Reforma laboral y cambios en certificados médicos: qué reglas rigen para justificar faltas por enfermedad

La reforma laboral impulsada por el Gobierno introdujo modificaciones en el régimen de inasistencias por enfermedad o accidente inculpable dentro de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con cambios en el deber de aviso al empleador y en los requisitos de los certificados médicos. Sin embargo, estas disposiciones se encuentran actualmente suspendidas por una medida cautelar, por lo que su aplicación efectiva permanece en pausa.

Los cambios fueron incorporados a través de la sustitución de los artículos 209 y 210 de la normativa laboral, que regulan tanto la comunicación de la enfermedad como su acreditación.

En relación con el aviso al empleador, el nuevo texto establece:

Artículo 209: Aviso al empleador. El trabajador, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, salvo casos de fuerza mayor. Mientras no la haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, y su imposibilidad de dar el aviso, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada.

La redacción refuerza la obligación del trabajador de informar su situación desde el primer día de ausencia e incorpora una consecuencia directa: la pérdida del derecho a percibir el salario si no se cumple con ese aviso en tiempo y forma, salvo que se pueda demostrar posteriormente la imposibilidad de hacerlo.

Por otra parte, la reforma también redefine las condiciones de validez de los certificados médicos, introduciendo requisitos más estrictos y avanzando hacia su digitalización. El nuevo artículo 210 establece:

Artículo 210: Acreditación. Control. Los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente inculpable, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser emitidos en todo el territorio nacional por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas por la ley 27.553 y su reglamentación.

El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador.

En caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial en las jurisdicciones en las que la autoridad administrativa hubiere habilitado esta opción, o requerir dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica cuyo costo de intervención, en este último caso, deberá ser asumido por el empleador.

Antes de la reforma, el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 ya establecía que el trabajador debía avisar al empleador en caso de enfermedad o accidente inculpable, pero la norma era menos estricta en cuanto a las consecuencias. Si bien el aviso debía realizarse en forma oportuna, no estaba tan explicitada ni automatizada la pérdida del salario por la sola falta de comunicación en la primera jornada, y en la práctica se admitían mayores márgenes de flexibilidad según las circunstancias del caso.

En cuanto a los certificados médicos, podían presentarse en formato papel y no existía una exigencia uniforme sobre su contenido. Bastaba, en general, con que acreditaran la imposibilidad de trabajar, sin que fuera obligatorio detallar diagnóstico, tratamiento y días de reposo de manera estandarizada ni contar con firma digital. A su vez, aunque el empleador ya tenía la facultad de realizar controles médicos, no estaba tan formalizado un mecanismo específico para resolver discrepancias entre el médico del trabajador y el designado por la empresa.

En ese contexto, el sistema funcionaba con mayor discrecionalidad y menor formalización, tanto en la justificación de inasistencias como en los procedimientos de control, lo que daba lugar a interpretaciones diversas en la práctica laboral y en los conflictos judiciales.