Impulsan proyectos que buscan modificar el sistema de tarjetas de crédito y frenar el endeudamiento de consumidores

Diputados de distintos bloques parlamentarios presentaron durante los últimos meses una serie de iniciativas orientadas a modificar el funcionamiento del sistema de tarjetas de crédito, limitar prácticas financieras consideradas abusivas y generar herramientas para enfrentar el creciente endeudamiento de las familias. Los proyectos buscan ser tratados en las comisiones de Finanzas; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y Justicia de la Cámara baja, donde se analizarán de manera conjunta distintos enfoques regulatorios sobre el crédito al consumo.

El conjunto de propuestas abarca desde reformas a la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito hasta la creación de regímenes de alivio financiero, pasando por nuevas reglas de transparencia, límites a intereses y cargos, y mecanismos preventivos inspirados en la economía del comportamiento. También se incluyen iniciativas que buscan declarar la emergencia por endeudamiento y establecer procedimientos específicos para la reestructuración de deudas.

A continuación, un repaso detallado de los principales proyectos en discusión y sus alcances.

Reforma integral de la Ley de Tarjetas de Crédito

Uno de los ejes centrales es la modificación de la Ley 25.065, con el objetivo de fortalecer la protección de los usuarios frente a prácticas del sistema financiero. El proyecto propone redefinir aspectos clave del vínculo contractual entre entidades emisoras y consumidores.

Entre los cambios más relevantes, se establece que la simple solicitud de una tarjeta o la firma de un codeudor no generan por sí mismas responsabilidad contractual, lo que apunta a evitar situaciones en las que una persona quede obligada sin que el vínculo se haya perfeccionado formalmente.

En relación con las cláusulas contractuales, la iniciativa amplía los supuestos de nulidad. Se prohíben condiciones como:

• La renuncia a derechos del consumidor
• La modificación unilateral de contratos por parte del emisor
• La aplicación de cargos fijos por mora
• El cobro por denuncias de robo o extravío
• La inclusión de servicios no solicitados

Asimismo, se busca impedir prácticas como la rescisión unilateral sin causa, la imposición de representantes obligatorios, la habilitación automática de la vía ejecutiva para el cobro de deudas y la prórroga de jurisdicción. Estas medidas apuntan a equilibrar la relación entre las partes y limitar cláusulas consideradas abusivas.

En materia de comisiones, el proyecto introduce límites para los cargos que las entidades financieras aplican a los comercios. Se establece un tope máximo del 3% sobre las liquidaciones y una diferencia de hasta tres puntos entre rubros similares, con el objetivo de evitar tratamientos discriminatorios, especialmente hacia pequeños y medianos comercios.

También se incorporan disposiciones sobre tasas de interés, fijando un límite al interés punitorio, que no podrá superar en más de un 20% al compensatorio, y prohibiendo su capitalización. Además, se otorgan mayores facultades al Banco Central para sancionar incumplimientos.

Los fundamentos del proyecto señalan que modificaciones recientes en el marco regulatorio habrían alterado el equilibrio en favor de las entidades financieras, en un contexto donde el uso de tarjetas se ha extendido a la compra de bienes básicos y se observa un aumento de la morosidad.

Régimen de saneamiento y alivio para deudores

Otra iniciativa propone la creación de un régimen especial de regularización para personas físicas con deudas en tarjetas de crédito. Está dirigido a usuarios con al menos 60 días de mora y obligaciones que no superen el equivalente a 20 salarios mínimos.

El proyecto establece que las entidades deberán ofrecer planes de pago con condiciones específicas, entre ellas una condonación mínima del 50% de los intereses punitorios. Los planes podrán extenderse hasta 36 meses y aplicarán tasas equivalentes a la tasa pasiva promedio, significativamente inferiores a las vigentes en el mercado.

Además, se prevé un período de gracia de 60 días, la suspensión de acciones judiciales y embargos durante la vigencia del acuerdo, y la interrupción de reportes negativos en centrales de riesgo. Una vez cumplido el plan, el deudor recuperará el acceso a productos financieros.

Como complemento, se crea un Fondo Nacional de Recuperación de Deudas de Consumo, que será administrado por el Ministerio de Economía. Este fondo tendrá como objetivo respaldar a las entidades, subsidiar tasas para sectores vulnerables y absorber créditos incobrables. Se financiará, entre otras fuentes, con un aporte obligatorio del 0,5% sobre los intereses que perciben las entidades financieras.

La iniciativa también refuerza el deber de información hacia los usuarios y otorga al Banco Central facultades de supervisión y sanción.

Mayor transparencia en los resúmenes y facturación

Un tercer proyecto introduce modificaciones puntuales para mejorar la transparencia en el uso de tarjetas de crédito. Entre sus disposiciones, exige que los resúmenes incluyan información detallada sobre los proveedores, como razón social, nombre comercial y datos fiscales.

También se regula la fecha de vencimiento de los resúmenes, estableciendo que deberá ubicarse después del cuarto día hábil de cada quincena. El objetivo es evitar que los usuarios deban afrontar pagos antes de percibir sus ingresos.

En cuanto a errores en los resúmenes, la iniciativa permite que los usuarios descuenten consumos incorrectos o duplicados sin generar intereses, invirtiendo el esquema actual que obliga a pagar primero y reclamar después. Asimismo, se contemplan sanciones agravadas en caso de errores reiterados por parte de las entidades.

Cambios en comisiones y plazos de acreditación

Otra propuesta se centra en las comisiones y plazos de acreditación en operaciones con tarjetas, con especial énfasis en el sector de estaciones de servicio.

El proyecto establece un tope del 3% para operaciones con tarjeta de crédito y del 1,5% para débito, junto con plazos máximos de acreditación de tres y dos días hábiles, respectivamente. Para estaciones de servicio, se fijan condiciones más favorables: comisiones del 0,5% para crédito y 0,2% para débito, con acreditación en dos días.

Según los fundamentos, estas medidas buscan mejorar la rentabilidad de un sector caracterizado por márgenes reducidos y altos costos financieros asociados a las comisiones y los plazos de acreditación.

Regulación de prácticas de cobranza

El proyecto de "trato digno" para consumidores sobreendeudados apunta a regular las prácticas de cobranza extrajudicial. Establece un marco que prohíbe conductas como:

• Llamadas en horarios inapropiados
• Contactos con terceros
• Lenguaje intimidatorio
• Simulación de notificaciones judiciales
• Amenazas infundadas

También se limita la reiteración de comunicaciones y se prohíbe la difusión de listas de deudores fuera de los canales legales. Además, se impide que las entidades bloqueen o debiten cuentas bancarias por deudas de otros productos, especialmente cuando se trate de ingresos de carácter alimentario.

El proyecto refuerza el deber de información, exigiendo que se detalle el origen de la deuda, su composición y la identidad del acreedor. También prevé sanciones bajo la normativa de defensa del consumidor y la posibilidad de aplicar daños punitivos.

Declaración de emergencia por endeudamiento

Una de las iniciativas propone declarar la emergencia económica y social por el endeudamiento de las familias por un plazo de 360 días, prorrogable por 180 días.

El proyecto define el sobreendeudamiento como aquella situación en la que el cumplimiento de las obligaciones compromete la subsistencia del grupo familiar. En este marco, reconoce el derecho a la protección frente al sobreendeudamiento como derivación de los principios constitucionales de defensa del consumidor.

Uno de los aspectos centrales es la regulación del anatocismo, es decir, la capitalización de intereses. La iniciativa prohíbe su aplicación automática cuando resulte abusiva o desproporcionada, salvo en los casos previstos por la ley o mediante decisión judicial.

También se asigna un rol activo al Estado, que deberá implementar políticas de refinanciación, reducción de tasas y prevención de la mora. Se prevé, además, un mecanismo de seguimiento parlamentario mediante informes periódicos.

Límites a intereses y cargos

Otro proyecto establece topes a las tasas de interés compensatorio, que no podrán superar en más de un 25% determinadas tasas de referencia. Asimismo, dispone que el endeudamiento total con tarjeta no podrá exceder el 30% de los ingresos del usuario.

En relación con los cargos no financieros, se establece que deberán corresponder a servicios efectivamente prestados, ser razonables y no superar el 5% del monto financiado. Aquellos que no cumplan con estos requisitos serán considerados nulos.

La iniciativa también regula los intereses punitorios, fijando un límite del 50% por encima del compensatorio, y obliga a las entidades a informar de manera clara el costo financiero total y las condiciones de los débitos automáticos.

Enfoque preventivo: la "tarjeta autocontrolada"

Entre las propuestas se destaca un proyecto que introduce un enfoque preventivo basado en la economía del comportamiento. La denominada "tarjeta autocontrolada" permitirá a los usuarios fijar voluntariamente un límite de gasto inferior al disponible.

El sistema prevé alertas cuando se alcanza el 50% del límite establecido y el rechazo automático de operaciones que lo superen. Además, el límite deberá mantenerse por un período mínimo de tres meses.

La iniciativa obliga a las entidades a ofrecer esta opción y a proporcionar herramientas tecnológicas accesibles, con el objetivo de promover hábitos financieros más responsables sin restringir el acceso al crédito.

Régimen integral de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento

Finalmente, otro proyecto propone la creación de un régimen integral que combine medidas preventivas y remediales. Entre sus disposiciones, establece la obligación de evaluar la solvencia del solicitante antes de otorgar crédito.

También introduce una instancia de mediación administrativa obligatoria y gratuita, con un plazo máximo de 60 días, para facilitar acuerdos entre deudores y acreedores. En caso de no lograrse un acuerdo, se habilita un procedimiento judicial específico.

El régimen contempla la posibilidad de acordar planes de reestructuración de hasta cinco años, que no comprometan más del 35% de los ingresos del deudor. Estos planes podrán incluir quitas, esperas y reordenamiento de pagos.

Una vez cumplido el plan o transcurrido el plazo máximo, se prevé la extinción de las deudas remanentes, con excepción de ciertas obligaciones, y la rehabilitación del deudor en el sistema financiero.

Un debate amplio sobre el crédito y el consumo

En conjunto, las iniciativas reflejan un abordaje amplio del fenómeno del endeudamiento de los hogares, que incluye tanto medidas de regulación del mercado como herramientas de alivio y prevención.

Los proyectos deberán ser analizados en las comisiones correspondientes, donde se debatirán sus alcances, posibles modificaciones y compatibilidad con el funcionamiento del sistema financiero. El tratamiento conjunto permitirá evaluar de manera integral las distintas propuestas y su impacto potencial en consumidores, entidades financieras y comercios.

El avance de estas iniciativas se produce en un contexto en el que el crédito al consumo ocupa un lugar relevante en la economía doméstica, lo que ha impulsado la presentación de proyectos con enfoques diversos, desde la regulación estricta hasta mecanismos de autorregulación y educación financiera.

El debate legislativo, en este sentido, se orienta a definir el alcance de la intervención estatal en el sistema financiero y el equilibrio entre el acceso al crédito y la protección de los usuarios.