Desalojo exprés y expropiaciones: los puntos clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
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El Gobierno nacional prepara un paquete de reformas estructurales que modificará reglas fundamentales del sistema legal argentino. Las iniciativas abarcan desde el proceso de desalojo hasta la regulación de tierras rurales.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó los proyectos en Casa Rosada. Según explicó, las reformas buscan "fortalecer la seguridad jurídica, incentivar inversiones y reducir la intervención del Estado en la economía".
El paquete incluye cambios en el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, el manejo del fuego y la urbanización de barrios populares. Todas las iniciativas deberán pasar por el Congreso.
Durante la conferencia de prensa, Adorni también rechazó cuestionamientos sobre su patrimonio personal. "No tengo nada que esconder", aseguró el funcionario.
Desalojos express: cómo funcionará el nuevo sistema de restitución inmediata
La reforma más polémica del paquete apunta directamente al proceso de desalojo de inmuebles. El Gobierno propone crear un mecanismo acelerado para casos de ocupación sin título legal.
El procedimiento funcionará así: una vez iniciada la demanda y acreditada la titularidad del inmueble, el juez deberá ordenar la restitución en un plazo máximo de 5 días. Se trata de un trámite sumarísimo que elimina casi todas las instancias intermedias.
La medida podrá ejecutarse incluso cuando el inmueble se encuentre momentáneamente desocupado. El objetivo declarado es frenar la proliferación de ocupaciones ilegales y dar mayor certeza jurídica a los propietarios que enfrentan usurpaciones.
El proyecto amplía significativamente las facultades del oficial de justicia. Este funcionario podrá utilizar la fuerza pública para cumplir con la orden judicial.
También estará habilitado para allanar domicilios y abrir cerraduras. Además, podrá designar depositarios para los bienes que encuentre en el lugar.
Las notificaciones se realizarán directamente en el inmueble en disputa. Esto aplicará aunque ese domicilio no coincida con el domicilio real registrado de los ocupantes.
Todos los ocupantes presentes al momento del procedimiento quedarán alcanzados por la sentencia. Esto ocurrirá aun cuando no hayan sido identificados inicialmente en la demanda.
Para casos de falta de pago o vencimiento de contrato, se prevé un sistema similar de desocupación inmediata. El propietario podrá solicitarlo presentando una caución juratoria.
El proyecto incorpora una multa disuasiva: si el propietario hubiera ocultado información para obtener la medida, deberá pagar hasta 10 veces el valor del último alquiler. Esta penalidad busca evitar abusos del nuevo procedimiento express.
Expropiaciones: el Estado pagará menos por cada inmueble que tome
Las modificaciones a la ley de expropiaciones replantean completamente el cálculo de las indemnizaciones. El cambio reducirá significativamente lo que el Estado debe pagar cuando toma un bien privado.
La reforma limita la compensación estatal a dos conceptos básicos: el valor objetivo de mercado del bien y los daños directos e inmediatos derivados de la expropiación. Todo lo demás queda afuera.
Quedan excluidos del cálculo el valor afectivo o sentimental del bien. Tampoco se computarán ganancias futuras ni lucro cesante de ningún tipo.
El valor deberá fijarse tomando como referencia una fecha previa a cualquier anuncio oficial. Ese monto base se ajustará por inflación hasta el momento efectivo del pago.
El Estado tendrá la obligación de realizar dos tasaciones independientes. Deberá publicar tanto los valores obtenidos como la metodología empleada en cada caso, buscando mayor transparencia en el proceso valuatorio.
En el caso de empresas que cotizan en bolsa, se tomará directamente el valor bursátil previo al anuncio de expropiación. Esto elimina discusiones sobre valuaciones alternativas.
La reforma también limita la ocupación temporánea anormal a un máximo de 60 días. Además, excluye expresamente su aplicación sobre sociedades o participaciones accionarias.
Para garantizar la continuidad operativa de una empresa durante un proceso expropiatorio, el Estado deberá recurrir necesariamente a la intervención judicial. No podrá hacerlo de manera unilateral.
Más velocidad judicial para ejecutar desalojos sin demoras burocráticas
Las modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial complementan la reforma de desalojos. Buscan eliminar obstáculos procesales que hoy retrasan la ejecución de las sentencias.
El paquete habilita las notificaciones directamente en el inmueble en disputa. También autoriza el uso de la fuerza pública para identificar ocupantes cuando sea necesario.
En juicios por falta de pago, se limitará drásticamente la prueba admisible. Solo se aceptará documentación, eliminando testimoniales y pericias que alargan los procesos.
Los mandamientos de lanzamiento deberán incluir siempre la habilitación de días y horarios inhábiles. Esto permitirá ejecutar desalojos sin las restricciones tradicionales del calendario judicial.
La medida apunta a evitar que los ocupantes aprovechen feriados o fines de semana para postergar indefinidamente la restitución del inmueble.
Tierras rurales: se eliminan casi todos los límites para inversores extranjeros privados
La reforma de la ley de tierras rurales representa un giro de 180 grados en la política del sector. El Gobierno propone eliminar los límites vigentes a la compra de tierras por parte de inversores privados extranjeros.
La única restricción que se mantiene —y se refuerza— aplica específicamente a Estados extranjeros. Para ellos se fija un máximo de 1.000 hectáreas por operación.
El proyecto prohíbe expresamente el uso de estructuras jurídicas para eludir este límite. Cualquier maniobra en ese sentido será considerada simulación ilícita y fraudulenta.
Las empresas deberán informar cualquier cambio accionario que implique mayor participación estatal extranjera. El plazo para notificar esta modificación será de 30 días corridos.
El incumplimiento de esta obligación acarreará sanciones severas. La norma busca evitar que fondos soberanos extranjeros controlen indirectamente grandes extensiones de tierra argentina.
Para inversores privados extranjeros, en cambio, desaparecen todas las barreras. Podrán comprar sin límite de superficie ni restricciones geográficas.
Manejo del fuego: propietarios podrán vender terrenos quemados sin esperar años
En materia ambiental, el proyecto modifica sustancialmente la ley de manejo del fuego. La reforma elimina las restricciones que impedían vender o cambiar el uso de terrenos afectados por incendios.
La iniciativa restituye el régimen previo a 2020. Esto permitirá que los propietarios dispongan libremente de los terrenos inmediatamente tras un incendio.
Las restricciones eliminadas habían sido establecidas para evitar quemas intencionales. La lógica era impedir que se provocaran incendios forestales con fines inmobiliarios o productivos.
Al eliminar la prohibición de venta, el Gobierno argumenta que se eliminan trabas innecesarias a la actividad productiva. Los críticos advierten que podría incentivarse la quema intencional de bosques nativos.
Barrios populares: se liberaliza totalmente la venta de viviendas regularizadas
El último capítulo del paquete introduce cambios profundos en el régimen de regularización dominial de barrios populares. Las modificaciones al RENABAP alteran las reglas de juego para miles de familias.
Las viviendas podrán venderse sin restricciones. Incluso podrán ser adquiridas por personas o empresas que no pertenezcan a sectores vulnerables.
La primera adjudicación seguirá destinada exclusivamente a vivienda única. Pero las operaciones posteriores quedarán totalmente liberadas del control estatal.
Las cuotas de los planes de regularización no podrán superar el 20% del ingreso familiar del adjudicatario. Este tope busca evitar situaciones de endeudamiento insostenible.
El proyecto elimina la prohibición de venta durante un período mínimo tras la adjudicación. Esta herramienta había sido diseñada para evitar procesos de gentrificación acelerada en barrios regularizados.
Con su eliminación, los beneficiarios podrán vender inmediatamente después de recibir el título. Esto abre la puerta a operaciones especulativas en zonas que el Estado invirtió en urbanizar.