Fin de una era: decretaron la quiebra del Aquarium de Mar del Plata y hay más de 60 animales en un limbo judicial

La Justicia comercial decretó la quiebra de Plunimar S.A., la empresa que operaba el Aquarium de Mar del Plata, y abrió un proceso de liquidación que combina deuda, cierre operativo y una situación inusual: la compañía aún mantiene 66 animales dentro del predio y reconoce que intentó venderlos, aunque su destino quedó ahora bajo control de la Justicia y la sindicatura.

La resolución, dictada el 20 de febrero pasado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, formalizó un colapso que la propia firma había anticipado al presentarse en quiebra ante la imposibilidad de continuar.

Según consta en el expediente, la propia compañía reconoció su estado de insolvencia y pidió la quiebra voluntaria tras admitir que no podía seguir operando ni cumplir con sus obligaciones exigibles. El proceso quedó a cargo de la sindicatura, encabezada por Andrea Alejandra Hoff, quien deberá avanzar con la verificación de créditos hasta el 27 de abril y con la posterior liquidación de los activos.

El expediente deja en claro que la empresa llegó a ese punto sin margen. Sin ingresos desde el cierre del parque en marzo del año pasado, con deudas acumuladas y sin respaldo financiero, Plunimar admitió que ya no podía sostener ni su estructura ni el mantenimiento de la fauna.

Aun así, en paralelo a la quiebra, sigue afrontando costos operativos básicos: mantiene una dotación de 12 empleados para garantizar alimentación, sanidad y seguridad de los animales.

El Aquarium fue durante años uno de los atractivos turísticos más conocidos de Mar del Plata, con shows de delfines, actividades educativas y exhibición de fauna marina. La operación en Argentina estaba en manos de Plunimar, una sociedad vinculada al grupo internacional Dolphin, especializado en este tipo de parques en distintos países.

Ese esquema empezó a desarmarse cuando la empresa no logró renovar el contrato del predio donde funcionaba el acuario, lo que obligó a cerrar las puertas en marzo del año pasado. El inmueble debía ser restituido a sus propietarios a más tardar el 31 de marzo de 2026, completamente desocupado y sin animales.

Sin embargo, ese plazo ya venció y la empresa aún mantiene a los animales dentro del predio, lo que deja abierta una situación que ahora queda bajo la órbita de la justicia y la sindicatura.

Según consta en el expediente, la cesación de pagos se consolidó a comienzos de este año, cuando dejó de cumplir obligaciones clave, desde compromisos laborales hasta deudas financieras, entre ellas un crédito con el BBVA cuyo saldo ronda los $157 millones y que ya se encuentra en mora.

Detrás del colapso local también aparece un frente externo: Plunimar forma parte del grupo Dolphin, cuya estructura internacional atraviesa un proceso de reestructuración bajo Chapter 11 en Estados Unidos, con deudas que superan los u$s200 millones. Ese proceso implicó la intervención de acreedores financieros, que tomaron control de las sociedades del grupo, designaron nuevas autoridades y avanzaron con un esquema global de reorganización y venta de activos.

En ese contexto, la filial argentina quedó sin acceso a financiamiento y sin respaldo para sostener su operación.

La venta de animales como último recurso antes de la quiebra

En ese escenario, la estrategia de la empresa fue clara desde el inicio: priorizar la venta de los animales como forma de generar liquidez. De hecho, en su presentación judicial detalla más de un centenar de gestiones con compradores internacionales, traders y zoológicos para colocar la totalidad de la fauna.

Con la quiebra ya decretada, esa estrategia quedó interrumpida: la empresa perdió la capacidad de disponer por sí misma de los animales, que pasaron a integrar el activo bajo administración judicial. Cualquier eventual venta o traslado deberá ser autorizado dentro del proceso.

La operación más relevante fue la transferencia de diez delfines nariz de botella a Egipto por u$s800.000, en un operativo que incluyó el traslado en un avión especialmente acondicionado y la participación de veterinarios y cuidadores.

Sin embargo, ese movimiento no resolvió el problema de fondo. El resto de los ejemplares quedó sin destino y pasó a ser el eje del conflicto. Actualmente permanecen en el predio:

• 56 pingüinos magallánicos
• 2 pingüinos rey
• 4 pingüinos saltarrocas
• 4 lobos marinos

Su manutención sigue generando costos diarios que la empresa reconoce no poder sostener en el tiempo. Según detalló en su presentación judicial, los recursos disponibles alcanzan apenas para cubrir esos gastos por un plazo limitado, estimado en unos tres meses.

El expediente detalla que hubo múltiples intentos de venta que no prosperaron:

• Ofertas por u$s750.000 desde México
• Ofertas por u$s950.000 desde China
• Negociaciones con Brasil, Filipinas y Rusia que se cayeron por falta de financiamiento, demoras regulatorias o ausencia de depósitos

Incluso, algunas operaciones avanzaron hasta instancias formales, con cartas de intención y presentaciones diplomáticas, pero no se concretaron.

Recién ante la imposibilidad de cerrar esas ventas, comenzaron a evaluarse alternativas de reubicación. En ese marco, la empresa dejó asentado que mantiene conversaciones con Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, para que reciba a los cuatro lobos marinos.

Sin embargo, no se precisan las condiciones de esa transferencia ni se menciona en ningún momento la posibilidad de una donación, en un expediente donde la lógica predominante es la liquidación de activos para afrontar deudas.

Intervención judicial y presión sobre los tiempos

Con la quiebra decretada, la administración de la empresa quedó en manos de la sindicatura, que deberá avanzar con la verificación de créditos y la liquidación de activos, pero también diseñar una estrategia para resolver la situación de los animales.

En ese marco, se puso en marcha un plan de continuidad operativa mínima, que no apunta a reactivar el negocio sino a sostener condiciones básicas mientras se define el destino de los ejemplares.

Ese esquema contempla el mantenimiento de los 12 trabajadores que siguen en funciones, encargados de alimentación, sanidad, mantenimiento y seguridad, y se financia con los recursos remanentes de la empresa, que la propia Plunimar reconoce como limitados.

El juez también intervino en uno de los puntos más sensibles del expediente: la legalidad de la eventual venta de los animales y las condiciones en que podrían concretarse las operaciones, lo que introduce un componente regulatorio clave.

A su vez, se analiza la posibilidad de sostener una ocupación transitoria del predio, aun con el contrato vencido, para evitar un traslado inmediato sin condiciones adecuadas. Todo queda en manos de la Justicia a partir de ahora.