El juez Casanello avanzó sobre el patrimonio del hermano de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento
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La interna dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el juez federal Sebastián Casanello resolviera levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La medida fue dispuesta en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien solicitó profundizar el análisis patrimonial del dirigente libertario.
Además de habilitar el acceso a información bancaria y tributaria, el magistrado requirió a la Oficina Anticorrupción todas las declaraciones juradas presentadas por el legislador bonaerense.
El objetivo de la causa es reconstruir la evolución patrimonial de Adorni, revisar bienes declarados y analizar registros de viajes al exterior para determinar si existen inconsistencias entre ingresos y patrimonio.
La denuncia de Marcela Pagano que abrió la investigación contra Francisco Adorni
El expediente judicial se originó tras una presentación realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien supo integrar el bloque oficialista y actualmente mantiene fuertes diferencias internas con el espacio libertario.
Según trascendió, la legisladora aportó elementos para que la fiscalía investigue el origen de los fondos y movimientos económicos vinculados a Francisco Adorni.
No solo su rol actual: investigan su pasado en el Gobierno nacional
La investigación no se concentra únicamente en su actual rol dentro de la Legislatura bonaerense. La fiscalía también analiza funciones que ocupó previamente dentro del Gobierno nacional.
Previo a asumir como legislador provincial, Adorni estuvo al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, un cargo que en su momento generó cuestionamientos por el nivel de ingresos y por el vínculo familiar con quien entonces era vocero presidencial.
Según la denuncia, el patrimonio declarado por Adorni habría mostrado un crecimiento difícil de justificar con sus ingresos como funcionario público. En su declaración jurada de 2024 presentó bienes por $43,7 millones, incluyendo el 50% de una vivienda en City Bell, adquirida mediante crédito hipotecario, y un vehículo Chery Tiggo modelo 2017.
Sin embargo, en la declaración correspondiente a 2025 el patrimonio neto ascendió a $80,5 millones. El incremento se habría explicado por la compra de una camioneta Jeep Renegade y, especialmente, por la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario cercano a los $60 millones otorgado por el Banco Provincia.
Para la denunciante, aunque la adquisición del vehículo podría justificarse con los ingresos declarados, el salario de Francisco Adorni no alcanzaría para cancelar en tan corto plazo el préstamo hipotecario.
En un dictamen de 19 páginas, Marijuán aclaró que la investigación se centrará exclusivamente en Francisco Adorni. De esta manera, dejó afuera del expediente las referencias incluidas por Pagano sobre Manuel Adorni, quien ya enfrenta otra causa judicial vinculada a presunto enriquecimiento ilícito.
Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal y bancario del diputado provincial y solicitó informes a más de 30 organismos públicos y entidades financieras.
Entre los requerimientos figuran pedidos de información a ARCA, ARBA, AGIP, la UIF y el Banco Central de la República Argentina. La Justicia también solicitó información sobre movimientos bancarios, compra y venta de moneda extranjera, plazos fijos, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, transferencias y eventuales participaciones societarias del legislador.
Además, el Banco Provincia deberá remitir toda la documentación vinculada al crédito hipotecario investigado, incluyendo el cronograma original de pagos, refinanciaciones y detalle de cancelación de cuotas. Por otra parte, Migraciones deberá informar los viajes realizados por Francisco Adorni desde 2020, incluyendo destinos y acompañantes en cruces terrestres, mientras que la Inspección General de Justicia deberá detallar si participó en sociedades comerciales.