Revés para los dueños de Fate: la Justicia los embargó por 3.000 millones de pesos por no pagar sueldos

La Justicia embargó a la familia Madanes Quintanilla, propietaria de Fate y de Aluar, por $3.000 millones para garantizar el pago de salarios adeudados a trabajadores de la fábrica. La medida llega tras el cierre abrupto de la fábrica en febrero y el incumplimiento de la conciliación obligatoria.

La jueza Liliana Rodríguez Fernández, titular del Juzgado Laboral de Primera Instancia N°17, dio la razón al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (Sutna). El gremio había pedido un embargo de $5.300 millones, pero la magistrada convalidó tres mil millones.

El monto cubre el período comprendido entre el cierre de la planta, ocurrido el 18 de febrero, y el 30 de junio de 2026, fecha hasta la cual la empresa se había comprometido a mantener los puestos de trabajo.

Fate es la única empresa argentina que fabrica neumáticos para camiones y colectivos. Su dueño, Javier Madanes Quintanilla, también controla Aluar.

Por qué el cierre de Fate es ilegal según la Justicia

En 2025, Fate firmó un acuerdo con el gobierno nacional. La compañía se comprometió a conservar los puestos de trabajo hasta junio de 2026 y, a cambio, obtuvo ventajas impositivas significativas.

Ese compromiso quedó plasmado en un acta firmada en mayo de 2025. Allí, la empresa prometió no aplicar despidos sin causa y seguir pagando salarios normalmente hasta mediados del año próximo.

Sin embargo, Madanes anunció el cierre de la fábrica en febrero de este año. Despidió a 900 personas y argumentó que no contaba con los recursos humanos necesarios para continuar operando.

El Presidente Javier Milei criticó duramente al empresario. Denunció una "extorsión" y la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para frenar los despidos.

Madanes se negó a reabrir la planta. Tampoco acató la conciliación obligatoria ni cumplió con el pago de salarios que ordenó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala II hace dos semanas.

Qué argumenta la empresa para no pagar los sueldos de los trabajadores

Fate sostiene que el acuerdo de mayo de 2025 perdió vigencia tras el cierre. La compañía asegura que no está obligada a seguir pagando sueldos a trabajadores que ya no prestan servicios.

Además, la empresa informó que la reducción del plantel de trabajadores siguió su curso. En los últimos 15 días, otros 17 operarios firmaron acuerdos de desvinculación bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Según datos que Fate presentó en la última audiencia de conciliación, al momento del labrado del acta existen solamente 239 contratos de alta. La cifra implica una baja respecto de los 256 casos informados el 1 de abril.

Del número original de 920 trabajadores afectados por el cierre del 18 de febrero, más de 670 ya suscribieron acuerdos de retiro voluntario. La empresa insiste en que lo hicieron "en ejercicio de su libre voluntad, sin coacción alguna".

"Más del 75% de la dotación total de la compañía se retiró de la misma, desinteresándose de la situación de Fate", aseguró la compañía en el acta. Fate anticipa que presentará una apelación ante el fallo de la Cámara.

Qué dice el sindicato sobre las desvinculaciones

Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, anunció la decisión de la jueza poco antes del vencimiento del plazo para que la empresa hiciera efectivos los pagos. Calificó el embargo como una victoria que confirma la ilegalidad del cierre.

"La decisión de la jueza confirma que el cierre es ilegal y los despidos son ilegales. Los gobiernos tienen que encontrar una salida política para sostener las fuentes de trabajo", reclamó Gabriel Solano, del Partido Obrero.

El gremio desestima por completo el argumento de las desvinculaciones voluntarias. Denuncia que hubo presiones a los trabajadores para aceptar los retiros y que muchos firmaron bajo coacción.

Crespo aprovechó una concentración previa a la movilización en Plaza de Mayo para redoblar la presión sobre el gobernador Axel Kicillof. Le exige que intervenga en el conflicto apoyando una ley de ocupación temporal de la planta.