Contaminación industrial en el Río Salado: frigoríficos embargados por $30 millones tras años de vertidos ilegales
Una foto aérea tomada por un parapentista cambió todo. La imagen mostraba un líquido rojizo desembocando en el Río Salado, cerca de Roque Pérez. Era enero de 2023 y esa postal casual destapó una investigación que terminó con dos frigoríficos procesados y embargos por $30 millones en total.
Según publicó la periodista Laura Berisso en el sitio EconomiaSustentable.com, la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), a cargo del Dr. Ramiro González, denunció a la empresa Absolon S.A. el 17 de enero de 2023. La acusación: presuntas infracciones a la Ley 24.051 que regula los residuos peligrosos en Argentina.
La investigación también alcanzó al frigorífico La Canaria, otra planta que opera en la zona. Ambas empresas comparten el mismo corredor industrial en las afueras de la localidad bonaerense.
Después de un extenso proceso judicial que incluyó inspecciones y muestreos del cuerpo de agua, en abril de 2025 el juez federal Gabriel Di Giulio procesó sin prisión preventiva al presidente de Absolon y ordenó un embargo por $20 millones. Meses antes, el titular de La Canaria había sido procesado en la misma causa y embargado por $10 millones.
Cómo funcionaba el mecanismo de contaminación
Según consta en la resolución aportada por la abogada María José Buglione, fiscal subrogante de la Sede Fiscal Descentralizada de Azul que desarrolló la investigación, los efluentes habrían sido descargados desde el punto de control de residuos de la empresa y conducidos a través de un caño subterráneo hacia el exterior de la planta, para después derivarse por un canal hasta el Río Salado, ubicado a unos dos kilómetros.
Las descargas ilegales se habrían realizado de manera reiterada entre enero de 2023 y febrero de 2025, con al menos cuatro episodios verificados por las autoridades, según informó EconomíasSustentable.com.
Las distintas medidas de prueba realizadas por organismos de control -como la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires- determinaron que los efluentes vertidos por la empresa presentaban valores superiores a los establecidos por la normativa ambiental.
Qué encontraron en los análisis del agua contaminada
En diálogo con Economía Sustentable, la abogada María Inés Soroet, Secretaria de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, señaló que los análisis revelaron una importante carga de materia orgánica asociada a la actividad industrial.
Los técnicos detectaron presencia de restos de plumas, vísceras y sangre en las muestras tomadas del río. Además, se encontraron niveles elevados de coliformes fecales, bacterias que evidencian contaminación por materia fecal.
Soroet explicó que estos hallazgos "revisten un serio riesgo para la salud de la población" que pueda entrar en contacto con el recurso de agua, según informó EconomíasSustentable.com.
Otras sustancias detectadas en las inspecciones incluyeron niveles elevados de fósforo, nitrógeno y parámetros asociados a una alta carga orgánica. Todo compatible con residuos provenientes de la faena industrial sin tratamiento adecuado.
Las empresas bajo la lupa judicial
Absolon S.A. comenzó a operar en Roque Pérez después de la quiebra de la histórica avícola Criave, cuyo cierre en 2018 dejó cientos de trabajadores afectados en la localidad.
En el marco de la conflictividad destapada, la nueva firma tomó parte de la estructura productiva y obtuvo autorizaciones provisorias para retomar la faena y procesamiento de pollos. Así dio continuidad a algunos puestos laborales.
Desde entonces, la empresa comparte el corredor industrial de las afueras de Roque Pérez con el frigorífico La Canaria, fundado en 2017 y dedicado a la faena y desposte de reses.
Ambas plantas se conectan a un mismo canal aliviador -un conducto por el que drenan excedentes de agua y residuos de la actividad industrial- que desemboca en el Río Salado, y según la investigación judicial, por allí se habrían vertido los efluentes industriales sin el tratamiento adecuado.
Además, se constató que, aunque las firmas cuentan con sistemas para el procesamiento de los líquidos residuales, éstos presentaban deficiencias operativas que comprometieron el manejo ambiental de los desechos generados.
Absolon arrastra un historial de sanciones ambientales
Las irregularidades ambientales en la planta de Absolon S.A. habían sido detectadas años antes de que el caso tomara estado público.
En enero de 2020, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) dispuso la clausura preventiva total del establecimiento tras constatar "grave peligro de daño inminente sobre el ambiente" y una serie de incumplimientos a la normativa vigente.
Un año después, la empresa fue nuevamente sancionada con multas por infracciones ambientales.
Las inspecciones se intensificaron a comienzos de 2023, luego de la difusión de las imágenes aéreas del vuelco de efluentes. En distintos operativos realizados junto a personal municipal, Policía de Delitos Ambientales y técnicos de la Autoridad del Agua (ADA), los inspectores detectaron líquidos "malolientes", sustancias flotantes y deficiencias en las instalaciones de tratamiento de residuos.
Además, constataron que la firma no contaba con permiso de vuelco de efluentes ni autorización para la explotación del recurso hídrico, según informó EconomíasSustentable.com.
En distintas resoluciones, la Autoridad del Agua advirtió sobre la existencia de un "grave peligro de daño inminente sobre la salud, la población y el medio ambiente" y ordenó el cese de los vertidos en un plazo de 48 horas.
Sin embargo, nuevas inspecciones y allanamientos realizados entre 2024 y 2025 concluyeron que la planta continuaba operando y evacuando efluentes hacia el canal de desagüe conectado con el Río Salado.
Además, constataron que, si bien la firma argumentaba estar trabajando en la mejora del sistema de tratamiento de los residuos, las obras realizadas eran "insuficientes" en relación a los desechos producidos y "se encontraban detenidas desde hace aproximadamente dos años".
Qué dicen los frigoríficos procesados en su defensa
Los presidentes de ambas empresas niegan haber incurrido en contaminación en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
Durante las audiencias indagatorias hicieron uso de su derecho a no declarar y presentaron escritos de descargo en los que sostuvieron que los hechos investigados no configuran una conducta penalmente reprochable.
Además, argumentaron que las sustancias detectadas en los análisis no encuadran como "residuos peligrosos" según la Ley 24.051 y que no existen pruebas de un daño ambiental concreto ni de un riesgo efectivo para la salud pública.
No obstante, el juez federal Gabriel Di Giulio consideró acreditados, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal, los elementos del delito previsto en la Ley 24.051 y rechazó los planteos de las defensas.
En línea con lo requerido por la fiscalía interviniente y los fiscales auxiliares María José Buglione y Lucas Moyano, en diciembre de 2025 dispuso el procesamiento del titular de La Canaria y trabó un embargo por $10 millones sobre sus bienes.
Cuatro meses después, resolvió en el mismo sentido respecto del titular de Absolon, aunque con un embargo de $20 millones.
Según pudo saber este medio, ambas resoluciones fueron apeladas y aún permanecen pendientes de revisión por la instancia superior, según informó EconomíasSustentable.com.
Por qué este caso sienta un precedente clave
El vertido de residuos sin tratamiento sobre cursos de agua no es excepcional, sino un problema recurrente en la provincia de Buenos Aires.
Soroet sostiene que desde la creación de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental en 2006, se han impulsado aproximadamente 1.450 investigaciones preliminares vinculadas a hechos de contaminación de este tipo.
El caso del Río Salado es particularmente sensible porque atraviesa una de las principales regiones agroproductivas del país, sosteniendo establecimientos ganaderos, agrícolas y agroindustriales de gran escala.
Según estimaciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la cuenca de este río es responsable del 25% al 30% de la producción nacional de granos y carne, lo que convierte cualquier episodio de contaminación en un riesgo directo para una actividad económica estratégica.
Así, los fallos que dispusieron los procesamientos de los frigoríficos constituyen un antecedente fundamental: no solo porque fueron los primeros dictados en materia penal ambiental en Azul, sino porque, señala Soroet, "permiten consolidar criterios de intervención judicial necesaria y eficiente en miras a promover mayores estándares de cumplimiento ambiental por parte de los sectores industriales".
De lo que se trata, sostiene la abogada, es de lograr un equilibrio entre la preservación del ambiente y las actividades productivas y económicas.