La respuesta del dueño de Manaos tras el fallo que obliga a la empresa a pagar $800 millones
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La disputa legal que involucraba a la firma de bebidas Manaos llegó a su cierre definitivo luego de varios años de idas y vueltas en la Justicia de la provincia de Mendoza. La resolución obliga a la compañía a abonar una suma de $807.676.293,72 en concepto de condena laboral.
El propio fundador de la empresa, Orlando Canido, fue quien confirmó la decisión sin rodeos al ser consultado por el desenlace del expediente. "Se pagará", expresó, marcando la aceptación del fallo tras el cierre de las instancias de apelación.
La decisión de la Corte y el cierre del expediente
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza desestimó la última presentación judicial disponible para la empresa, dejando firme la sentencia. Con esa resolución, se agotaron todas las vías de revisión y se ordenó el depósito del dinero en un plazo breve.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro, quienes validaron el fallo previo y consolidaron la obligación de pago para la firma Refres Now, fabricante de la marca Manaos.
El reclamo laboral y su origen
El conflicto se originó a partir de la demanda presentada por un exdistribuidor que trabajó con la marca en distintas provincias del oeste argentino durante casi una década. El reclamo se basó en presuntas irregularidades en la relación laboral y diferencias en las condiciones de contratación.
Entre los puntos señalados en la causa se mencionaron supuestas inconsistencias en el registro de la relación laboral, además de cuestionamientos vinculados a aportes y descuentos aplicados durante el vínculo comercial. También se incorporaron cambios en la zona de trabajo del empleado, que redujeron su área de distribución con el tiempo.
El monto y su composición final
La cifra inicial del juicio había sido considerablemente mayor, pero fue ajustada en el proceso judicial hasta quedar establecida en poco más de 807 millones de pesos. La reducción se apoyó en la metodología aplicada para el cálculo de intereses.
El total quedó dividido en dos grandes componentes: el capital reconocido y los intereses más costas judiciales, que representan la mayor parte del monto final. Este esquema refleja el impacto que pueden tener los recargos financieros en este tipo de litigios laborales.
Críticas empresariales y mirada del sector
Tras conocerse el fallo, Canido volvió a expresar su disconformidad con el sistema judicial laboral. Desde su perspectiva, este tipo de resoluciones genera un escenario de alta incertidumbre para las empresas y eleva el nivel de litigiosidad.
El empresario sostiene que el marco legal actual facilita conflictos prolongados y costos elevados para el sector productivo, una visión que comparte con otros actores industriales que advierten sobre el impacto de estas sentencias en la actividad económica.
Este caso expone una dificultad estructural del sistema legal argentino, según Cañido. El empresario calificó la resolución como "insólita" y apuntó contra lo que considera un exceso de judicialización laboral. "Hoy un empleado ve la posibilidad de ganar plata sin trabajar y no lo duda un segundo", sostuvo, coincidiendo con otros empresarios del sector que señalan que este tipo de fallos podría comprometer el funcionamiento y la estabilidad de las compañías.