Es influencer del agro y lloró en Instagram porque le habían robado 190 animales: la causa dio un giro sorprendente

Todo comenzó con una denuncia que rápidamente escaló en las redes y en el ambiente agropecuario. El influencer y productor Bruno Riboldi, conocido como La Joya Agro, aseguró que le habían desaparecido casi 200 animales en campos del sur santafesino. La cifra inicial rondaba los 190 vacunos y el propio damnificado expuso el caso públicamente, sorprendido por lo ocurrido.

El planteo inicial fue que se trataba de un robo de hacienda, o al menos "desaparición". Los animales, según esa primera versión, estaban bajo un esquema de pastaje en campos de terceros y, al momento de ser requeridos, ya no estaban. La denuncia encendió alarmas en un sector donde la trazabilidad del ganado y la confianza en las relaciones comerciales son claves.

Sin embargo, el caso dio un giro relevante pocas horas después. Parte de esa hacienda fue localizada en otro campo de Chabás. La novedad es que los animales no habían desaparecido sin dejar rastro, sino que estaban dentro del circuito formal, con registros de movimiento y, en apariencia, integrados a una operación comercial. Además, fue el propio dueño del campo donde aparecieron quien llamó a las autoridades y avisó que los vacunos que buscaban estaban en su establecimiento, que él los había comprado.

Ese hallazgo cambió el eje del conflicto. Ya no se trataba únicamente de ubicar los animales, sino de entender cómo habían salido de su lugar original y bajo qué condiciones habían sido vendidos.

Un ex socio bajo la lupa y el cambio en la carátula judicial

A medida que avanzó la investigación, surgió el nombre de otro productor agropecuario, vinculado a la operatoria de esos animales: Nicolás Coscia. Sobre él recayeron las primeras sospechas formales, en un contexto que también incluía antecedentes de deudas significativas.

Coscia era amigo y socio de Riboldi, incluso fueron cuñados. Por motivos de sequía en el campo familiar de Tornquist, Buenos Aires, donde la familia del influencer cría vacunos, hubo que trasladarlos a otro establecimiento. Coscia administra tierras de su tío en Santa Teresa, Santa Fe, con mejores condiciones de pasto para engordar animales. Allí fueron a parar a mediados de diciembre. La cuestión es que la venta de esas 163 cabezas las realizó Coscia, dueño del campo y no de las vacas, lo que encendió las denuncias del famoso instagramer.

Así, la causa comenzó a correrse del terreno del robo clásico hacia una figura más compleja. La Justicia terminó imputando a Coscia por el delito de defraudación por abuso de confianza. Esa calificación implica un cambio sustancial, ya que no se trataría de un robo violento o clandestino, sino de una maniobra en el marco de una relación previa entre las partes.

En paralelo, se consolidó un dato clave: los animales estaban. El problema ya no era su paradero, sino la legalidad de la operación que los había puesto en circulación.

El productor que compró de buena fe y una consignataria en el medio

En el circuito comercial de hacienda, las transacciones suelen apoyarse en la confianza y en intermediaciones formales, como las consignatarias. Si el comprador no tenía elementos para sospechar irregularidades, el conflicto se traslada hacia los eslabones previos de la cadena.

Así, el caso dejó de ser bilateral para convertirse en una trama con múltiples actores: el denunciante original, quien habría dispuesto de los animales, el comprador final y los intermediarios.

En ese entramado, la consignataria que intervino en la operación tomó una postura pública. Lejos de asumir un rol pasivo, aseguró ser la principal damnificada por lo ocurrido.

Su argumento central es que actuó dentro de los procedimientos habituales del negocio, sin contar con información que indicara irregularidades sobre el origen de los animales o la legitimidad de la venta. Desde esa perspectiva, la firma se presenta como un intermediario que también habría sido afectado por una operación que terminó judicializada.

Este punto es sensible dentro del mercado ganadero. Las consignatarias cumplen un rol clave en la articulación de operaciones y su credibilidad es un activo fundamental. Por eso, el posicionamiento de la empresa no solo busca despegar responsabilidades, sino también preservar su reputación en un sistema donde la palabra sigue siendo determinante.

La versión de La Joya Agro: venta sin autorización

Con los animales identificados y el expediente en marcha, el influencer sostuvo su postura inicial, aunque con matices. En su reconstrucción de los hechos, fue víctima de un intento de robo por parte de una persona de su confianza, que le brindaba el servicio de pastaje.

Desde su mirada, nunca existió una autorización válida para vender la hacienda. La salida de los animales del campo y su posterior comercialización constituyen, en su interpretación, una maniobra indebida.

El foco de su reclamo se mantiene en la falta de consentimiento para esa operación. Aun cuando los animales aparecieron, la disputa se centra en cómo y por qué fueron vendidos.

La versión de Nicolás Coscia: orden directa del denunciante

Del otro lado, Nicolás Coscia ofreció una explicación completamente distinta. Según su versión, existía una relación previa con el influencer, que se remontaba a varios años, y fue el propio dueño de la hacienda quien le habría dado la orden de vender los animales.

El argumento introduce un elemento clave: la necesidad económica. De acuerdo con este planteo, la venta respondió a una urgencia financiera del denunciante, y no a una maniobra unilateral.

La diferencia entre ambas versiones es total. Mientras uno habla de una disposición no autorizada de la hacienda, el otro sostiene que actuó siguiendo instrucciones directas.

En la reconstrucción que hizo Nicolás Coscia, la operación con los animales no tuvo nada de irregular y respondió a un pedido concreto del propio titular de la hacienda. Según su versión, fue el influencer quien, atravesado por una necesidad urgente de liquidez, le dio la orden de vender los vacunos. En ese marco, Coscia sostuvo que actuó como lo haría en cualquier transacción habitual del negocio ganadero: canalizó la venta a través de una consignataria y colocó los animales dentro del circuito formal.

De acuerdo con ese planteo, la operatoria involucró la comercialización de 161 cabezas, por un monto total cercano a los $267 millones. Coscia remarcó que no hubo ocultamiento ni desvío por fuera de los canales habituales, y que toda la transacción quedó respaldada en documentación comercial. Desde esa perspectiva, la posterior denuncia lo tomó por sorpresa y la interpreta como un cambio de posición del propio vendedor, más que como el resultado de una maniobra inconsulta.

Las deudas que complican el panorama

El trasfondo económico de Nicolás Coscia apareció desde temprano en la reconstrucción del caso. Según se expuso en las distintas instancias de la investigación, el productor arrastraba compromisos financieros significativos, con deudas que rondan los $500 millones según el Banco Central. Ese dato no es menor, ya que introduce un contexto que la propia causa empezó a considerar al momento de analizar las decisiones que derivaron en la venta de la hacienda.

En ese marco, la situación patrimonial de Coscia fue señalada como un elemento que podría haber condicionado su accionar. Sin embargo, desde su entorno plantearon que ese escenario no implica, por sí solo, una maniobra irregular, y que su participación en la operatoria con los vacunos debe leerse dentro de una relación comercial previa y en base a instrucciones que —según su versión— habrían sido dadas por el propio dueño de los animales.

Así, el peso de las deudas quedó incorporado como un factor de contexto que sobrevuela el expediente, pero que todavía no define por sí mismo la naturaleza del conflicto. La discusión de fondo sigue siendo si la venta respondió a una necesidad económica canalizada con acuerdo de partes o si, por el contrario, se trató de un uso indebido de la confianza en un vínculo previo.

Con el correr de las horas, el caso fue dejando atrás la incertidumbre inicial sobre el destino de los vacunos. Los animales aparecieron y el circuito por el que transitaron comenzó a reconstruirse.

Pero lejos de cerrarse, el conflicto se desplazó hacia un terreno más complejo: el de las responsabilidades, las autorizaciones y la confianza entre las partes.

Hoy la discusión ya no es dónde están los animales, sino quién tenía derecho a disponer de ellos, bajo qué condiciones se concretó la venta y qué responsabilidades le caben a cada uno de los actores involucrados.