Procesaron a Día Argentina por presunta evasión previsional y le fijaron un embargo millonario
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La Justicia procesó a la empresa Día Argentina S.A. en el marco de una causa por presunta evasión de obligaciones de la seguridad social, a partir de un esquema que habría utilizado contratos de franquicia para encubrir relaciones laborales. La medida incluye un embargo sobre bienes de la firma por hasta $800 millones.
La decisión fue adoptada el 21 de abril de 2026 por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, en la causa "Día Argentina S.A. y otro s/ infracción Ley 24.769". El procesamiento abarca 34 hechos y comprende imputaciones por evasión previsional simple y agravada en distintos períodos entre 2015 y 2018.
De acuerdo con la investigación, la empresa habría simulado vínculos comerciales con personas presentadas como "franquiciados", "concesionarios" o "consignatarios", que en la práctica se desempeñaban bajo relación de dependencia, lo que permitió fragmentar la nómina laboral y reducir la carga tributaria mediante el pago de contribuciones patronales a una alícuota menor.
La hipótesis judicial sostiene que la compañía habría utilizado estas figuras contractuales como una "pantalla jurídica" para ocultar su rol como empleadora real y así evitar el pago de aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social. En ese sentido, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el organismo recaudador ARCA señalaron que se trató de una "simulación sistemática de vínculos comerciales para encubrir verdaderas relaciones de dependencia".
Las pruebas que complican a la cadena de supermercados
Entre las pruebas reunidas en la causa se incluyen:
- Cruces de datos laborales y fiscales
- Declaraciones testimoniales
- Intervenciones telefónicas
- El análisis de más de 20.000 correos electrónicos corporativos
- Relevamiento de 654 sucursales
- Identificación de más de 8.000 personas vinculadas a la estructura investigada
Según la resolución, se detectó que más de 2.200 trabajadores prestaban servicios para distintos "franquiciados", lo que fue considerado un indicio de dependencia técnica y jurídica con la empresa, mientras que el área de Recursos Humanos de la firma habría intervenido en la selección, capacitación y gestión del personal.
El expediente también menciona antecedentes en la Justicia laboral: en al menos 137 casos, tribunales declararon la nulidad de contratos de franquicia por considerarlos fraudulentos y condenaron a la empresa como empleadora directa.
Montos millonarios en juego y detalle de las imputaciones
En cuanto al detalle de las imputaciones, el procesamiento incluye presunta evasión previsional simple por períodos de 2016 y 2017, con montos superiores a $7 millones mensuales, y evasión agravada —por utilización de terceros interpuestos— en distintos tramos entre 2015 y 2018, con sumas que superan los $14 millones.
Para fijar el embargo, el juzgado tuvo en cuenta montos ajustados por la fiscalización de los períodos investigados, que ascienden a más de $579 millones, además de eventuales multas y costos del proceso.
La defensa de la empresa había solicitado el sobreseimiento o, en su defecto, la falta de mérito, planteos que fueron rechazados en esta instancia. El procesamiento no implica una condena, sino que el juez consideró reunidos elementos suficientes para avanzar con la investigación penal.
La posición de la empresa ante las acusaciones
A través de un comunicado, Día Argentina sostuvo que "cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales conforme a la normativa vigente" y afirmó que sus procesos se encuentran alineados con los criterios establecidos por las autoridades fiscales.
La compañía indicó además que cuenta con un "modelo comercial legítimo", respaldado por sistemas de control interno, auditoría y cumplimiento, orientados a garantizar la correcta gestión de aportes y contribuciones a la seguridad social.
En relación con la causa, la empresa señaló que el proceso judicial "se encuentra en una etapa inicial de prueba", en la que se analizan los elementos reunidos, y remarcó que "no existe al momento ninguna resolución definitiva". También manifestó que se encuentra a disposición de las autoridades para aportar la documentación e información requerida.
De acuerdo con el Régimen Penal Tributario, en caso de una eventual condena, las sanciones podrían incluir la suspensión de actividades, la inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales o la cancelación de la personería jurídica.