La Justicia confirmó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y sus hijos por la causa Vialidad
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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y del empresario Lázaro Báez. La medida abarca 111 propiedades y apunta a cubrir $685.000 millones, el monto del perjuicio económico determinado en la sentencia de la causa Vialidad.
La decisión fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Ratificó lo dispuesto en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2. El decomiso era el único punto pendiente de ejecución tras la confirmación de las condenas por la Corte Suprema en junio del año pasado.
Este fallo habilita el avance concreto sobre las propiedades: pasarán a la órbita judicial para su administración y posterior destino en el marco del proceso de recuperación de activos vinculados a delitos contra la administración pública.
Qué bienes quedan alcanzados por el decomiso de Cristina Kirchner
El fallo incluyó un total de 111 bienes identificados por la fiscalía. Entre ellos figuran inmuebles pertenecientes a la expresidenta.
También se suman propiedades que habían sido transferidas a Máximo y Florencia Kirchner. Varios de esos inmuebles ya estaban a nombre de los hijos de la expresidenta al momento del decomiso.
La lista abarca además activos vinculados a Lázaro Báez. Se incluyen propiedades de sus empresas, entre ellas Austral Construcciones y otras firmas asociadas al grupo empresario.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña votaron a favor de confirmar el decomiso. Lo hicieron en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar.
Los fundamentos de la Cámara para sostener el decomiso
En sus fundamentos, los jueces señalaron que la medida debe traducirse en una recuperación efectiva de los activos vinculados a los hechos investigados. Según sostuvieron, el decomiso forma parte de la ejecución de la pena y tiene como objetivo neutralizar los beneficios económicos derivados del delito.
Las defensas habían cuestionado el alcance de la medida. Plantearon la necesidad de demostrar una trazabilidad directa entre cada bien y los hechos investigados.
También argumentaron que el decomiso podía implicar una extensión indebida de la pena. Buscaban que se acreditara el origen ilícito de cada propiedad individualmente.
Sin embargo, la Cámara rechazó esos planteos. Sostuvo que, en casos de criminalidad económica compleja, no es necesario reconstruir de manera exhaustiva cada flujo de dinero.
En ese sentido, el tribunal indicó que basta con acreditar una relación razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva. Tuvo en cuenta que los fondos pueden haber sido transformados o mezclados con activos lícitos a lo largo del tiempo.
La disidencia de Borinsky sobre los bienes heredados
Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial. Consideró que no estaba suficientemente acreditado el origen ilícito de algunos bienes.
Propuso excluir del decomiso aquellos heredados por Máximo y Florencia Kirchner. Su postura fue minoritaria y no prosperó en el fallo final.
Borinsky planteó que la herencia requería un análisis diferenciado. Argumentó que no podía presumirse automáticamente su vinculación con los hechos investigados.
Qué pasa ahora con la ejecución del decomiso
El plazo para que los condenados respondieran de manera solidaria por el monto fijado había vencido en agosto del año pasado. Pero la ejecución del decomiso quedó suspendida por las apelaciones presentadas.
Con esta resolución, la Cámara despeja ese aspecto y habilita el avance en la ejecución de los bienes. Las propiedades decomisadas pasarán a la órbita judicial correspondiente para su administración.
Según lo establecido en el fallo, los activos quedarán bajo custodia judicial. El proceso de recuperación forma parte del marco normativo aplicable a delitos contra la administración pública.
La medida cierra el último capítulo judicial pendiente de la causa Vialidad en términos de ejecución patrimonial. La confirmación del decomiso por parte de la Cámara de Casación implica que ya no quedan recursos ordinarios disponibles para los condenados en este aspecto específico del caso.