionalidad de distintos puntos de la nueva ley, aclarando que "no se trata de una discusión política. Se trata de una discusión constitucional" y agregó que "el artículo 14 bis de nuestra Constitución protege derechos fundamentales que consideramos se encuentran vulnerados por la legislación aprobada".