Ahorró años y compró un auto en agencia Taraborelli pero se le rompió en 3 días: el fallo de la Justicia

Una concesionaria fue condenada a entregar un auto y pagar una indemnización a una joven de San Carlos de Bariloche que había comprado un vehículo tras años de ahorro pero que sólo funcionó tres días. Según se desprende del fallo, nunca se lo habrían reparado y la usuaria tuvo que dejar el auto en el garaje.

El fallo fue dictado contra Taraborelli Automobile S.A., que en el término de 30 días debe entregar a la damnificada un automóvil de similares características al adquirido por ésta; esto es, un vehículo modelo 2011 con 130.000 km y retirar el que se encuentra en un depósito.

Además, según dispuso en su resolución el juez civil Mariano Castro, tendrá que abonar a la mujer una suma cercana a los $3.000.000 en concepto de daño emergente y punitivo así como por gastos ocasionados.

Junta del motor quemada y tapa de cilindro picada

Todo comenzó cuando una joven -después de ahorrar dinero durante años- adquirió un Volkswagen Gol usado en una concesionaria, con la expectativa de contar con un vehículo en condiciones normales de uso.

El auto habría sido ofrecido como una unidad en "excelente estado" y con garantía de tres meses, lo que le generó la confianza necesaria para concretar la operación, por la cual pagó $1.780.000 más $54.000 en concepto de transferencia.

La víctima contó que el 24 de septiembre de 2022, a los 3 días de haber retirado el auto de la concesionaria, advirtió que presentaba un problema de exceso de temperatura en el motor, encendiendo la alarma y luz en el tablero que resaltaba check-engine-problema de motor- en la consola.

Ante dicha circunstancia, aseveró que se comunicó con la empresa Taraborelli, quienes le habrían indicado que debía concurrir para una revisión el 27 del mismo mes a un taller mecánico.

Luego, el 3 de octubre, le habrían informado que el vehículo tenía la junta del motor quemada y que la tapa de cilindro estaba picada. Más de un mes después, le habrían manifestado que podía ir a retirar el vehículo porque la tapa del cilindro había sido reparada.

Pero luego de retirar el vehículo del taller mecánico, -siempre según la afectada- el 10 de noviembre nuevamente se encendió la misma advertencia y el coche comenzó a "humear" de manera excesiva, a la vez que consumía gran cantidad de aceite y de agua.

La compradora dijo que no recibió respuesta por parte del vendedor y que al consultar en otro taller le presupuestaron el monto equivalente al 50% del valor del auto como costo de reparación. Desde entonces, el vehículo se encuentra en desuso y ubicado en un depósito.

Por qué se inició la demanda

La mujer envió varias cartas documentos a la concesionaria pero ante la falta de respuestas debió iniciar una demanda por daños y perjuicios.

Según la causa, Taraborelli negó los hechos tal como los describió la joven y sostuvo que los nuevos daños respondían a un golpe posterior a la entrega.

Manifestó que corroboraron que el trabajo realizado estaba perfecto y que, según se pudo observar, el auto habría sufrido un golpe en un badén que produjo la rotura del electroventilador (pieza que estaba cambiada para la revisión).

Por el impacto, el mismo se corrió de su lugar y se quemó con el caño de escape, lo cual justificaba el nuevo daño en el motor, la emisión excesiva de humo y que el escape tenía plástico quemado.

Sin embargo, esa explicación no logró sostenerse en el proceso porque una pericia técnica realizada en el marco de la causa determinó que el motor ya presentaba un desgaste previo a la compra y que el problema de consumo de aceite existía desde antes, aunque no había sido abordado en la reparación inicial.

El informe concluyó que el arreglo realizado solo resolvió parcialmente una falla vinculada al sistema de refrigeración, pero dejó intacto un defecto relevante del motor, por lo que el vehículo no cumplía con las condiciones necesarias para su uso.

El perito concluyó que el golpe recibido en la parte inferior del vehículo -que hizo descolgar al electroventilador-, no podría haber generado problemas en los aros o guías de válvulas, puesto que tendría que tener un aumento muy alto de temperatura, situación que se genera por falta de agua en su mayoría y circulando en ruta.

En su declaración testimonial, el perito manifestó que al ver el vehículo, recomendó a la actora la devolución del mismo ya que -a su entender-, de la simple vista del motor se veía la pérdida de aceite, lo que indica problemas graves en el mismo.

La explicación que el perito encuentra para que -con posterioridad- se haya manifestado el inconveniente con el aceite es que le habrían agregado aditivos por el desgaste, lo que evitaba/limitaba el mayor consumo y su salida por el escape y que, al realizar el cambio de aceite, se hizo visible el humo con el andar del vehículo.

Aplicación de la ley de Defensa del Consumidor

El juez civil interviniente encuadró el caso dentro de las normas de protección al consumidor y consideró que la garantía no se cumplió de manera adecuada. Una reparación que no devuelve el funcionamiento normal, no satisface la obligación del proveedor.

Por eso ordenó pagar cerca de $1.500.000 en concepto de daño emergente al tener en cuenta "los perjuicios que causa, durante el lapso de los arreglos, la indisponibilidad de un automóvil destinado a uso particular".

También remarcó la "la incomodidad que implica recurrir en su reemplazo a otros medios de transporte como ser colectivos, remises y/o taxis". El magistrado además dispuso pagar lo abonado en concepto de seguro por el plazo de un año.

Acerca del daño punitivo, el fallo destacó que "la concesionaria demandada no brindó un trato digno (en rigor de verdad, respetuoso) a la actora tendiente a atender su reclamo, sino que además incumplió lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor".

"Existió una conducta reprochable por parte de Taraborelli Automobile", afirmó la resolución y sostuvo que la empresa no le dejó a la actora ninguna otra alternativa más que someterse a esta tediosa y burocrática vía judicial a fin de hacer valer su legítimo derecho.

Por ello, agregó $1.300.000 a la demanda y la firma fue condenada a pagar en total cerca de $3.000.000.