FIANZA PAGADA

La abogada detenida por racismo en Brasil pagó u$s20.000 de fianza y ya puede volver a la Argentina

Luego de más de dos meses retenida por una causa judicial en Brasil, la joven santiagueña abonó la suma exigida y podrá regresar al país
Por iProfesional
LEGALES - 31 de Marzo, 2026

Agostina Páez pagó la fianza de u$s20.000 que le impuso la Justicia brasileña para poder regresar a Argentina. La transferencia se concretó este martes, horas después de que las autoridades le concedieran un habeas corpus.

La abogada santiagueña llevaba más de dos meses retenida en Río de Janeiro. Ahora podrá volver a su provincia y esperar allí el fallo definitivo del proceso judicial por injuria racial que tramita en Brasil.

La defensa de Páez había presentado el pedido de habeas corpus el viernes pasado. La medida fue admitida este lunes, lo que permitió que la joven accediera al beneficio de regresar a su país mientras se resuelve su situación judicial.

Con el pago de la fianza confirmado, Agostina podrá salir de Brasil en las próximas horas. El proceso por injuria racial continuará, pero ahora lo enfrentará desde Santiago del Estero.

El vaivén judicial que mantuvo a Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil

El caso de Páez estuvo marcado por decisiones judiciales contradictorias que extendieron su estadía forzada en territorio brasileño. Durante la audiencia del 24 de marzo, la abogada esperaba una definición sobre su regreso.

En un primer momento, el juez a cargo autorizó su repatriación bajo medidas cautelares. La noticia generó alivio tanto en la imputada como en su entorno cercano.

Sin embargo, horas más tarde el magistrado revirtió su propia decisión. Ordenó que Agostina permaneciera en Brasil hasta el dictado del fallo definitivo, lo que incrementó la tensión en torno al expediente.

El habeas corpus presentado días atrás marcó finalmente un cambio de rumbo. La medida permitió que la joven regrese antes de conocer la resolución final del juicio.

Qué es la injuria racial y qué pena enfrenta la abogada argentina

La abogada argentina había sido retenida en Brasil por una denuncia de injuria racial. En el país vecino, este delito prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.

La acusación inicial incluía tres denuncias separadas contra Páez. Pero en la última audiencia, la parte acusatoria resolvió unificar los cargos.

La fiscalía y la querella solicitaron una condena de dos años, la mínima prevista para este tipo de ilícito. Ambas partes aceptaron además el pedido de la defensa para que la imputada regrese a Argentina y cumpla tareas comunitarias desde su provincia.

Ese acuerdo entre las partes allanó el camino para la resolución que ahora debe evaluar la Justicia brasileña.

Qué opciones tiene el juez para resolver el caso

El magistrado dispone de varias alternativas dentro del derecho penal brasileño. La más plausible es la homologación del acuerdo entre las partes.

Si el juez acepta el acuerdo, dictará una condena de dos años pero sustituirá la prisión por medidas alternativas: trabajos comunitarios, cursos obligatorios vinculados a derechos humanos o el pago de una multa.

Dado que se trata de una pena baja y de una persona extranjera sin antecedentes en Brasil, la autorización para regresar al país de origen es una opción prevista. La condición es que exista cooperación judicial entre Argentina y Brasil.

En este caso, esa cooperación ya se activó. Por eso el juez pudo conceder el habeas corpus y autorizar el regreso de Páez.

Qué pasa ahora con Agostina Páez

La decisión de otorgar el habeas corpus significa que la abogada podrá esperar el fallo definitivo en Argentina. No tendrá que permanecer detenida ni retenida en Río de Janeiro.

El juez analizará los alegatos finales antes de emitir su veredicto. La resolución podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días, según estimaciones del tribunal brasileño.

Durante ese tiempo, Agostina estará autorizada a permanecer en Argentina. No tendrá restricciones de movilidad más allá de las que eventualmente determine la Justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.

Una vez que el juez dicte sentencia, deberá cumplir las medidas alternativas acordadas. Si se confirma la condena de dos años con sustitución de pena, las tareas comunitarias o cursos obligatorios podrán realizarse en Santiago del Estero bajo supervisión de autoridades locales.

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